Luego de la masacre de más de un centenar de pingüinos y la destrucción de al menos 175 nidos en Punta Tombo, este jueves la Justicia de Chubut declaró culpable a Ricardo La Regina por los delitos cometidos en 2021. “Hoy la justicia dejó un mensaje muy claro: destruir la naturaleza y maltratar animales no humanos es un delito y tiene consecuencias penales”, aseguró a Página 12 Lucas Micheloud, abogado ambientalista y codirector de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Es un hito para la justicia ambiental”, consideró por su parte Matías Arrigazzi, de Greenpece, que también actuó como querellante en la causa
“Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de crueldad animal”, determinó el cuerpo integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, en un fallo sin precedentes en la Argentina.
El juicio oral y público contra el productor había comenzado el pasado 28 de octubre y las imágenes que se habían difundido de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron tal conmoción en la ciudadanía que el caso llegó a tener repercusión internacional.
“Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino que era un crimen contra la naturaleza”, indicó Micheloud al salir del tribunal.
Además, el abogado agregó: “Es un fallo que genera un gran precedente y un punto de inflexión a la impunidad. La historia de Argentina es la historia de la impunidad ambiental donde los grandes poderosos siempre han evadido las condenas y el veredicto histórico de hoy nos permite pensar que empieza una nueva página en nuestro país para consolidar la justicia ecológica”.
De acuerdo a la investigación corroborada en el juicio, entre agosto y diciembre del 2021, La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización y decidió instalar un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo. En medio de su aventura especulativa para delimitar las fronteras de su campo, no tuvo en consideración que el mismo limitaba con una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, área protegida donde habitaba la especie hace décadas. Así es como avanzó sobre 175 nidos, provocando la muerte de más de un centenar de pingüinos y huevos, el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie.
El productor siguió en forma virtual la lectura del veredicto del tribunal, aunque contó con la presencia de un abogado defensor en la sala. Allí, el tribunal halló culpable a La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medioambiente, la biodidiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido. Ahora, queda pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena, que se conocerá el lunes 11 de noviembre.
“Este caso es un hito para la justicia ambiental, constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas ambientales y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”, dijo a Página 12 Matias Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, biólogo y experto en conservación de biodiversidad.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y personal de la Fiscalía de Rawson, y se sumaron como querellantes el Estado provincial, Greenpeace, la fundación Patagonia Natural, National Geographic, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, con el objetivo de que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, Gómez y los querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”. “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, indicó.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad", consignó Gomez, y añadió que el caso marcara "un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde".
Al conocer el veredicto, Arrigazzi afirmó: “El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita. En el alegato de cierre, la defensa dijo que ellos no creían que se hubiera hecho un daño, pero de haberse provocado fue en propiedad privada. Bueno, los jueces acaban de decir que no, que un pingüino no es propiedad privada, que un nido no es propiedad privada y que la vegetación desmontada para abrir un camino, tampoco lo es”.
La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Esta se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, a 110 km de la ciudad de Rawson. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo sufrió los impactos de la actividad humana en tierra, sino que además está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Además de la llamada “masacre de los pingüinos", el biólogo advirtió que un punto clave del veredicto fue que se demostró no solo el daño a los pingüinos, sino que a un ecosistema entero. “Hablamos del pingüino porque fue la especie más afectada y llama la atención porque es un animal súper carismático, pero una acción tan grave como esta rompe el equilibrio de un ecosistema completo y tiene consecuencias mucho más complejas”, explicó Arrigazzi y ejemplificó: “El desmonte de una zona árida hace que sea muy difícil recuperar las capacidades del suelo, que sin vegetación no absorben el agua y pueden generar inundaciones en las áreas colindantes”.
Para Micheloud, este es un fallo que trasciende a la provincia de Chubut y tiene impacto en todo el país y la región. El abogado ambientalista afirmó: “Seguiremos la causa si hay instancias posteriores y defenderemos esta valiosísima sentencia. Nuestro objetivo es continuar con la lucha socioambiental, poniéndole voces a los que no tienen, cómo a los animales no humanos que son verdaderos sujetos de derechos, y defendiendo los bienes comunes, a las comunidades y a sus territorios”.
