En la primera de las dos jornadas de paro que impuso el sindicato Obras Sanitarias la bronca estalló a las puertas de la sede Rosario de Aguas Santafesinas SA, y dejó en evidencia las secuelas inmediatas de la mano dura que la gestión Pullaro intenta aplicar al interior de esa y de la Empresa Provincial de la Energía. La caótica refriega que se desató bajo el sol picante del mediodía en Salta al 1400 entre trabajadores, policías y guardias privados de Assa dejó un par de magullados y la certeza de que el diálogo como principio se rompió.

La escena venía caldeada de antemano. La intransigencia que demostró desde el primer día Anahí Rodríguez, la presidenta de la empresa, detonó el puente con el sindicato comandado por Silvio Barrionuevo y desde entonces todo vino para peor, como quedó expuesto ayer. El líder gremial sostuvo en medio del mitín congregado frente al portón azul de Salta al 1400 que en lo que va del año Pullaro se fueron alrededor de 100 trabajadores de sectores varios, entre despidos –la mitad–, jubilaciones y retiros.

El sindicato acusa al directorio de Assa de llevar la empresa "pisando fuerte y matando indios, de prepo", según ilustró un delegado mojado de sudor y bronca. La medida de fuerza se extiende hasta hoy, contra lo que califican como despidos arbitrarios, sin causa, reasignaciones inconsultas de empleados de un sector a otro, sanciones por doquier y un clima constante de tensión con las autoridades políticas de la empresa.

La medida de fuerza también implica el reclamo de unas becas impagas para los hijos de empleados y una mala liquidación del bono por eficiencia, que la empresa no lo incorpora a la masa salarial. Asimismo, exigen una compensación por desafectación de tareas por turnos, tal como manda el convenio colectivo de trabajo, y la realización de exámenes médicos periódicos, también acorde a la Ley 24.557.

"Quisieron entrar y les cerraron las puertas, a un compañero le apretaron el tobillo, y aunque gritaban que por favor abrieran para poder rescatarlo, no hacían caso. Todo había empezado de manera pacífica", describió azorado Barrionuevo en medio del tumulto. Como telón de fondo, un racimo de bombas de estruendo reventaban el mediodía en el cajón de la calle y sus departamentos en torre por ambas veredas, y un par de perros atribulados ladraban frenéticos al gentío enardecido, como para sumar un poco más de barullo.

La manifestación gremial había partido desde la sede sindical, en San Luis y Balcarce. Y marchó hasta las oficinas de la empresa en Salta al 1400. Lo que había empezado como una protesta de calle, caliente pero sin desbordes, se astilló en empujones, gritos, algunos vidrios rotos y algún manotazo suelto cuando los vigilantes del ingreso cerraron el portón y un grupo de trabajadores intentó impedirlo. En los forcejeos, el portón apretó el pie de un trabajador y lo lastimó. Bastó para que entonces la furia escalara de golpe y en forma inusitada.

Con el arribo de las cámaras de TV, la protesta recobró bríos, pero ya con un cordón policial que se apostó en el acceso al edificio y reforzó la temblorosa resistencia de los guardias. Y los trabajadores repitieron una y otra vez ante cada micrófono las razones de su enojo. "Desde que está este gobierno sancionan a todo el mundo, suspenden por cualquier cosa, y al llegar a 30 días de suspensión... despido automático. Encima, no reponen el lugar vacante", contó uno. Barrionuevo redondeó el concepto: "Acá dicen que si somos de un sindicato peronista no tenemos lugar en la empresa, si eso no es persecución laboral, no se... Además, el destrato: nos dicen vagos, nos acusan de cobrar premios millonarios. Y la realidad es que un trabajador que ingresa acá cobra 890 mil pesos de bolsillo, nada más", dijo el titular de Obras Sanitarias. 

Fiel al discurso pullarista, la presidenta de Assa, Anahí Rodríguez, negó luego que haya persecución política a los afiliados que militan en Obras Sanitarias, y circunscribió sus medidas al objetivo de "poner la empresa en orden y hacerla eficiente". "Asumimos con la empresa en déficit y mucho descontrol: uso de vehículos para motivos personales, una cantidad inusitada de horas extras, mucho personal de licencia gremial. Tuvimos que poner orden y así redujimos los costos un 20 por ciento para reinvertirlo en la empresa", replicó. En paralelo, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reprochaba que "hay gremios que defienden cosas indefendibles". Venía de sostener un pleito similar con Luz y Fuerza en la EPE.