La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción ayer a la prórroga de la emergencia socio sanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. La medida extraordinaria se dispuso inicialmente por 180 días en 2020, por el decreto 140, convertido luego en ley. Desde entonces viene prorrogándose año a año. 

En una sesión en la que tuvieron preponderancia las participaciones de legisladores profesionales de la salud, se destacó la diputada del departamento San Martín, Gladys Paredes, que es pediatra y se conmovió de tal modo al repasar los recortes del gobierno nacional a la entrega de medicamentos y fondos para programas de salud que no pudo terminar su exposición.  

La diputada y también médica Laura Cartuccia (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) fue la encargada de defender la prórroga. Aseguró que en estos años de emergencia se redujeron los índices de mortalidad infantil y materna. Y dio una larga lista de datos sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno provincial en el amplio territorio comprendido en la emergencia tras una seguidilla de muertes de niños y niñas, la mayoría de pueblos originarios, por desnutrición o causas vinculadas. 

La Secretaría de Políticas Públicas asistió a 16.240 personas beneficiarias en 232 merenderos, mitad urbanos y mitad rurales, dijo la diputada.

La provincia adhirió al programa Focalizados dentro del programa Argentina contr el Hambre. Eso fue durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, porque ahora el Ministerio de Desarrollo Social sigue gestionando ante la Nación la continuidad de estos programas y "todavía no se concretó la firma del convenio 2024", reconoció.

Cartuccia afirmó que es necesario reforzar Focalizados. Por medio de este programa se asiste a 550 comunidades en 23 municipios de los departamentos en emergencia; entregan 30 mil módulos por ronda, de 60 días. “Y este año se han entregado más de 120 mil en cuatro rondas de módulos focalizados, asistiendo a un total de 1.100 embarazadas", a 500 mujeres en periodo de lactancia, 25 mil niños y niñas de hasta 7 años de edad, 8.100 personas adultas mayores, 5.200 personas con discapacidad y a 5.150 familias vulnerables. "Se asiste a 40.825 familias en total y es un número que va fluctuando con cada entrega según el contexto económico y social”, aseguró la legisladora.

Sostuvo que es importante seguir el control de infancias de hasta seis años, “ya que existe una gran cantidad de niños originarios que se encuentran en estado nutricional agravante”.

Recordó que los departamentos comprendidos en la emergencia son de gran extensión y con zonas de difícil acceso, por lo que los agentes del Estado se internan 15 días para poder llegar a algunos lugares.

Por otro lado, se entregan Módulos de Refuerzo Estival (MORE) destinados a niños y niñas “que presentan alteración nutricional como bajo peso y muy bajo peso”, y se provee agua apta para el consumo humano.

En 2024 se entregaron 3 mil MOREs y entre diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 el plan UNIR “brindó acompañamiento" a "más de 3 mil familias” integradas por uno o más niños de hasta ocho años y mujeres embarazadas. Además, más de 40 acompañantes familiares asisten en territorio a 1.226 familias y a 1.932 niños y 31 embarazadas. 

El programa Hospitalizados brinda "acompañamiento y contención a los pacientes de los pueblos indígenas y sus familiares" derivados a hospitales de la ciudad de Salta, este año “se asistieron a más de 2.500 personas”.  

Entre otras acciones que repasó, recordó la articulación en la Mesa del Agua para el Chaco salteño que genera políticas públicas para el acceso y gestión del agua.

Cartuccia mostró dos cuadros, uno de niños y niñs de menos de dos años y otro de entre dos y cinco años de edad. Dos datos se destacan: la disminución de la cantidad de niños y niñas y la baja de desnutridos. 

En cuanto al primer grupo, en 2019 había un total 12.739 niños y niñas, 4.125 más que en 2024, cuando se contabilizaron 8.614. De esos totales, en 2019 había 308 con bajo peso, y 205 en 2024; con muy bajo peso hubo 57 en 2019 y 14 en 2024, y con riesgo de bajo peso se registraron 2.775 niños y niñas en 2019, contra 1.435 en 2024

En el grupo de entre dos y cinco años, en 2019 había 26.216 nenes y nenas; en 2024, 21.061. De entre ellos, en 2019 había 376 con bajo peso (1,43%) mientras que en 2024 se contabilizaron 253 (1,20%), con una diferencia en menos del 0,23%. De muy bajo peso, había 39 en 2019 y 20 en 2024, y con riesgo de bajo peso, 7.543 (28,77%) en 2019 y 3.744 (17,77%) en 2024, con una caída del 11%.

“A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron", "la situación socioeconómica actual y las inclemencias climáticas claramente que continúan afectando a los departamentos y aumentando el riesgo por enfermedades" por lo tanto "es importante prorrogar la emergencia socio sanitaria” para “poder mantener el apoyo continuo”, sostuvo Cartuccia. 

"La muerte de un niño es un desastre"

Paredes recordó que la emergencia se dispuso en “una situación de desastre", porque "la muerte de un niño es un desastre, y en ese momento se produjeron varias muertes de niños en el departamento Rivadavia”.

La legisladora afirmó que esta situación de necesidades básicas insatisfechas en el norte salteño "viene de décadas" y habla de que “hubo un gran abandono en el norte de la provincia de Salta”. Las muertes de estos niños y niñas desnudaron las falencias en la atención de la salud, la falta de agua apta para el consumo humano, la falta de viviendas, de caminos, de seguridad, la afectación al ambiente, sostuvo. 

Reseñó que de 2020 a 2024 en el departamento Rivadavia se construyeron 43 pozos de agua, y se aumentó el número de trabajadores en el Hospital de Tartagal, que es de referencia para el norte, pero aún así no es suficiente, afirmó. 

También hizo un reconocimiento a la gestión del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y al ex secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina. “Sin el apoyo de Nación evidentemente no se podrían haber hecho muchas cosas", porque en este amplio territorio es necesario llevar a cabo una acción conjunta entre Provincia y Nación.

“Soy una crítica del gobierno nacional” porque “es responsable de la situación sanitaria que se está agravando en los hospitales", donde faltan “tratamientos para tuberculosis, HIV, lepra”, sostuvo. En este punto la conmoción la enmudeció. Concluyó rato después: añadió que las cajas del programa Remediar, que representan para algunas personas la única posibilidad de acceder a medicamentos, “vienen prácticamente vacías”.

Recordó que 400 pediatras firmaron una carta expresando su preocupación por la decisión del Ministerio de Capital Humano de recortar el presupuesto para merenderos y comedores. El "derecho a la alimentación ha sido vulnerado”, aseguró antes de alertar: "la menor cantidad y calidad de los alimentos de los niños va a traer consecuencias" en el crecimiento cerebral, en la labor intelectual y en la estatura de infancias de pueblos indígenas. 

El diputado Matías Monteagudo (Unión Salteña - UCR), también de San Martín, sumó el cuestionamiento al gobierno nacional. “La provincia hizo su parte y también Nación debería hacer su parte”, sostuvo. 

El también médico Bernardo Biella, dijo que la emergencia es necesaria, teniendo en cuenta tres zoonosis. "La leishmaniasis, que está azotando el norte”. El hantavirus, "que está siempre presente, asociado al desmonte y a la falta de controles". 

Y la "oleada dengue que vamos a tener en este 2024/2025”. "Creo que nos hemos quedado un poco cortos con las vacunas que recibimos", cuestionó. La provincia recibió solo 6 mil dosis de vacunas de parte de la Nación. En cambio, Jujuy, "con la mitad de habitantes, recibió 20 mil dosis de vacunas”; y Tucumán, con casi el doble de habitantes de Salta, “recibió 207 mil dosis de vacunas".

Contra las emergencias 

La posición en contra de la prórroga la expresó primero la diputada Sofía Sierra. Su bloque, PRO, que comparte con José Gauffin, votó en contra, igual que el bloque libertario de Ahora Patria, integrado por Roque Cornejo y Griselda Galleguillos, quien cruzó chicanas con la diputada Socorro Villamayor. 

Sierra objetó que el proyecto de prórroga no precise qué acciones se llevarán a cabo. En general, cuestionó las prórrogas, recordó que violan la restricción de poner fecha a las emergencias. “Considero que estas prórrogas sucesivas son una burla a la sociedad”, afirmó. Criticó que en cuatro años “no se resolvió el fondo de la cuestión, porque, como también lo dijeron, son cuestiones estructurales que va a llevar años resolver”.

“Esta emergencia poco ha hecho para paliar la situación de los salteños que están radicados” en Orán, San Martín y Rivadavia, sumó Cornejo, quien llegó a asegurar que el gobierno de Javier Milei "en nueve meses está haciendo muchísimo más por los pueblos originarios” que “cinco años de este gobierno” de Gustavo Sáenz.

Prorrogar por cuarto año esta emergencia “es prácticamente una declaración de incapacidad de planificación”, añadió José Gauffin. “Esta ley termina siendo como una justificación ante la sociedad” y un acto de demagogia, dijo. 

Griselda Galleguillos cuestionó que la emergencia se circunscriba al norte salteño cuando en su departamento, Rosario de Lerma, en los valles, también hay indígenas, y también hay desnutrición, aseguró.