La puesta en marcha de la renovación del Corredor Ayacucho, en pleno corazón de barrio Tablada, disparó el reclamo de diversas cooperativas de trabajadores que venían prestandos sus servicios y que fueron "ninguneados" en esta etapa. Es más, aún quedan deudas a cobrar por parte de los casi tres centenares de hombres y mujeres que conectaron cloacas en hogares humildes, y arrimaron lo suyo para que otros vecinos tengan servicios elementales como el agua o la energía eléctrica, y hasta una vereda.  Todo eso se desmoronó con la gestión Milei, que con bombos y platillos hizo desembarcar a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien anunció la primera de las inversiones del Fondo Integrador Socio Urbano (Fisu), que rondará los siete mil millones de pesos.  “Es una buena noticia, no nos importa quién haga la obra. Pero nosotros lo que estamos planteando son las obras que quedaron pendientes y convenios que ya están firmados”, dijo a Rosario/12 Pablo Basso, presidente de la cooperativa Flor del Ceibo, una de las organizaciones que se acercaron hasta la actividad para entregar una carta a los funcionarios. En el texto, los trabajadores advierten que la parálisis perjudicó a 2.600 familias en situación de vulnerabilidad de los barrios populares.

El dirigente cooperativo reveló además que la administración Milei "redujo en un 92% el presupuesto para el Fisu, y que a octubre de este año solo había sido ejecutado el 5% de los presupuestado para todo el 2024". 

En esa línea Basso recuerda que la cooperativa que preside realizó la conexión intradomiciliaria del servicio de cloacas para 60 familias del barrio Alvear y construyeron equipamiento comunitario en barrio Cañaveral para el desarrollo de actividades sociales y deportivas de los vecinos. “El impacto no es solo a nivel urbanización, sino que mejora la calidad de vida de las familias porque se previenen enfermedades, accidentes. Las instalaciones eléctricas precarias dos por tres son noticia porque se prende fuego una vivienda”, aseguró.

De hecho, uno de los trabajos que se quedaron sin financiamiento es el que había comenzado en el barrio ubicado a la vera del arroyo Saladillo, en el que 242 familias esperaban acceder a servicios básicos como agua, electricidad y desagües cloacales. El proyecto apuntaba específicamente a realizar las obras de conexión eléctrica a 70 viviendas para terminar con los incendios causados por las conexiones informales. Por el ajuste, solo 10 familias llegaron a tener la conexión formal.

En igual sentido que Basso se expresó Agustín González, integrante de la Mesa de Barrios Populares del Movimiento Evita quien pidió " la reactivación en todos los barrios que precisan de este tipo de intervención”.

El dirigente recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), creado durante el gobierno de Mauricio Macri, permitió llevar a cabo importantes avances en distintos barrios populares de la ciudad, atendiendo necesidades de infraestructura y servicios. “Desde la mesa regional, obtuvimos con éxito obras en diferentes barrios de Rosario. Nuestro reclamo ahora es reactivar obras que están paralizadas, que no se concluyeron y que precisan de su reactivación. Son cerca de nueve locaciones, barrios como La Bombacha, Santa Rosa, Los Pumitas, Saladillo, San Francisquito, Villa Banana, San Martín Sur y Las Flores Sur”, detalló.

Los trabajos que aún no se reanudaron en estos barrios incluyen obras de acceso a servicios básicos como el agua potable, electricidad y pavimentación, además de la construcción de espacios comunes. González enfatizó la importancia de estos espacios para la integración de los vecinos y el desarrollo comunitario: “Las intervenciones van desde veredas, conexiones eléctricas, acceso al agua, pavimentación para integración y acceso a los barrios, como salones de usos múltiples para la comunidad”, agregó. Estos salones, explicó, servirían para actividades recreativas, formativas y de salud, promoviendo una mayor cohesión social en estas comunidades.

A pesar de los reiterados intentos de diálogo, González lamentó la falta de respuesta de las autoridades nacionales, a quienes han intentado contactar desde diciembre para dar continuidad a estos proyectos. “Dialogamos con la Municipalidad tras intentar hacerlo con Nación, venimos desde diciembre sin obtener respuesta”, indicó.

En relación con la falta de avances en los otros proyectos, representantes de la Mesa Regional de Barrios Populares expresaron que la suspensión de obras en los barrios mencionados afecta a aproximadamente 2.600 familias que continúan esperando soluciones. La situación ha generado preocupación, ya que, según el relato de los vecinos, en algunos sectores incluso se ven forzados a recurrir a conexiones de agua y electricidad irregulares, que no solo son insuficientes sino también peligrosas para los habitantes.