El doble crimen del último sábado en cercanías de la cancha de Rosario Central, tuvo ayer un correlato judicial: el fiscal Alejandro Ferlazzo a cargo de la pesquisa por los crímenes de los barrabravas Andrés "Pillin" Bracamonte y Daniel Atardo, ordenó allanar la seccional novena de Arroyito. Lo hizo buscando el libro de guardia y los teléfonos de su jefa y su segundo a cargo: el dato no es menor ya que Débora Savani, fue la responsable del operativo de seguridad en el estadio, en cuyas adyacencias hubo puntos sin seguridad suficiente, y permitió la libertad para el ataque de los sicarios de Pillín. 

La sospecha que tiene por estas horas la fiscalía es porque su hermano Maximiliano Savani es un referente fuerte de la barra brava canalla. Tambien señalan como sugerente el operativo que había desplegado en los últimos tiempos la jefa de la novena, que había decidido hacer ingresar por tres puertas distintas a la parcialidad canalla, lo que para algunos sugeriría una división interna. 

El apellido Savani ocupó las páginas policiales cuando Nicolás, integrante del Sindicato de Camioneros, terminó asesinado en un choque entre facciones internas del gremio el 12 de abril de 2014 en la previa de una asamblea que se llevaría adelante en el camping del gremio en la localidad de Pérez. 

El nombre de Débora Savani también ocupa un espacio en los casilleros de la agenda del Organismo de Gestión Judicial: es que por estos días se le rechazó su pedido de sobreseimiento por una causa judicial en la que fue procesada en 2021. Savani está acusada en una causa por hacer arreglar autos particulares en talleres de la fuerza (ver aparte)-

La comisaría 9° está a seis cuadras del Gigante de Arroyito por lo que tiene jurisdicción en ese lugar y en la zona donde se produjo el doble crimen. Por ello, el operativo que lleva adelante desde las 10 el personal de la División Asuntos Internos abrió el interrogante sobre la incidencia que podría haber tenido el personal en el doble homicidio.

 Una de las líneas de la investigación por el caso es una posible “liberación de la zona”, ya que varios testigos remarcaron la ausencia policial al momento del hecho. En el lugar debía haber un operativo para la salida de los hinchas tras el encuentro que el Canalla perdería con San Lorenzo pero en la cuadra donde ocurrió el ataque a los barras no constaba presencia de móviles. Además, dicho sector se encontraba sin alumbrado público, algo que también llamó la atención. 

El fiscal Ferlazzo indicó que ha recibido imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió la emboscada, aunque se está evaluando su calidad debido a que el tramo del bulevar Avellaneda entre Reconquista y Del Valle Iberlucea se encontraba sin iluminación.

En conferencia de prensa desde el Centro de Justicia Penal, el fiscal precisó que “no había luz” en 200 metros de Avellaneda, tanto en el momento previo al partido entre Rosario Central y San Lorenzo como en la salida de los hinchas del Gigante de Arroyito. Añadió que el día anterior había ocurrido algo similar, pero la electricidad se había restablecido en la madrugada del sábado.

“Pedimos informes sobre el desperfecto, que pudo ser aprovechado por los autores para atacar en ese lugar. No descartamos ninguna hipótesis”, afirmó. Además, el fiscal informó que Rosario Central ya le comunicó que las cámaras internas y externas del estadio no funcionan desde el 31 de octubre, cuando el canalla jugó de local ante Barracas Central. “No tienen registros fílmicos”, remarcó.

En tanto ayer se conoció que el cuerpo del jefe de la barra de Central había sido trasladado en un hermético operativo policial. El procedimiento se llevó a cabo con grupos tácticos en la noche del lunes.

El cadáver de Bracamonte permaneció en el Instituto Médico Legal, donde se le hizo la autopsia que determinó que sufrió cinco heridas de arma de fuego, bajo un fuerte perímetro policial alrededor del edificio situado en la esquina de boulevard Avellaneda y 3 de Febrero.

Por su parte el titular de la asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, Luis Pinilla, aclaró ayer en medios radiales que ninguna cochería había recibido consultas por parte de la familia del jefe de la barra brava canalla para el velorio y posterior cortejo fúnebre. “Nadie consultó por el servicio”, aseguró. “Esto se manejó de una forma reservada. Una empresa participó en el traslado y lo llevaron al cementerio El Prado (de la localidad de Pérez) de una forma tapada para que no salga a conocimiento”, dijo Pinilla al tiempo que añadió: “Es peligroso velar el cuerpo de una persona relacionada con el delito, pero si hay presencia de seguridad, de policías y móviles, todo pasa a un segundo plano porque te garantizan una actividad tranquila” aseguró el empresario funerario.