Hay una historia aún subterránea y bastante invisibilizada que es la violencia ejercida hacia niñas y adolescentes. La especialización y las mejores formas de atención en lo que constituye una de las más graves formas de vulneración de derechos es un debate constante entre quienes brindamos el servicio de justicia. Su particular problemática muchas veces queda desdibujada o soslayada ante la magnitud que tiene la violencia de género contra las mujeres adultas. Y cuando pensamos en la justicia, en cuanto a la normativa vigente, queda incluida de manera general. Entendemos que es importante y urgente medir el impacto de las distintas violencias hacia este colectivo. Sólo así podremos entender que las violencias que comienzan a muy temprana edad se repiten invariablemente a lo largo de la vida. Por ello es fundamental observar y medir focalizadamente para prevenir y accionar respecto de esta cuestión.

Desde la Asesoría General Tutelar promovemos acciones para que niños, niñas y adolescentes, que en muchas ocasiones son víctimas colaterales o directas de las violencias, puedan acceder al servicio de justicia. Pero las estadísticas muestran que las niñas continúan encabezando todos los registros de violencias. Por ello nuestros equipos trabajan con perspectiva de derechos y de género para abordar cada caso en particular. Capacitar profesionales de la justicia que desarrollen su tarea con un lenguaje comprensible, una atención especializada para abordar a personas que han transitado situaciones traumáticas, el fortalecimiento de la figura de Abogado de los niños, la creación de una Cámara Gesell, ampliando nuestras líneas de acceso a la justicia, son acciones que nos hemos propuesto para evitar la revictimización, acelerar tiempos y atender eficazmente las demandas que requieren casos tan complejos.

Para entender la situación hay que hablar de una invisibilización histórica de las violencias ejercidas hacia las niñas y adolescentes. Comienza por el lenguaje, cuando aún hoy se los denominan “menores”. Esta caracterización pone a todas y todos los “niños” y adolescentes en un mismo colectivo. En ambientes familiares abusivos y opresivos, las asimetrías en cuanto al acceso a la educación, escasa o nula educación sexual, las distintas formas de explotación, el cuidado y responsabilidad a edades muy tempranas del hogar son también factores que intramuros, han afectado la vida y el normal desarrollo de las niñas. Todos estos aspectos constituyen una vulneración de sus derechos. 

Desde la Ley de Patronato hasta nuestros días el recorrido de las normas que protegen a niñas y adolescentes fue lenta y dolorosa. En el marco de aquella legislación paternalista, el Estado decidía sobre sus vidas, impartiendo “justicia” a niñas y niños que en su mayoría padecían vulnerabilidad social. Se los privaba de su libertad y de sus derechos internándolos en hogares, no porque hubiesen cometido delito alguno, sino por su condición social. Con la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño con rango constitucional, nuestro país comenzó una lenta adecuación de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Desde que en 1998 entró en vigencia la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en pionera en materia de defensa de derechos. Sin embargo,  aún no existen normas específicas referidas a niñas en la justicia penal con carácter convencional.

Como sociedad nos debemos un profundo debate acerca del abordaje y tratamiento de las distintas formas de violencias de las que son víctimas niñas y adolescentes. Y este debate nos incluye a todas y todos para que juntos pensemos en integrarlas, desde nuestro lenguaje, nuestras políticas y desde la justicia. Visibilizarlas es una manera de comenzar a reparar.

* Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.