El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Santa Fe escaló un peldaño en las últimas horas, esta vez a partir de la crítica vehemente que el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, le prodigó a una jueza que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por colegas jubilados contra la Ley de Emergencia Previsional. "El fallo es un panfleto político sin sustento jurídico", atacó el funcionario. Y pronto vino la réplica corporativa. Contestó el Colegio de Magistrados con un "repudio enfático".

"Nunca el camino son las agresiones y coacciones que ataquen la independencia judicial. Si un fallo no resulta del agrado de autoridades puede ser apelado. La agresión es el límite. Deben respetarse a los jueces y juezas en un sistema de división de poderes", retrucó la entidad de manera oficial.

El choque del Ejecutivo con la Justicia provincial viene desde el inicio de la gestión Pullaro. Y el gobernador lo alimenta cada vez que puede, ora con el deseo de reformar el sistema y avanzar sobre la composición de la Corte Suprema, ora con la acusación de haber dilapidado el presupuesto 2024 a mitad de camino.

Esta vez el detonante fue el fallo de la jueza en lo Laboral, Silvana Quagliatti, que declaró inaplicable la Ley de Reforma y Emergencia Previsional al atender un amparo presentado por 18 jueces y funcionarios judiciales jubilados.

"Es un tema que va a llegar a la Corte Suprema de la Nación. Los magistrados jubilados cuestionan dos aspectos de la reforma previsional. El primero está vinculado con el aporte solidario y el segundo con la aplicación del tope máximo. Para nosotros es inconstitucional por varios aspectos", explicó la semana pasada el abogado Luis Ayuso, uno de los patrocinantes del amparo y profesor de Derecho Constitucional de la UNR.

El letrado cotejó la declaración de emergencia previsional con la jactancia del Gobierno sobre el superávit fiscal que tiene. “Lo que ordena la sentencia es que no se aplique la ley en tanto es inconstitucional para ese grupo de personas, aún cuando la provincia la recurra. La ley provincial de amparo establece que cuando se recurre una sentencia que hizo lugar a un amparo, se tiene que cumplir hasta tanto sea revocada por un tribunal superior”, planteó Ayuso.

El dictamen de Quagliatti le pegó directo al área de Seguridad Social, dirigida por el ex concejal Boasso. Y fiel a su estilo, para defender la ley, contragolpeó en la red social X. "El fallo de la jueza laboral Silvana Quagliatti es un panfleto político sin sustento jurídico. Lo daremos en el posgrado como un ejemplo de ignorancia de la Seguridad Social e insólita defensa de 'privilegios' de quienes se creen superiores al resto de la sociedad", lanzó, flamígero. Y remató: "No hay justicia sin juez imparcial. No puede una Jueza dirimir un conflicto que alcanza a sus intereses. Dra. Quagliatti, teléfono", cerró Boasso, que además también es docente universitario.

La estocada mordaz activó la reacción del Colegio de Magistrados contra el ex edil rosarino. "Repudiamos enfáticamente las expresiones del Secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y expresamos nuestra solidaridad con la jueza laboral de Rosario Silvana Quagliatti", publicó en la misma red social.

Ayer el presidente de esa entidad corporativa, el juez Iván Kvasina, salió a la prensa a reforzar el repudio. "No son críticas lo que hace el doctor Boasso, las sentencias judiciales, como actos públicos, están sometidas a la crítica dentro del sistema republicano; pero lo que hizo son descalificaciones, y estamos en contra de eso. Pretendemos que el debate se desarrolle en niveles de respeto entre integrantes de distintos poderes del Estado. Lo que publicó este funcionario fue descalificación personal contra la Dra Quagliatti, y por eso expresamos nuestro rechazo", remarcó Kvasina por LT8. 

El magistrado aludió al estilo conocido de Boasso –"No me llama la atención, para nada", soslayó– y reclamó respeto institucional. "Le cabe responsabilidad por el cargo que ocupa y el tipo de trato que debe guardar hacia integrantes de otro poder del Estado. Cuando uno no está conforme con sentencias judiciales tiene los recursos disponibles. Lo que no debe es caer en la descalificación", replicó el juez. 

En contexto, Kvasina interpretó esta situación con un marco de enfrentamiento explícito de la Casa Gris para con la Justicia. "Lo vemos con preocupación –dijo–. Tenemos miradas distintas sobre si se respeta la independencia y la división de poderes. Desacuerdos en temas centrales como la designación y selección de magistrados, la parálisis administrativa que llevó al gremio a medidas de fuerza, gente que tiene retenido su ingreso, su ascenso, situaciones que no son atendidas sin motivo que justifique", protestó. Y en ese marco, el magistrado reprochó al gobierno de Santa Fe: "Hay destrato hacia el Poder Judicial y la instalación de un discurso de desprestigio y descalificación pública. Decir que somos una justicia cara e ineficiente. Demostramos con números concretos que no es real, es un cliché elaborado en algún laboratorio de comunicación política y que algunos funcionarios repiten como loros. No tienen manera de demostrarlo".