El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, habló de la denuncia que realizará la organización este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de las políticas alimentarias y sociales en medio de la crisis económica.
"Tenemos que recurrir a instancias internacionales, después de haber agotado muchísimas otras, para tratar de encauzar problemas que nosotros venimos evaluando como muy graves que está viviendo el pueblo argentino, que no solamente se traducen en el tema alimentario", explicó Gramajo en la 750.
El referente de la UTEP enumeró varias de las políticas sociales que el Ejecutivo nacional decidió discontinuar, como la urbanización de barrios populares, que se traducía concretamente en cloacas y agua potable para los vecinos, y el mantenimiento de conexiones eléctricas. "El que conoce un barrio popular, una villa, sabe que las conexiones en las barriadas son muy peligrosas, inseguras", alertó el secretario general de los trabajadores de la Economía Popular.
Además, mencionó la eliminación de la gratuidad del monotributo social, que se traducía en aporte jubilatorio para los trabajadores informales, acceso a obra social y a salud. "Decidió congelar el salario social complementario, que fue otra conquista del sector, dejándolo congelado en 78 mil pesos, que en la actualidad son 50 litros de leche, en un país donde la canasta básica para una familia de cuatro personas es de casi un millon de pesos", subrayó Gramajo, en diálogo con Gustavo Campana, y recordó también la desfinanciación de las políticas vinculadas al abastecimiento de comedores comunitarios.
En ese sentido, aseguró que los aumentos de la Tarjeta Alimentar no alcanzan para solucionar el problema de la comida en los barrios populares porque en los centros comunitarios se acercan jubilados y trabajadores que aún mantienen su trabajo, pero que, producto de la crisis y de la inflación, no llegan a fin de mes.
"Hay otro problema que nosotros venimos notando con mucha fuerza que tiene que ver con el aumento de la tasa de suicidios. Durante los últimos meses hemos tenido muchísimos casos de personas que se han quitado la vida, ya sea porque han vuelto a caer en el consumo de drogas o porque la desesperación por este deterioro económico hace que caigas en la angustia y en la depresión", contó el titular de la UTEP.
Por último, advirtió: "Hay una crisis humanitaria planificada por el Gobierno que necesita que la mayoría del pueblo esté empobrecido, que no pelee porque lo que están constituyendo como modelo económico que es empobrecedor y que beneficia a una minoría privilegiada, principalmente vinculada al poder económico concentrado".
