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En el último Boletín Epidemiológico (número 87), publicado por el Ministerio de Salud Pública de Salta, se presentó un análisis sobre el suicidio en la provincia entre los años 2019 y 2023.
En ese período se registraron 827 muertes por suicidio. El año 2022, en el que hubo 195 suicidios, fue el de mayor cantidad de casos.
El informe indica que la tasa de la provincia es significativamente superior a la tasa nacional, siendo esta “una tendencia que se ha repetido en años anteriores”. En Argentina, en 2022 la tasa bruta de suicidio por 100.000 habitantes fue de 6.7, mientras que en la provincia fue de 13.5.
Por otro lado, el informe de la supervisión de epidemiologia del Programa GUIAF (Grupo interdisciplinario de abordaje familiar en episodios de suicidio o intento de suicidio), sostiene que en esos cinco años se registraron 2781 intentos de suicidio. El año con mayor cantidad de casos fue 2019, con 859 intentos, y 2023 es el segundo año con mayor cantidad de intentos de suicidios tras la pandemia.
De este último número, surge que el 56.9 por ciento de los casos, un total de 1583, eran mujeres. Un 42,7 por ciento eran masculinos. Y en menor proporción, con el 0.2 por ciento, aparece la población no binaria, además de trans masculinos y femeninos.
La mayor cantidad de intentos de suicidio se detectó en el grupo de entre 19 y 29 años, en el que se notificaron 1808 casos, un total del 65 por ciento del total de los intentos. Pero, de todas maneras, el grupo más afectado por las lesiones es el de personas de entre 15 y 19 años.
Otro dato que surge del análisis es que “se registraron autolesiones intencionales en los extremos de la vida, ya sea en edades tempranas de 5 a 9 años o en edades mayores de 75 años, pero en menor proporción”.
Dos agentes muertos en 48 horas
La madrugada del sábado último se dio intervención a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal por la muerte de un policía en la garita policial de Finca Las Costas, en donde se encuentra la residencia del gobernador.
La causa de la muerte fue por una herida de arma de fuego. Según los primeros indicios, el hombre se habría quitado la vida.
El domingo, en tanto, se encontró muerto a un estudiante de la Escuela de Cadetes de la Policía. Trascendió que habría sido enviado a limpiar armas reglamentarias. Hasta ayer no existía mayor información oficial que indique si fue o no un accidente.
El jefe de Prensa y Difusión de la Policía, Cristian Aguilera, sostuvo que los equipos interdisciplinarios de la Policía, conformados por profesionales en psicología y trabajo social, se habían organizado para contener y acompañar a los familiares del cadete.
Aguilera dijo que existe un protocolo por el cual, de existir un problema particular con un uniformado, se “evalúa” el caso y en caso de la gravedad se retiene el arma reglamentaria. El protocolo establece que el personal policial debe someterse además a un tratamiento psicológico con un profesional externo. En diálogo con Radio Nacional el vocero detalló que la Policía hace un seguimiento para establecer si es posible restituir el arma y destinar al policía al área de trabajo que se crea factible.
Notificación obligatoria
El secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Martín Teruel, explicó a Salta/12 que históricamente Salta tuvo índices de suicidios por encima de otros distritos del país. El funcionario recordó que “desde hace algunos cuantos años se tiene a esta problemática (de ntentos de suicidio o suicidios) como de notificación obligatoria”.
Esto involucra que cualquier efector de salud que recibe un caso de esta naturaleza, debe notificar a nivel central, lo que permite realizar la comparación interanual. “Desde enero a octubre de 2023 y en el mismo período de 2024 tenemos bastante menos intentos de suicidios, pero un poco más de hechos consumados”, añadió Teruel.
Sin embargo, afirmó que para realizar el cruce final de los datos se toman también aquellos que son del área de Seguridad, dado que existen casos “que nunca llegan” a ser notificados al servicio de Salud Pública.
En cuanto a las tareas de prevención, sostuvo que se cuenta con un solo número de emergencia que deriva los casos: el 911. En los servicios de Salud, en tanto, existen los llamados “turnos protegidos”, que deben atender cualquier hecho que precise de atención inmediata.
Teruel añadió que en caso de recibir la notificación de un hecho el GUIAF dispone el acompañamiento que corresponda a la persona que está en esta situación o a sus familiares. Además, se busca trabajar con los entornos. Por ejemplo, si el problema se dio en una institución escolar, se trabaja con el grupo.
A ello sumó las capacitaciones en organismos públicos. Puso como ejemplo el trabajo con las supervisiones del Ministerio de Educación, con los equipos docentes, la Escuela de Cadetes de la Policía, el personal Penitenciario Federal y, de manera más focalizada, con las instituciones escolares que atravesaron experiencias vinculadas a esta problemática.
Un año complicado
Sobre la situación presupuestaria de la Secretaría a su cargo, Teruel precisó que el área de Salud Mental y Adicciones funciona con unos 560 millones de pesos anuales por todo concepto, “excepto en los pagos de servicio”. Añadió que de todas maneras en el último bimestre se incorporaron 15 profesionales de salud mental. A principios de año se había hecho lo propio con 10 y se espera poder incorporar “algunos otros”, antes de terminar 2024.
“Fue un año particularmente complicado”, reconoció el funcionario provincial al recordaar que el gobierno nacional fue reticente en la entrega de medicaciones, por lo que la provincia intentó suplir esta deficiencia.
La consulta se hizo en relación al informe del Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien afirmó que los últimos indicadores oficiales muestran un incremento de los casos de suicidio entre jóvenes de 15 a 24 años. Agregó que pese a estos datos, el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de más de 216 millones de pesos en el Programa “Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas” que tiene, entre las funciones asignadas, desarrollar acciones para la promoción y apoyo de la salud mental.
Esta es el área del Estado encargada de instrumentar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, con sus correspondientes guías y registros, establecido por una ley aprobada en el Congreso en 2015. El presupuesto asignado para llevar adelante las acciones pasó, en lo que va del año, de $699,1 millones a $482,8 millones. Y al mes de septiembre de 2024 se ejecutaron $329,4 millones, es decir, poco más del 68 por ciento.
En su análisis Martello añadió la preocupación por la falta de una Ley de Presupuesto. Al no ser actualizada, la partida recortada fue afectada además por la inflación quedando “completamente desactualizada”.
