Luego de frenar 400 desarrollos urbanísticos en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad de La Plata denunció a exfuncionarios de la gestión de Julio Garro ante la Justicia, a quienes acusaron de cometer "irregularidades gravísimas", ya que autorizaron cientos de urbanizaciones sin la convalidación legal del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
A pocos días de cumplir su primer año de mandato, la gestión de Julio Alak denunció penalmente a distintos funcionarios municipales ligados al macrismo en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°16, a cargo de Juan Cruz Codomí Alcorta. Según apunta la denuncia, la acusación contra miembros del gabinete de Julio Garro es por posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tal cual lo reza el artículo 248 del Código Penal.
El Ejecutivo municipal sostuvo que la anterior gestión, extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023, cometió "una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica preescripta por la normativa vigente". La gestión de Alak subrayó que por ello "perjudicaron tanto al erario público como a los habitantes de la ciudad”.
En esa línea se mantuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuando fue consultado en conferencia de prensa por la paralización de los 400 desarrollos urbanísticos que estaban fuera de regla. "En mi barrio se llama estafa lo que hacen los desarrolladores que no cuentan con autorización para llevar adelante los desarrollos urbanísticos, no estamos en contra de los emprendimientos de vivienda, pero tienen que cumplir la normativa y la regla vigente", apuntó.
Bianco explicó que existe un procedimiento legal mediante el cual se debe llevar adelante cualquier tipo de urbanización, y que recién cuando la Provincia lo valida se puede poner el primer ladrillo o vender los lotes. El problema visualizado en La Plata, que a su vez se replica en distintos puntos de la Provincia, es que los desarrolladores privados lotean los terrenos sin convalidación, los venden, la gente lo compra de buena fe y construye, pero no tiene la validación necesaria y no lo pueden subdividir ni ser propietaria.
Desde el entorno del intendente Alak apuntaron que las irregularidades cometidas por la gestión anterior generaron una cantidad desproporcionada de barrios cerrados, "que bajo un manto de legalidad constituían un claro delito".
El municipio de la capital bonaerense suspendió las obras el 10 de octubre pasado, y extendió la suspensión por 180 días de todos los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados "en el marco de las ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial".
