El ministro de Infraestructura, a cargo también de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, comunicó ayer a representantes de organizaciones criollas e indígenas de Alto La Sierra que hoy llegará a la zona el subjefe de la Policía de Salta para realizar un relevamiento, y que habrá más presencia de la fuerza con Infantería hasta que miembros de la Policía Comunitaria comiencen a trabajar en busca de consensos.
Alto La Sierra o Alto de la Sierra es un poblado ubicado en el extremo noreste de la provincia, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, a 581 kilómetros de la capital provincial.
La decisión de reforzar la presencia policial se informó en una reunión que tuvo lugar en Casa de Gobierno, con el fin de encontrar una alternativa para mantener la convivencia y la paz social en la zona convulsionada por conflictos entre habitantes del Pueblo Wichí y criollos.
En ese marco de conflicto, entre los hechos más resonantes de este año se quemó una casilla señalada por las comunidades wichís como un lugar donde se vendían sustancias ilegales y alcohol a personas menores de edad, y donde además se explotaba sexualmente a niñas y adolescentes originarias.
El segundo hecho, un enfrentamiento, tuvo lugar después de que un chico de 13 años sustrajera nafta de un habitante criollo. En este caso, el niño fue golpeado y el hombre criollo fue señalado como quien facilita la venta de combustible que niños y adolescentes inhalan en el marco de las problemáticas de consumos que hay en la zona.
Entre las últimas novedades, y tras estos hechos, se comentaba que comerciantes criollos que también venden combustibles, habían empezado a negarse a vender productos a integrantes de comunidades indígenas.
Alto La Sierra se encuentra dentro de un amplio territorio de 653 mil hectáreas que son parte del territorio de uso ancestral de pueblos originarios, pero donde el Estado argentino promovió el ingreso de pobladores no indígenas. En febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las comunidades indígenas y ordenó al Estado argentino la entrega de un título único comunitario a su nombre sobre un total de 400 mil hectáreas. La Corte también reconoció derechos a las comunidades criollas, pero en este caso dispuso que, para poder entregar las 400 mil hectáreas en bloque, algunos deberán relocalizarse. Para el cumplimiento de esa sentencia se intenta avanzar en acuerdos entre pobladores de uno y otro sector.
Frente al crecimiento del conflicto en esta zona en la que se deben delimitar las tierras de cada sector de la población, situación que atraviesa toda la problemática, el ministro Camacho se reunió con las partes y escuchó a todos los referentes.
El gobierno provincial informó después que en el territorio también se distribuirán cinco móviles policiales que la provincia adquirirá con el presupuesto del próximo año.
En este contexto, se reforzará el servicio de seguridad ciudadana en Alto La Sierra y los patrullajes y controles, especialmente en locales de expendio de bebidas alcohólicas.
“Los problemas no se resuelven actuando cada uno por su cuenta; la aplicación de la ley es para todos, sin importar el origen. El Estado estará presente”, dijo Camacho, al resaltar que “este espacio de encuentro sirve para tomar conciencia comunitaria y social sobre lo que está sucediendo y retomar el diálogo y acuerdos entre las partes”.