La burocracia estatal para una persona sin obra social diagnosticada con una enfermedad poco frecuente ya le quitó la probabilidad de curarse con un tratamiento que implicaba el suministro de drogas. Desde el 24 de octubre un amparo obliga a la provincia a hacerse cargo de los medicamentos preparatorios para esta persona pueda recibir un trasplante que implicaría una nueva oportunidad de cura. Pese a la orden judicial, hasta ahora la droga no llega dado que debe pasar por las áreas de presupuesto que podrían demorarse 20 días más.

Este es el resumen de un año de padecimiento de Víctor Quevedo, de 33 años, quien fue diagnosticado en diciembre del año pasado con “aplasia pura de glóbulos rojos del adulto”, que provoca problemas en la sangre y acumulación de hierro en distintos órganos.

Desde la detección se dispuso un tratamiento con tres drogas (Timoglobulina, Ciclosporina y Electrombopag). Cintia Rodríguez, esposa de Quevedo, empezó entonces con los trámites en el Ministerio de Salud Pública de Salta para conseguir la medicación. Pero hasta ahora con consigue que los den. 

“Logré que dos de las medicaciones me las donen”, contó Rodríguez a Salta/12. Detalló que el tratamiento incompleto duró lo que las drogas alcanzaron. Por esta razón el tratamiento que, según las explicaciones médicas, le iba a permitir una posibilidad de cura a su esposo, se terminó perdiendo.

Tiempo después Quevedo logró hacerse los estudios y encontrar compatibilidad con su padre para ser sometido a un trasplante de médula ósea, lo que ofrece otra posibilidad de cura. Pero para ello se necesitan cuatro drogas nuevas, sin embargo, la cartera de Salud Pública nunca se las reconoció, dijo Rodríguez. 

El matrimonio recurrió entonces a la administración de justicia provincial. En ese ámbito se comprobó que el Ministerio de Salud de la provincia está obligado por ley a cubrir las drogas recetadas. La jueza del Tribunal de Impugnación Virginia Solórzano, bajo el entendimiento que “está en juego el derecho a la salud y a la vida”, ordenó a la provincia a otorgar la medicación.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía de Estado se mostró reticente a reconocer el deber provincial. Apuntó a la responsabilidad de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que es parte de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación, y también apuntó a la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Rodríguez contó que de todas maneras la DADSE envió la Timoglobulina una semana después de la audiencia judicial de julio pasado, en la cual el CUCAI y hasta el Servicio Médico Legal del Poder Judicial indicaron la urgencia de iniciar la preparación para el trasplante.

“Me dijeron que el amparo se resolvía en 15 días, pero recién salió el 24 de octubre”, dijo la mujer, que trabaja en casas particulares.

Rodríguez afirmó que pese a que en el amparo la jueza intima a la provincia a cumplir con todas las medicaciones necesarias pre y pos trasplante (casi una decena), bajo apercibimiento de multas en caso de incumplir, “nadie se comunicó” con ella. Ante ello fue directamente al Ministerio de Salud, en donde le informaron que “desde agosto el expediente no tenía nada nuevo”. Por lo tanto, afirmó, “dijeron que no sabían del amparo” resuelto.

Este martes Rodríguez volvió por una respuesta dado que ella misma dió cuenta de la existencia del amparo y, el pedido, “sí se movió a Finanzas, pero me dicen que eso va a salir dentro de 20 días. Y yo ya estoy desesperada”, afirmó.

Mientras tanto, el único tratamiento al que está sometido Quevedo es la trasfusión de sangre. Cuando fue diagnosticado con la enfermedad este procedimiento se hacía una vez por mes. Ahora es una vez por semana. Su estado de salud empeoró y a causa de la enfermedad el hierro se acumula en distintos órganos, generando una situación aún peor.