El gobernador Maximiliano Pullaro empieza a encontrar las primeras resistencias en su proceso de reformas aceleradas desde que asumió el 10 de diciembre. El rigor que sirvió para hacer ceder a la violencia narcocriminal y controlar las cárceles desde adentro, se trasladó a otras esferas gubernamentales con distinta intensidad y resultados. De la triple reforma planteada desde los inicios, sólo la previsional vio la luz hasta ahora y ya empieza a encontrarse con los primeros escollos legales. La reforma de la Constitución ingresó en un pasillo más oscuro y con escaso nivel de interés para los ciudadanos de Santa Fe. La reforma judicial quedó encallada por ahora en la batalla sin cuartel contra la Corte Suprema de Justicia y con flojos argumentos para pedir la salida de los miembros del máximo tribunal que no tiene en su haber escándalos o fallos reñidos con las leyes y la opinión pública. Enfrente, todos los empleados públicos que jamás se olvidarán de Pullaro. Con la excepción de los policías que viven su hora más benéfica en el desarrollo de sus labores y cuentan con el respaldo y la defensa de la administración toda.

Obturada para los docentes las posibilidades de medidas de fuerza concretas, los gremios del sector han optado por el escrache al mandatario provincial donde lo encuentren. Los descuentos y el regreso del presentismo de los ‘90 sólo le dejaron lugar a las pancartas reivindicativas que ya se desplegaron en distintos actos frente a las narices del gobernador en Rafaela y en San Lorenzo. Hubo un primer intento por responsabilizar a la oposición por estos hechos pero es claro que las movidas parten de los propios maestros que lograron, particularmente en Rafaela, hacer trastabillar en el acto a un Pullaro que se subió a un auto oficial para salir raudamente de la escena.

Desde allí, las cosas no quedan tan libradas al azar y se intenta detectar previamente cualquier movimiento extraño antes de la llegada del gobernador. También el funcionariado de distinto rango que hace las veces de público, es desplegado de manera estratégica para no dejar tan expuesto al titular del Ejecutivo provincial. Pero las demandas seguirán porque el gobierno usó todas las herramientas que tenía a su alcance para quebrar el poder de los gremios y estigmatizar a los trabajadores de la educación con carpetas médicas, permisos y hasta supuestas máquinas que pueden "probar" falsas afonías. En este aspecto se sigue la línea del gobierno nacional que entiende que un paro es una extorsión y que los agentes públicos son la raíz de todos los males.

Los gremios docentes nunca se llevaron bien con los sucesivos gobiernos provinciales pero sólo con la gestión de Carlos Reutemann habían llegado a estos niveles de enfrentamiento. Pero la tensión actual con los empleados judiciales sí que no tiene precedentes. Hacía treinta años que no se sucedían paros en la justicia producto de la presión que ejerce sobre ellos el gobierno en su lucha contra la Corte Suprema. En ese contexto, el presidente del máximo tribunal Rafael Gutiérrez fue ovacionado por los empleados por más que desde el Ejecutivo se pretendió responsabilizarlo por los incumplimientos al personal.

La ominosa reforma previsional que tuvo que ser sancionada a las apuradas, con fuerte protesta en las calles y sólo con la mayoría propia, perjudica a todos los agentes públicos a pesar de los esfuerzos discursivos de querer hacer parecer que los están salvando de un déficit monstruoso o de los riesgos de que la Caja sea transferida a la nación. En realidad la Emergencia Previsional responsabiliza por el rojo a los propios empleados y futuros jubilados en lugar de mirar para el lado de las desastrosas gestiones políticas. El presidente Javier Milei ya debe millones de dólares en ese concepto y el reclamo de la provincia es apenas audible al respecto.

Esta semana 18 ex jueces y funcionarios judiciales de la provincia obtuvieron un resultado positivo por un amparo colectivo frente a la Emergencia Previsional. Hay magistrados que se quejan porque Pullaro no les firma la baja para poder jubilarse en el actual sistema y antes de que entre en vigencia la reforma. Un escenario que multiplicó el inicio de trámites de retiro. El gobierno ya avisó que apelará.

Atrás de la diatriba libertaria de la diputada Romina Diez, el peronismo empezó a animarse a poner en duda declarar la necesidad de la Reforma Constitucional. La legisladora nacional de estrecha confianza de Karina Milei dijo que no querían que Pullaro se transformara “en un Gildo Insfrán” que acumula reelecciones en Formosa. “Es una comparación exagerada”, se limitó a decir Pullaro que igual se vio obligado a responder. “No estamos dispuestos a avalar con nuestro voto un paquete cerrado que venga predefinido desde la Casa Gris, y que sea simplemente un par de cuestiones para lavar la cuestión central, que es la reelección del gobernador”, dijo la diputada provincial del Movimiento Evita, Lucila De Ponti.

A semanas de terminar el período ordinario de la Legislatura, el gobierno no está lejos de conseguir los votos que necesita para declarar la necesidad de la reforma. Pero otra cosa muy distinta es conseguir controlar absolutamente qué se reforma, el famoso núcleo de coincidencias básicas sin el cual las modificaciones pueden alcanzar puntos no deseados.

Documentos por favor

El gobernador tuvo que sobreactuar su apoyo a la policía en sus tareas después de que la fuerza se extralimitó en la averiguación de antecedentes de alumnos de la escuela Gurruchaga primero, y de jóvenes raperos de la comunidad qom después. “Vamos a seguir exigiendo la presentación del DNI”, dijo Pullaro sin siquiera comprometerse a averiguar pormenores de los hechos denunciados.

Es bueno recordar que apenas dos semanas atrás el camarista penal de Rosario Gustavo Salvador, dictaminó que la policía no puede realizar detenciones por averiguación de antecedentes a personas que no lleven el DNI cuando ocurra una requisa espontánea en la vía pública. Fue en respuesta a la presentación de un hábeas corpus de defensores públicos, quienes pidieron el cese de detenciones masivas en base a la reposición de un artículo de la ley orgánica policial de Santa Fe, que según la interpretación oficial habilita al arresto de personas por no ir con su documento. "En modo alguno podrá entenderse que la no portación de la documentación que acredite la identidad de una persona ante el requerimiento de la autoridad policial resulta una causal que habilite la demora de la misma", indicó el camarista en su resolución.

Ya a mediados de julio, el ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, habia informado que se instruyó a los agentes policiales de la provincia para incrementar las acciones de averiguación de antecedentes, "conforme a la legislación vigente y las últimas reformas al Código Procesal Penal, para despejar cualquier duda a partir de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las detenciones". 

Pero, las detenciones sistemáticas de personas por averiguación de antecedentes que terminan sin ser acusadas de ningún delito impulsaron a realizar una firme queja judicial al Servicio de Defensa Pública de Rosario, uno de los organismos estatales del sistema penal, que considera que la política preventiva en este campo del gobierno de Pullaro es arbitraria, rompe derechos de las personas y resulta una amenaza para todos los habitantes de la ciudad de Rosario.