La Ley de salud mental sancionada en 2010 fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y se opone a las rígidas estructuras de los manicomios, buscando terminar con las irregularidades que las envuelven. Yasmín Amado, integrante de la cátedra Salud Pública y Salud Mental de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó adelante una investigación sobre las prácticas que se realizan en dichos servicios con sujetos que presentan sufrimiento psíquico, los criterios de internación y externación, los logros y limitaciones en cuanto a la implementación de la ley nacional de salud mental.
El estudio está enmarcado en un proyecto más amplio denominado "Prácticas de salud mental en hospitales públicos generales de Rosario", pero se focaliza en el área de las internaciones. La información fue recolectada de manera colaborativa a través de un grupo que se encargó de hacer las entrevistas, que son alrededor de veinte, a psicólogos, psiquiatras, enfermeros y trabajadores sociales de los seis hospitales de la ciudad que tienen servicio de salud mental.
"Hay distintas configuraciones porque cada institución en particular tiene su historia, su trayectoria y recorrido", expresó la investigadora de la universidad nacional.
Lo que más sorprendió fue que en todos los hospitales públicos se realizaran internaciones de salud mental. "Los profesionales se dedicaron a trabajar hacia adentro en capacitación y servicios, ya que hay mucha resistencia de la noción de lo que es un paciente de este tipo y lo conciben como una persona peligrosa para los médicos, los pacientes y una molestia en la rutina laboral", afirmó. A pasar de esto y de las dificultades detectadas hacia afuera relacionadas a la falta de presupuesto, hubo un avance en cuanto al aumento de internaciones.
En 2014 se publicó una guía para adecuación de la red de servicios de salud mental, que plantea objetivamente los pasos a seguir y reacondicionamientos que se vinculan con más materiales y recursos humanos. Muchas de estas cuestiones siguen carentes todavía y, como consecuencia, los hospitales se organizaron como pudieron.
Al momento de derivar a un paciente a otro establecimiento, surgía otro interrogante, porque no estaban establecidos los dispositivos para un tratamiento ambulatorio. En este sentido se empezó a llevar a cabo un trabajo de atención primaria de la salud que estableció muchos desafíos. El servicio de salud mental en todos los hospitales trabaja de lunes a viernes, en algunos hasta el mediodía y en otros hasta media tarde. Gracias a la ley, la Dirección Nacional de Salud Mental crea un dispositivo de emergencia coordinado por el municipio y la provincia, que está integrado por dos equipos de salud mental ambulatorios que ante el llamado de un hospital acuden a trabajar con el caso, según explicó la investigadora Amado.
"Hay distintas configuraciones porque cada institución en particular tiene su historia".
Las internaciones de salud mental las decide el equipo del hospital siempre que estén en su horario de trabajo y si no, se recurre al dispositivo de urgencia. En cada caso se evalúa si es necesario internar al paciente, teniendo en cuenta que la ley establece esta acción como el último recurso disponible y que se puede hacer de forma voluntaria.
"Es prioritario poder trabajar codo a codo con los demás profesionales del hospital para que el sujeto no sea dejado de lado por tratarse de un caso de salud mental. La idea no es que el paciente quede abandonado, sino realizar un trabajo interdisciplinario y contextualizarlo como un internado más de la institución", sostuvo Amado.
Los casos catalogados de salud mental que ingresan a un hospital son muy diversos: desde intentos de suicidio, adicciones, psicosis, brotes u otros síntomas. "Hay que evitar que se termine reproduciendo una práctica de exclusión hacia dentro del hospital", resaltó. En este sentido, a partir de la sanción de la ley también se establecieron recomendaciones para las Universidades en las que se aconseja a carreras como Enfermería, incluir en el plan de estudio el área de salud mental, como otra forma de capacitar y proveer herramientas para el futuro.
"Hay voluntad de que la ley se termine de implementar y funcione de manera eficiente. Se puede trabajar sobre las resistencias y las prácticas pero falta voluntad política para hacerlo con los directores de los hospitales y que exista un lineamiento uniforme en todos los servicios", sintetizó la profesional.
Dentro de la investigación, se visualizaron distintos panoramas muy marcados: hay hospitales en los que se trabaja bien, que saben que el servicio de salud mental tiene el poder y autonomía para decidir la internación. Pero hay otros en donde los médicos tienen el poder de decidir por encima del servicio de salud mental quién se queda internado y quién no.
"Hay que hacer un doble trabajo, uno hacía dentro, con las resistencias propias de los profesionales, y otro hacia afuera. Se necesitan más capacitaciones, pero de a poco el cambio se va produciendo. Es un proceso lento que necesita ser constantemente ratificado para que no pierda fuerza", entendió la investigadora.
Para que la Ley Nacional de Salud Mental pueda seguir desarrollándose como derecho adquirido para todos los habitantes del país, tiene que existir una lógica de trabajo por parte de la Nación sostenida en el tiempo y que no se modifique abruptamente con cada nuevo gobierno.
