La Justicia Federal estadounidense falló a favor de tres hombres iraquíes, que fueron torturados en la notoria cárcel de Abu Ghraib, ordenando a un contratista del Ejército el pago de 42 millones de dólares por daños y perjuicios este martes, según informaron los abogados.

La empresa privada CACI Premier Technology fue declarada responsable de participar en la tortura infligida a los tres hombres en la prisión, cercana a Bagdad, en 2003 y 2004, de acuerdo a lo exigido por el Centro de Derechos Constitucionales (CDC), que representaba a las víctimas.

Siguiendo el fallo, CACI debe pagar 3 millones de dólares a cada uno por "daños compensatorios" y otros 11 millones de dólares por "daños punitivos", de acuerdo a lo informado por el CDC.

La decisión pone fin a un juicio histórico, en el que la Justicia estadounidense dio lugar por primera vez a los testimonios de las víctimas de su "guerra contra el terror".

Un largo proceso

A pesar de que la demanda inicial se presentó en 2008, no fue hasta abril del año pasado que se inició el juicio en el tribunal local de Alexandria, a las afueras de Washington.

Después de múltiples intentos por parte del CACI para que el caso se desestimara, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó sus recursos de apelación en 2021. En pasadas ocasiones, el proceso se había visto obstaculizado por la dificultad de vincular el accionar de los interrogadores civiles a una responsabilidad de la compañía.

La demanda se presentó en el marco de una ley que permite a los ciudadanos extranjeros presentar demandas ante tribunales estadounidenses por violaciones a los derechos humanos cometidas fuera del país.

En esta instancia, los demandantes no alegaron que los empleados de CACI fueran de forma explícita los abusadores, sino que apuntaron a una complicidad entre sus efectivos y los soldados.

Un gran día para la justicia.

Durante el juicio, los tres hombres testificaron haber sido sometidos a palizas, abusos sexuales, desnudez forzada y otras formas de crueldad al interior de Abu Ghraib.

Suhail Al Shimari, director de una escuela secundaria, Asaad Zuba'e, vendedor de frutas y Salah Al-Ejaili, periodista, fueron arrestados tras la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, y demandaron a la compañía en 2008.

El periodista, quien dio su testimonio de forma personal dando detalles sobre los metodos de tortura y sus consecuencias, celebró la decision del jurado como una victoria propia y de todas las victimas del abuso. "Hoy es un gran día para mí y para la justicia", declaró Al-Ejaili en un comunicado.

"Esta victoria es una luz brillante para todos los que han sido oprimidos y una fuerte advertencia para cualquier empresa o contratista que practique diferentes formas de tortura y abusos", señaló el reportero, quien hoy vive en Suecia junto a su familia.

Abu Ghraib, localizada al oeste de la capital irakí, se convirtió en un símbolo de la ocupación al pasar a ser controlada por los Estados Unidos tras la invasión. Su reputación solo empeoró tras la aparición de pruebas de tratos inhumanos a los detenidos por parte de los soldados estadounidenses.

"Nuestros clientes han luchado valientemente durante 16 años para obtener reparación por los horrores que sufrieron en Abu Ghraib, contra todos los obstáculos que este enorme contratista militar privado puso en su camino", afirmó el director del CDC, Baher Azmy.

Violencia privada

Según la demanda, la mayoría de los abusos ocurrieron cuando los empleados de CACI trabajaban en la prisión. a finales de 2003.

Los empleados de la empresa, contratada por el Gobierno estadounidense para la realización de interrogatorios al interior del complejo, fueron acusados de animar a los soldados a maltratar a los prisioneros previo a su cuestionamiento.

Luego de darse a conocer las torturas al interior del complejo, un grupo de 17 soldados estadounidenses fueron despedidos, y once de ellos fueron llevados a juicio en una corte militar.

En 2014, luego de las sentencias a los once soldados, condenados entre 2004 y 2006, un tribunal federal de apelaciones local autorizó los procedimientos legales contra CACI International.

La empresa, con sede principal en Virginia, alegó que la mayoría de los abusos fueron aprobados por el entonces secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, y que habían sido incorporados a las normas de combate por los mandos militares de la prisión.

Un precedente fundamental

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que el Gobierno estadounidense no ha ofrecido compensaciones económicas ni vías legales para obtener justicia a las víctimas de los abusos militares en Irak.

Katherine Gallagher, abogada del CDC, se mostró conforme con el veredicto, el cual consideró que "deja claro el papel de CACI en esta vergonzosa parte de nuestra historia".

Es un "aviso a los contratistas militares y de seguridad privados de que pueden ser y serán responsabilizados cuando infrinjan las protecciones más fundamentales del derecho internacional, como la prohibición de la tortura", afirmó Gallagher.