Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , el Estado colombiano reconoció por primera vez su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial la fuerza política creada a raíz de la desmovilización del movimiento guerrillero M-19, al que perteneció el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La cita tuvo lugar en Washington este lunes, donde el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) colombiana, Cesar Palomino, anunció el involucramiento del estado en la ejecución extrajudicial del ex comandante del Movimiento 19 de Abril (M-19).
Pizarro Leongómez, quien firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco, fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un avión de que viajaba desde Bogotá a Barranquilla, cuando el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe alias 'Jerry' le disparó en pleno vuelo, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.
“Asesinatos selectivos”
"Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad", declaró el representante estatal.
Palomino señaló que a Pizarro le fueron vulnerados sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y de asociación, debido a que los móviles de su homicidio fueron netamente políticos al tratarse de un líder de la oposición, firmante del acuerdo de paz.
“Las investigaciones han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia”, afirmó.
También ha reconocido la falta de garantías jurídicas frente al hecho, ya que el proceso para dar con los responsables sufrió dilaciones, "afectando el derecho a la verdad de los familiares".
Colombia espera que con este reconocimiento de responsabilidad puedan concertar con las hijas de Pizarro y los demás familiares otros caminos para su reparación integral y la recuperación de la confianza en la institucionalidad.
Muerto por la paz
En la audiencia estuvo presente una de las hijas del asesinado, María José Pizarro, quien es senadora por el Pacto Histórico, la coalición que gobierna en Colombia con Petro al frente.
"Yo llevo 34 años luchando por la verdad, por la justicia. Este es el trabajo de toda una vida. En medio de este proceso hemos tenido que hacer lo que la justicia colombiana no ha hecho y, por lo tanto, seguiremos luchando", declaró la senadora.
“El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre”, precisó la hija del ex líder del M-19.
Pizarro destacó que el Estado colombiano debe responder "por las vulneraciones a los DDHH ocasionadas a las hijas, hijo y demás familiares; a nuestro derecho a la identidad y protección en tiempos de guerra, así como el derecho a la paz y a la democracia en Colombia".
"A mi padre no lo mató la guerra ni su pasado, lo mató el futuro y la decisión de apostarle a una candidatura presidencial, tras firmar la paz", sentenció la senadora.
“Una reparación en todos los sentidos”
Durante la audiencia habló también Laura García, quien fué pareja de Pizarro y madre de María del Mar Pizarro, vinculada a la administración de la presidencia colombiana.
García señaló que, al momento de los hechos, su familia no contaba con seguridad, por lo que vivían en la clandestinidad e incluso en el exilio. "La persecución era enorme. Esta situación permaneció después de la muerte de Carlos Pizarro; persistieron los seguimientos, las llamadas”, insistió García en su relato.
La mujer, quien mantuvo una relación con Pizarro hasta el día de su muerte, valoró que el Estado colombiano "debe asumir la responsabilidad por los hechos y debe garantizar los espacios de representación política, y en los medios dar a conocer las razones por las que Carlos luchó. Debe hacerse un reconocimiento respetuoso y una reparación en todos los sentidos”.
“Una herida abierta para nuestra sociedad”
De la audiencia también participó Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien hizo énfasis en el último deseo de Pizarro como firmante del acuerdo entre el Gobierno y el M-19: que la paz se hiciera posible en Colombia.
Para el magistrado, “el asesinato de Pizarro es una herida abierta para nuestra sociedad, por lo que es imperativo evitar cualquier negación de lo ocurrido. Esta es una oportunidad para que Colombia pueda avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos políticos”.
En ese sentido se pronunció la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana Rodríguez, quien destacó que han pasado 34 años “en los que el Estado ha incumplido su deber (...) de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables”, un plazo que supera "todo plazo razonable de esclarecimiento".
