La Cámara Federal de Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña hizo el miércoles al mediodía lo que se esperaba, lo que se había filtrado a los medios hegemónicos y lo que desde el peronismo denunciaron como una proscripción contra la ex presidenta Cristina Kirchner: confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar fraudulenta la administración de 51 obras públicas en Santa Cruz. 

¿Por qué se esperaba que el fallo confirmara la condena contra CFK? En parte porque los camaristas no pueden ocultar sus antecedentes. 

En la previa de la ratificación de la condena, que deberá seguir su camino sin fecha en la Corte Suprema, la propia Cristina Kirchner se encargó de bautizar a los camaristas como "los Copitos de Comodoro Py", jugando con el nombre de los imputados por el intento de magnicidio de septiembre de 2022. "Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura", los describió la ex presidenta. 

Compañero de raqueta

Mariano Borinsky es el presidente de la Cámara de Casación Penal, a la que llegó en septiembre de 2023, luego de que la Corte Suprema interviniera para correr de esa posición a Ana María Figueroa, señalada por su cercanía al kirchnerismo. La intervención del máximo tribunal ocurrió luego de que Borinsky consiguiera la firma de varios de sus pares varones -Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Barroetaveña y Hornos- para señalar que Figueroa tenía 75 años cumplidos y el Senado había bloqueado la extensión de su cargo. 

Borinsky llegó a la presidencia de la Cámara, corriendo a Figueroa, tras una larga relación con el ex presidente Macri. En 2017, Mauricio lo nombró por decreto como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal y luego mantuvieron repetidas reuniones privadas. Unas 16 veces se encontraron en Olivos para jugar al tenis y otras tantas en la Casa Rosada. 

"Un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo porque teníamos amigos comunes." Así lo describió el propio Macri en una entrevista a TN en 2021. 

Tras conocerse esos encuentros, Borinsky fue denunciado por diputados del Frente de Todos y recibió denuncias de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura y otra del propio Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Sin embargo, sin que hubiera investigación alguna y con el simple argumento del paso del tiempo, el Consejo de la Magistratura archivó el pedido de juicio político contra el juez de la Cámara Federal. El archivo de la causa ocurrió, en silencio, en abril de este año. 

Un juez en el horno

Hornos también fue un asiduo visitante de Macri en la Rosada. La denuncia la presentó el ex diputado y ministro de Justicia Martín Soria en el marco de la causa de la mesa judicial macrista. El camarista había visitado en seis oportunidades la Rosada, entre 2015 y 2018. Tras esa denuncia, Hornos tuvo que dar explicaciones a sus pares de la Cámara y, ante ellos, reconoció que su relación social con el entonces presidente llevaba muchos años y que conversaban sobre política judicial y penitenciaria. 

"A tenor de la situación expuesta, resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado -que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable- habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces", le reprocharon en febrero de 2021, sus pares de la la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Juan Mahiques. 

Por el escándalo que significó esa relación reconocida por el propio Hornos, en octubre de 2021, la Cámara de Casación Penal apartó al juez Gustavo Hornos de la causa por la llamada mesa judicial. Luego de ese escándalo, Hornos sumó una denuncia grave: violencia de género. La denuncia de su expareja menciona violencia "verbal, psicológica, física y sexual". 

Como publicó PáginaI12, la denunciante entregó siete audios como prueba de la violencia sufrida ante el Consejo de la Magistratura, donde se investiga la conducta del magistrado, y también ante el fuero contravencional de la Ciudad. "Retirá la denuncia, decile que querés retirar la denuncia", la exige Hornos en uno de los audios. 

Barroetaveña

El tercer camarista que confirmó la condena contra CFK es Barroetaveña, el mismo que firmó la carta dirigida a Rosatti para que corrieran a la "kirchnerista" Ana Figueroa y le dieran la presidencia de la Casación a Borinsky. "Dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura", así lo describió Cristina en la previa de la ratificación de la condena. 

Además de ser candidato en una lista afín al macrismo, Barroetaveña tiene un historial de fallos polémicos respecto de la última dictadura cívico-militar, como camarista demoró el juzgamiento contra el empresario Carlos Blaquier y cerró la puerta a la investigación de torturas contra conscriptos en Malvinas; como integrante Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fue protagonista de fallo insólito en el que se condenó a solo 4 años al represor y ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso, a pesar de reconocer su participación dar por probada su participación en un delito de lesa humanidad. 

Barroetaveña, cuando aún compartía la Sala I de la Cámara con la desplazada Figueroa, también tuvo un fallo recordado en la causa "fotocopias de los cuadernos", armada con las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno. Él junto al camarista Daniel Petrone consideraron válidas las declaraciones tomadas a los "arrepentidos", pese a que habían sido recolectadas por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli solo con registros escritos, sin ningún audio o filmación que hubiera dejado constancia de lo que ocurrió en esas audiencias. Los jueces sostuvieron que los empresarios y funcionarios de segundas líneas detenidos se arrepentían por propia voluntad.

Esto lo definieron a pesar de la evidencia que señalaba cómo en los inicios del expediente en agosto de 2018 sólo se les concedía la libertad a aquellos que se “arrepentían”. En aquel entonces, la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia por declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley en cuestión (27.304) por considerar que atentan contra las garantías de prohibición de autoincriminación (declarar contra sí mismo), presunción de inocencia, derecho de defensa en juicio y del debido proceso.