La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires se prepara para una sesión de alto voltaje para el próximo jueves en donde se prevé el tratamiento del Régimen Provincial de Desarrollo Productivo y Fomento de Inversiones, más conocido como “RIGI bonaerense”. Hay un sector del oficialismo que también analiza discutir la reforma jubilatoria del Banco Provincia (Bapro), un proyecto del oficialismo que viene siendo sistemáticamente trabado por la oposición, principalmente del PRO.
Vale recordar que, en Diputados, el oficialismo aprobó el proyecto sobre tablas gracias a los 37 votos de sus bancadas y la abstención de la mayor parte de la oposición. El PRO, La Libertad Avanza y la izquierda votaron en contra.
Entre las grandes críticas del PRO y LLA se argumentó que la Provincia debía adherir al RIGI aprobado a nivel nacional con la Ley Bases, algo que la gestión consideró innecesario, al tratarse de una ley nacional ya en vigencia. En ese sentido, el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas se sustentó en dos conceptos: ampliar y complementar.
El régimen bonaerense no sólo contempla beneficios tributarios para inversiones de más de 200 millones de dólares, como lo hace el nacional. También incorpora al universo de proyectos que está por debajo de ese monto y establece un piso de acceso de 5 millones de dólares. Por ende, amplía la inclusión.
Y la complementación se da porque también otorga reducciones impositivas a las grandes inversiones, aunque, al igual que con aquellas de menor envergadura, establece una serie de requisitos que marcan una “lógica diferente” con el marco normativo de Javier Milei.
Uno de los saltos cualitativos del proyecto provincial que lo diferencia del nacional, es que todas las inversiones tendrán que presentar un cronograma en el que se llevará adelante la inversión. También tendrán que explicar la fuente de financiamiento, el volumen de importaciones a sustituir, la proyección de creación de empleo, el plan ambiental y la mitigación de impactos, las acciones contempladas para avanzar en la equidad de género en el ámbito laboral, el programa de innovación y desarrollo tecnológico que contemple el trabajo conjunto con organismos estatales e instituciones académicas, y un plan de desarrollo de proveedores provinciales.
Este último punto, es uno de los ejes donde la Provincia marca su distancia con la Nación. Para aquellas inversiones que se ubiquen por encima de los 50 millones de dólares, al menos el 50 por ciento del monto total destinado al pago de proveedores destinado a la contratación y adquisición de bienes, servicios u obras, debe ser en empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.
