Frente a la tensión creciente entre comunidades wichís y criollas de Alto La Sierra, poblado del municipio de Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia), que tuvo un pico el 4 de noviembre último, el gobierno provincial anunció medidas tendientes a preservar la convivencia en la zona.
En tanto, ambas comunidades piden principalmente la urbanización y delimitación de las tierras en Alto La Sierra para que cada sector sepa cuál es su territorio. El Estado argentino, y la provincia, están obligados a llevar a cabo esta delimitación, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso conocido como Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) porque fue instado por esta Asociación de Comunidades Aborígenes. Por ahora no se logró avanzar hasta la mensura de las tierras que corresponden a cada sector poblacional.
Ayer el gobierno de Salta dio a conocer que la situación fue analizada por el ministro de Infraestructura, también a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, y legisladores del departamento Rivadavia.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso reforzar el servicio de seguridad ciudadana en Alto La Sierra con mayor presencia policial y la incorporación de movilidad para el desplazamiento policial en zonas de difícil acceso. Según el anuncio original, se había incorporado una moto.
Durante la semana se anunció además que se intensificarán los patrullajes y controles, especialmente en locales de expendio de bebidas alcohólicas. Se hizo hincapié en el trabajo con la Agencia Antidrogas y la Dirección de Relaciones con la Comunidad, para la concientización sobre los daños que ocasiona el consumo problemático de sustancias sicoactivas y su prevención, entre otras problemáticas sociales.
Funcionarios y legisladores acordaron intensificar el trabajo en conjunto por el bienestar de las comunidades del lugar y de la zona.
En el encuentro participaron también el senador Mashur Lapad; los diputados Moisés Balderrama y Rogelio Segundo; el secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario y el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Luis Gómez Almarás y Francisco Ariel Sánchez, entre otros.
Corte para pedir enripiado
Este viernes se realizó el segundo día de corte sobre la ruta provincial 54 a la altura de Santa María (pueblo de la jurisdicción de Santa Victoria Este), en reclamo del enripiado de los caminos.
Antonia Pérez, referente de las comunidades wichí de la zona, afirmó que el corte se inició el jueves. Ese día se elevaron notas al intendente Rogelio Nerón y a la Dirección de Vialidad de la provincia. Pero hasta este viernes “no hemos tenido respuestas”, sostuvo. Por eso continuaron con el corte y, de continuar el silencio oficial, el lunes retomarán la medida.
“El camino hace falta por el tema de emergencia”, aseguró la referente wichí. Es que el estado de los caminos es malo en general, con el agravante de los días de lluvia, que aumenta la dificultad de salir en vehículos.
Como ejemplo de lo que acontece en su comunidad, Pérez detalló: “cuando tenemos que tomar el colectivo a las 4 de la mañana tenemos que caminar hasta la ruta y el agua nos llega hasta la rodilla”, contó.
“Cuando llueve no puede pasar nadie, ni la ambulancia. Yo cómo madre, abuela y dirigente de la comunidad, me preocupa mucho. Y tengo miedo si pasa algo de emergencia y nos van a complicar”, manifestó la referente al sostener la importancia de contar con este camino en condiciones.
