El Parlamento francés aprobó una ley para una mayor regulación de la oferta de alojamientos vacacionales como Airbnb, reduciendo las ventajas fiscales a este tipo de alquileres y reforzando su control por los ayuntamientos.

El objetivo no es prohibir, sino "regular" estos alojamientos, que son una actividad "necesaria en las zonas turísticas" pero que "se está descontrolando", defendió durante el largo trámite parlamentario la diputada centrista Annaïg Le Meur.

La propuesta de ley, ahora aprobada, se empezó a debatir en abril de 2023 y, a finales de octubre, senadores y diputados lograron ponerse de acuerdo sobre un texto común, que aprobó el martes el Senado y este jueves la Asamblea (cámara baja).

Según los impulsores de la ley, la explosión de este tipo de alojamiento en las grandes aglomeraciones urbanas favoreció la especulación y dificultó el acceso a la vivienda a los habitantes de estas zonas.

Para controlar este fenómeno, la ley reforma la fiscalidad aplicable a estos alojamientos turísticos, que hasta ahora era más favorable que la de los alquileres clásicos.

Cuáles son las "desventajas fiscales" para los Airbnb

La desgravación fiscal de las viviendas turísticas amuebladas pasará del 71% al 50%, con un límite máximo de 77.700 euros (83.500 dólares).

Para las viviendas turísticas no clasificadas, la desgravación se reducirá del 50% al 30%, con un límite máximo de 15.000 euros (16.130 dólares).

La ley permitirá también a los alcaldes limitar a 90 días por año (en lugar de los 120 actuales) el tiempo que un particular puede alquilar su residencia principal en una plataforma.

Los ayuntamientos podrán fijar también una cuota de alojamientos turísticos y consagrar en sus planes locales de urbanismo (PLU) zonas reservadas a la construcción de residencias principales.

En París, el próximo PLU, previsto a mediados de noviembre, debe prohibir nuevos alojamientos turísticas en barrios muy visitados como Montmartre, el Marais y los alrededores de la Torre Eiffel, según el concejal comunista Ian Brossat.

Los representantes del sector hotelero celebraron la nueva ley como "una respuesta balanceada", mientras que Airbnb, que tiene en Francia su segundo mercado, lamentó las restricciones que, a su juicio, no resolverán el problema de la vivienda.

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