Mientras el gobierno presiona con las auditorías, las universidades responden que ya son auditadas y piden por más financiamiento. Entre idas y vueltas, con dos megamarchas en el año, lo cierto es que docentes y no docentes de las más de 60 casas de estudio perdieron un tercio de su poder adquisitivo desde que Milei es presidente. Con la necesidad de mayor presupuesto para 2025, un grupo de académicos plantea al Congreso la posibilidad de recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional. Buscan hacer una consulta popular vinculante y aprobar la Ley de financiamiento universitario. De este modo, no podría ser vetada por el Poder Ejecutivo y la gestión libertaria se quedaría sin su principal herramienta.

En el texto que circula se realiza un diagnóstico de la situación. “Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario”, dice el documento. Y continúa: “Actualmente el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica, y los salarios no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de pobreza”. 

La Ley de financiamiento universitario, que había sido sancionada por mayoría en ambas cámaras, luego fue vetada por Milei y quedó sin efecto. Así, la voluntad popular, representada de manera indirecta a través de los legisladores, se encontró con un obstáculo hasta ahora insalvable. Para el bosquejo de presupuesto 2025, el gobierno nacional busca asignar a las universidades una partida cercana a 3.9 billones de pesos, mientras que los rectores, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional, señalan que para seguir funcionando de manera adecuada, esa cifra debería alcanzar al menos 7.2 billones de pesos. Una brecha sustantiva, en la medida en que el gobierno ofrece prácticamente la mitad de lo necesario.

Al respecto, uno de los impulsores del texto para realizar la consulta popular, el investigador del Conicet Mario Lozano, refiere a Página 12: “El financiamiento es esencial para garantizar el funcionamiento de las universidades y evitar su vaciamiento progresivo. De seguir como hasta ahora, las Universidades deberán cerrar carreras y anular proyectos de extensión, e investigación científica y tecnológica. Van a tener cada vez menos estudiantes y menos respuestas a las necesidades de la sociedad desvirtuando su rol”.

Mismo modus operandi

Al igual que sucede con otras instituciones estatales, el gobierno --que aseguró, a través del presidente, que era “un topo que venía a destruir el Estado”-- revela un modus operandi calcado. Primero desprestigia a las entidades públicas para luego desfinanciarlas y trasladar sus valiosos recursos al mercado. Un camino similar al que transitan empresas emblemáticas como Arsat, Invap o Aerolíneas: se asegura que son deficitarias, se las desguaza y, por último, se allana el camino para ser vendidas a un precio vil. Como con las universidades la idea del arancelamiento no gozó de buena recepción social, recurren a diferentes opciones para desacreditar a las instituciones del Estado con  probablemente mayor prestigio de todas.

De hecho, los primeros efectos del desfinanciamiento ya se perciben: hay docentes que se pasan a universidades privadas, o bien, se dedican a otros rubros; de la misma manera que cada vez más trabajadores no docentes salen en busca de nuevos empleos para poder complementar el salario insuficiente que hoy les ofrece el Estado a través de sus universidades.

Con el antecedente de las marchas y con los datos que revelan las sucesivas encuestas de opinión, la consulta popular podría funcionar como una herramienta adecuada, en la medida en que las universidades nacionales en Argentina gozan de buena legitimidad. Una estima que el gobierno se propone erosionar a partir de información falsa y así desviar la atención del verdadero problema: el lento pero efectivo desguace que enfrentan las instituciones de educación superior.

Democracia sin intermediarios

El documento de los académicos continúa: “Es evidente que debemos avanzar utilizando las herramientas que brinda la Constitución Nacional, para garantizar que las universidades nacionales puedan continuar funcionando correctamente cumpliendo el objetivo de sostener las actividades sustantivas que ellas ofrecen a la ciudadanía (enseñanza, investigación y extensión), en un contexto que garantice la calidad, la inclusión y la pertinencia de las mismas”.

En este escenario, proponen, la consulta popular vinculante que prevé el voto obligatorio de la ciudadanía. De acuerdo al artículo 40 de la Constitución (reglamentada por la Ley 25.432 de 2001): “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.

De volverse efectiva, la consulta popular es un instrumento que habilitaría a que la legitimidad popular de la que goza la universidad pública pueda expresarse a través de la democracia directa. Asimismo, también serviría para “canalizar la potencia del movimiento estudiantil”, un actor protagónico, que encabezó la defensa de la educación en Argentina a través de tomas, clases públicas, movilizaciones y todo tipo de actividades.