Un tribunal confirmó ayer el mantenimiento de las medidas cautelares que impiden cambios societarios en la cerealera Renova, en la que Viterra (ex Glencore) es socia de Vicentin en la planta de la localidad de Timbúes, que de ese modo no podrá disponer de esos bienes sin autorización judicial. La medida fue celebrada por los acreedores del concurso preventivo de la agroexportadora, atento a que según los fiscales “existe el riesgo de que se diluya el valor de las acciones”, lo que “en definitiva perjudicaría a las víctimas” de la cesión de pagos de la empresa nacida en Avellaneda.

En 2020 la justicia penal rosarina dictó una medida cautelar por la cual estableció la “prohibición de innovar sobre la composición accionaria y la prohibición de desprenderse de activos por un valor mayor a 50 millones de pesos, sin la previa autorización del Tribunal” de la firma Renova, cuya propiedad compartían Vicentin con Viterra. La medida se adoptó en una causa penal en la que están imputados los ex directivos de Vicentin por los delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Para el fiscal del caso, Miguel Moreno, previo al default de Vicentin se produjo “un complejo entramado de maniobras financieras que habrían llevado a la empresa a la cesación de pagos y al concurso preventivo, perjudicando a bancos, productores agropecuarios y otros acreedores”.

Entre ellas, la Fiscalía mencionó la venta que Vicentin realizó de una parte de sus acciones en Renova (donde compartían el 50% cada una) a su socia Viterra. La operación se realizó poco tiempo antes del concurso preventivo de acreedores, y le permitió a la agroexportadora nacida en el norte provincial sacar varios millones de dólares del país y sustraerlo del eventual alcance judicial.

Moreno puntualizó la “existencia de indicios de maniobras de desvío de fondos, siendo un ejemplo concreto de ello, la venta del 16,67% a Viterra del paquete accionario de Vicentin en Renova, que pasó así a contar con el control de la empresa que antes compartía en partes iguales con la firma investigada, muy poco tiempo antes de que aquella hiciera pública su situación de default financiero”.

Renova es el principal activo en el que posee acciones Vicentin, teniendo en cuenta que es la mayor planta de crushing y aceite de soja del país. De esa manera, si Viterra dispusiera libremente del paquete accionario para una capitalización o venta, “existe el riesgo de que se diluya el valor de las acciones de Vicentin en Renova si se levantan las restricciones, lo que en definitiva perjudicaría a las víctimas”, sostuvo la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

En su solicitud de levantamiento de las cautelares, Viterra y Renova sostuvieron ante el tribunal que “las mismas perjudican económicamente a las citadas empresas, limitando su capacidad de operar, disponer de sus activos y acceder a financiamiento, afectando su imagen comercial”, según se lee en la resolución a la que accedió Rosario/12.

Además, alegaron que “se afecta ilegítimamente el derecho de propiedad de Viterra sobre sus acciones en Renova, sin que se configuren motivos para limitar su capacidad de disponer libremente de ellas”.

La Fiscalía se opuso al pedido, argumentando que las medidas cautelares “deben mantenerse para proteger los intereses de las víctimas y asegurar el valor de los bienes sujetos a eventual decomiso”. Es que se trata del principal activo de la concursada Vicentin y, además, de allí saldría parte del dinero para el acuerdo de pago que la compañía le propuso a sus acreedores, y que ahora está en revisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Frente a ambos planteos, el tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Nicolás Foppiani y Gonzalo Fernández Bussy se inclinó por la posición de la Fiscalía.

Sostuvo que “si bien se pondera la evidente interferencia que las medidas cautelares generan al pleno ejercicio del derecho de propiedad de terceros no involucrados en la causa penal, como es el caso de la firma Viterra S.A., cabe señalar que dicha afectación no es absoluta y resulta ciertamente proporcionada si se tiene en cuenta el calibre de los intereses en juego, ya que la capacidad para disponer de los bienes en cuestión no está prohibida, sino que puede ser ejercida con la autorización del tribunal, frente a una propuesta concreta, y de la forma más adecuada para salvaguardar los intereses de los solicitantes”.

 

De esa manera, los acreedores del concurso preservan la posibilidad de mantener activos con los cuales cobrar parte de su acreencia, siempre que la Corte santafesina resuelva homologar el acuerdo de pago. La otra alternativa, es que habilite el salvataje, que permita involucrarse en la salida de Vicentin a otros interesados en el negocio de la agroexportadora.