El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó al general Eduardo Alfonso a cuatro años de cárcel por el allanamiento ilegal en el que se secuestró a Beatriz Recchia y su hija Juliana García de tres años. La mujer estaba embarazada de cinco meses y en el operativo fue muerto su marido, Antonio García. Por este hecho, aunque los jueces admitieron la participación de Alfonso en el operativo, el militar resultó absuelto.

El hecho ocurrió el 12 de enero de 1977 en Villa Adelina. El grupo de tareas mató a García y se llevó a la mujer embarazada y a su hija. Beatriz Recchia no volvió a aparecer. Juliana se salvó y en 2009 pudo reencontrarse con su hermana nacida en cautiverio.

Alfonso siguió en el Ejército en democracia y llegó a general de Brigada. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue designado secretario general del Ejército, lo cual significó que era el número dos de la fuerza, sólo por detrás del jefe, en ese entonces Ricardo Brinzoni. Sólo después de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida enfrentó a la Justicia. Fue detenido y procesado en diciembre de 2008, pero en agosto siguiente lo liberó la Cámara Federal de San Martín. Cuando la causa avanzó en 2012, se fugó a Paraguay para evitar su arresto. En el vecino país vivió con un nombre falso hasta 2016, cuando fue detenido.

Para Abuelas de Plaza de Mayo, el fallo a cuatro años de prisión resultó "insultante”, dado que “tal como lo dijo el tribunal, es un crimen de lesa humanidad y está probada la participación de Alfonso en los hechos”.

En la misma audiencia, los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez absolvieron a otro represor, con lo que “la tristeza fue mayor”, según Abuelas. Se trata de Rafael Félix López Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Estaba acusado de ser parte en el secuestro y muerte del ex diputado Diego Muniz Barreto y en el intento de asesinato de Juan José Fernández. Este último era secretario de Muniz Barreto y pudo sobrevivir al operativo.

Desde el organismo de derechos humanos, manifestaron que “no bajaremos los brazos, seguiremos luchando por nuestros hijos y por las futuras generaciones porque una sociedad sin memoria y sin justicia corre el riesgo de repetir sus errores”.