Una hora antes de que los jueces de la Cámara de Casación comenzaran a leer el fallo con el que confirmaron la condena contra Cristina Kirchner, en la puerta de los tribunales hubo una clase pública sobre Lawfare. La dio Juan Grabois, acompañado por el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. Algunos de sus temas: cómo la condena a la ex presidenta fue dictada sin pruebas -en base a “indicios”, según reconoció el propio tribunal oral-; cómo el calendario de la justicia siguió el calendario electoral; cómo el lawfare, en tanto mecanismo de utilización del Poder Judicial, reemplazó a los golpes de estado; cómo detrás del objetivo de destruir liderazgos políticos hay un programa, el de enriquecer a las elites, que no es posible sin el empobrecimiento de las mayorías. “Estamos viendo -planteó Grabois-, la degradación del Estado Social de Derecho, que no es un asunto que afecte sólo a un dirigente que puede verse sometido a una extorsión. La degradación tiene algo muy perverso, porque todo se naturaliza. ¿Por qué no es solamente un problema para Cristina? Porque visto desde abajo, esa degradación ligada al lawfare es ver cómo desfinancian las universidades y la justicia no hace nada. El lawfare es que Pettovello le robe los alimentos a los niños y aunque tengamos tres fallos a favor, los jueces no hagan cumplir con la fuerza pública su propia sentencia. La degradación del Estado Social de Derecho es que le roben el 30 por ciento de los haberes jubilatorios a nuestros abuelos y los jueces no sean capaces de frenarlo”. En resumen, que la condena a la ex presidenta es la condena a las políticas que impulsó.

La clase frente al edificio de Comodoro Py -rebautizado en estos días Comodoro Pig- incluyó el sorteo de un chancho.

Por suerte era de felpa. Se lo ganó un estudiante universitario, que fueron mayoría entre quienes asistieron a esta protesta callejera.

El público fue la clase media instruida, especie argentina en peligro de extinción. Entre los asientos que rodearon la tarima instalada para dar la clase, con su escritorio y un pizarrón, en el tiempo de espera se vieron rarezas, como gente leyendo libros. Una estudiante leía las Crónicas marcianas de Bradbury, pero en inglés; unos asientos más acá, otro chico esperó sumergido en una novela de García Márquez. “El día después del atentado contra Cristina, Clarín publicó una nota en la que avisaba que si no terminaba muerta, iba a ir presa. La condena está cantada”, opinó Anabella, una estudiante de Economía de 20 años.

Otra rareza: los grupitos de jubilades, que llegaron, muchos con edades que pasaban las ocho décadas.

-Cuánto uniformado vino a escuchar la clase… -indicó con sarcasmo a Página/ 12 Norma, de 83 años, señalando con una inclinación de cabeza al operativo de seguridad. Efectivos de Prefectura, la Policía Federal y la Gendarmería rodeaban la clase.

Había mucho sol. Cada tanto, Norma se mojaba su gorrito Piluso, como para refrescarse. Llevaba un par de zapatillas que parecían baratas pero bien cómodas.

-¿Qué tal es la vida después de los ‘60?- le preguntó Página12.

-Es una etapa hermosa -aseguró ella-. Me separé, mis hijos se fueron… alquilo las habitaciones de mi casa. Me llegó toda buena gente… nos autorganizamos para cocinar.

Pero no quería hablar de lo doméstico: estaba de ánimo combativo.

-¡Estudien, no sean policías! - le recomendó a los uniformados, con una vocecita fina pero potente como un chifle. Los universitarios, en cambio, tal vez por estar en una etapa más esperanzada de la vida o tal vez para cuidar el encuadre académico de la convocatoria, evitaron toda provocación.

Un triángulo de hierro

Grabois, de remera blanca y con una cruz al cuello, abrió la clase. Dijo que “el Lawfare es un triángulo formado por la mafia judicial, los grandes medios de comunicación y los servicios de inteligencia”. “Lo que más importa es quién tiene la varilla para hacerlo sonar que es el poder real”

Habló después sobre la vinculación al poder de los denunciantes, fiscales y jueces que actuaron en la causa Vialidad, en la que fue condenada la ex presidenta.

“Es una causa escandalosa. Arranca con una denuncia de Javier Iguacel, secretario de Energía de Mauricio Macri, en aquel momento director de vialidad y al que hace tres meses le pagaron con cuatro pozos petroleros de YPF en Neuquén, como producto del acuerdo entre Macri y Javier Milei”, sostuvo.

Cuestionó también al juez federal Julián Ercolini, que llevó la instrucción de la causa Vialidad y fue uno de los que participó en el denominado viaje del lawfare” a Lago Escondido, junto a otros funcionarios judiciales, servicios de inteligencia y empresarios de medios (todos finalmente sobreseídos por Comodoro Py). Mencionó también la trayectoria de los jueces de Casación Gustavo Hornos (“fue a visitar a Macri a la quinta de Olivos seis veces), Mariano Borinsky (fue 16 veces a la quinta de Olivos cuando el presidente era Macri, jugaba al tenis”) y Diego Barroetaveña (“el que sobreseyó a Angelo Calcaterra por el pago de coimas en la causa Cuadernos, al considerar que lo que pagó no fueron coimas sino aportes de campaña”).

Para Grabois, los doce funcionarios que intervinieron en la causa “son doce macristas”. Advirtió además, que en la Corte Suprema que deberá definir si la ex presidenta va presa “hay dos designados por decreto” y se preguntó “¿vamos a naturalizar esto?

La rifa del chancho

También participó de la clase la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda, Anabella Luccardi. “La causa Vialidad es un caso de estudio de Lawfare, una muestra del uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política”, planteó, mientras sobre el escritorio destinado a los docentes, el chancho de felpa esperaba a ser sorteado.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Mena, explicó que los hechos fueron juzgados dos veces, lo que es contrario a la Constitución. La primera vez, por la justicia de Santa Cruz, que investigó 48 obras denunciadas y resolvió que no hubo delitos. La segunda, mediante el ardid de volver a denunciar esas obras, agregándoles tres, para llegar a 51. Agregó que la auditoría realizada por Vialidad Nacional no encontró irregularidades, y que ningún perito encontró sobreprecios con la excepción de uno, Eloy Bona. Este perito designado por la Corte era manifiestamente adverso a Cristina Kirchner, al punto de haber tuiteado -antes de ser designado para el caso- contra la expresidenta (“invertí en lana así tenés algo para entretenerte en la celda”, recordó Mena que escribió el perito).

Sorpresa en la clase: una mujer interrumpe al ministro de Justicia bonaerense. Denuncia que, aunque intentó ingresar a la audiencia donde se leerá el fallo, el personal de seguridad no la dejó pasar. Se presenta a sí misma como la Justicia. “Me estoy sintiendo un poco usada por los jueces” asegura.

La justicia ha interrumpido para sortear el chancho. Se lo gana una chica, que se lo lleva entre aplausos y chiflidos.

El rol de los grandes medios

La periodista brasileña Manuela Dávila cierra la clase. Ha seguido el caso de Lula y asegura que al escuchar a quienes la antecedieron, pensó que contaban cosas “idénticas a las que vivimos en Brasil, y si fueran a Honduras o a Ecuador encontrarían los mismos, porque el Lawfare es un problema en toda América Latina”.

Dávila señaló el uso del tiempo: son procesos judiciales que se extienden porque trabajan con los grandes medios, que desprestigian a los dirigentes. “El objetivo es que la gente crea que Lula, que Cristina, son corruptos. En América Latina hemos trabajado mucho para construir instituciones que son muy frágiles, después de la dictadura, y ellos convencen a la gente de que incluso ese poquito que logramos construir no le sirve a nadie. Así llegaron tipos como Jair Bolsonaro al gobierno”.

Recordó que Dilma Rouseff fue destituida con un juicio político “sin que se le probara un solo delito” y que si Lula volvió a ser presidente, tras haber estado preso, fue porque se dio una pelea en las calles y para demostrar el armado de las acusaciones en su contra. “Hoy ellos (por los jueces de Casación) van a decir lo que quieran, porque no tienen ningún compromiso con la verdad, y nosotros debemos hacer lo nuestro, que es caminar juntos. Esta es la condena a una mujer que camina con nosotros, y por eso tenemos que caminar con ella”.

La clase llega a su final cuando adentro la audiencia de Casación ya ha comenzado, confirmando la condena. El chancho, en brazos de su nueva dueña, se pierde de vista en la desconcentración. La actividad es cerrada con un anuncio: por la tarde, Cristina estará en el Instituto Patria, y allá marchan parte de los presentes.