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Maximiliano Pullaro prepara la pista para lo que será su segundo año de gestión, y para ello ya ingresó a Legislatura, empezando por el Senado, su proyecto de Ley Tributaria para 2025. Sus voceros lo presentaron como un conjunto de beneficios para contribuyentes cumplidores y para los distintos sectores del aparato productivo. Pero puestos a revisar, en la oposición empiezan a encontrarle bemoles que alimentarán el debate parlamentario, aunque el Ejecutivo consiga salir airoso por imperio de su mayoría automática y aunque ya no importe tanto la vocación de consenso tan declamada en el verano pasado.
"Es una ley que mantiene como siempre la cuestión impositiva para los grandes sin tocarlos", opinó el diputado Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, ante la consulta de este diario. "Lo dice en su articulado, y queda claro que los aumentos los volverá a pagar la clase media y sectores populares. Se adhiere increíblemente al RIGI y al blanqueo, lo cual es muy curioso en una provincia como la nuestra sin exigir decir además quiénes son los que blanquean, me pregunto si ahí están los que fugaron los 791 millones dólares de Vicentin. Voy a votar en contra la ley tributaria y el presupuesto como en los 9 años que estoy en la Legislatura", cerró.
Sin embargo, al escuchar la campana industrial, la mirada empresaria exhibe buena sintonía con la iniciativa fiscal de la gestión Pullaro. Javier Martin, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), señaló a Rosario/12: "Nosotros rescatamos varios puntos con relación al proyecto de ley tributaria. En primer lugar, el ámbito donde estamos discutiendo las cuestiones tributarias, que es la comisión tributaria provincial. Allí tenemos el espacio para plantear los problemas vinculados con tributos que se presentan en la provincia y en el país, especialmente con los saldos retenidos en otras jurisdicciones por ingresos brutos. En segundo lugar, celebramos la estabilidad tributaria para la industria, especialmente en un momento donde sabemos que las provincias están afrontando problemas financieros es relevante el hecho de que no nos incrementen la carga tributaria", valoró el industrial.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, ponderó al presentar el proyecto que el objetivo es "sostener la estabilidad fiscal para las PyMES santafesinas, no incrementar la carga tributaria sobre las principales actividades productivas de la Provincia e incentivar y promocionar actividades que fomente el desarrollo económico y productivo integral”. De acuerdo con eso, la propuesta establece la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen Nacional de Regularización de Activos (blanqueo), y establece una actualización del Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) del 22% sobre un promedio estimado entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
El proyecto que por ahora se desmenuza en el Senado plantea que Ingresos Brutos no tendrá incrementos para el agro, la industria, la construcción y el comercio. y mantiene los beneficios de estabilidad fiscal. Además, actualiza un 130 % los montos que establecen límites al acceso de exenciones, para evitar que el contribuyente pueda perder un beneficio de exención o ver incrementada su carga tributaria por el mero efecto del proceso inflacionario.
Por eso el apoyo inicial de la industria local, incluso hasta en la adhesión al RIGI. "Nos parece importante que la provincia acompañe en la adhesión al RIGI como un mecanismo para vincular a la industria santafesina con los grandes proyectos de gas, petróleo y minería, así como también el trabajo que se está desarrollando para que otras provincias eliminen restricciones de compre local que algunas veces dificultan el acceso de las industrias santafesinas a esas provincias", explicó Martin.
El titular de Fisfe planteó, por otra parte, la necesidad de "mantener los regímenes de promoción industrial que incluyen beneficios tributarios y de tarifa de energía eléctrica tanto para las empresas que encaran nuevos proyectos como para las radicadas en parques y áreas industriales", subrayó. "El tema tributario y el tema energético son dos elementos clave de la política industrial que debe mantener a largo plazo la provincia de Santa Fe para que sigamos creciendo y desarrollando una industria provincial diversificada, muy competitiva puertas adentro, pero que afronta grandes desafíos en términos de competividad extra muros, tal como lo muestra el reciente estudio hecho por la UIA", advirtió el empresario.
Esta semana, Olivares ratificó que Santa Fe, al igual que Nación, otorgará el perdón fiscal y no cobrará a aquellos que ingresen al blanqueo por sumas inferiores a los 100 mil dólares. Y para quienes excedan esa suma, aplicará una alícuota del 2% por Ingresos Brutos, generando fondos que serán invertidos en beneficios fiscales para quienes sí cumplieron con el pago de impuestos. “En Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir", alegó.
Un sondeo entre distintas voces de la oposición esta semana halló que los legisladores aún se están adentrando en las implicancias de la propuesta del Gobierno. En el peronismo, se dijo que lo tenía bajo estudio el diputado perottista Walter Agosto. Pero a pesar de ser consultado, no respondió y demostró que mantiene el mismo estilo críptico de cuando era ministro de Economía en la gestión pasada.
En el bloque del FAS, además del anticipo de Del Frade, avanzan en el análisis pero ya con la certeza de que votarán en contra de la adhesión al blanqueo de activos y al RIGI.
La diputada Lucila De Ponti también estaba en el estudio del proyecto. A priori, comentó alguna coincidencia, como gravar las billeteras virtuales, y algún disenso, como bajarle la alícuota de Ingresos Brutos a las plataformas digitales.
Además, consideró que al esquema tributario le faltará una moratoria. "Está bien con eso de 'premiar al que paga', pero hay que contamplar que una persona o una empresa no paga los impuestos porque no quiere sino porque no puede. Me parece mal que no haya moratoria, más en un contexto difícil como este", consideró la legisladora justicialista del Movimiento Evita.
A priori, la propuesta contempla descuentos de hasta 20% en el Inmobiliario para los contribuyentes que estén al día y la eximición de la cuota 6. Tanto para el Impuesto Inmobiliario como para la Patente Automotor, quienes realizan el pago anual tendrán un 35 % de descuento y no serán alcanzados por las actualizaciones previstas para las cuotas 4 y 5. Y quienes adhieran al débito automático tendrán un descuento del 15 % en cada cuota.
En cuanto al Inmobiliario Rural, aquellos propietarios que exploten directamente su propio campo para actividad agropecuaria, no tendrán incremento cuando las hectáreas afectadas sean hasta 50; entre 50 y 100 hectáreas tendrán un descuento del impuesto del 40 %; y entre 100 y 300 hectáreas el descuento será del 30 %. Además se reduce el Adicional Gran Propietario, quedando solo para aquellos casos en que se supere las 500 hectáreas.
