Este jueves, el Senado bonaerense sesionará con el objetivo de aprobar uno de los compromisos que asumió Axel Kicillof con los trabajadores del Banco Provincia. Se trata de la modificación del régimen jubilatorio que María Eugenia Vidal cambió en desmedro de los derechos adquiridos por los empleados del BAPRO. De esta manera, el gobernador pretende, entre otras medidas, recuperar la jubilación al 82 por ciento móvil y que las mujeres puedan hacerse del beneficio a los 60 años.

“Los que hoy cuestionan la restitución de este derecho son los mismo que hablaban del 82 por ciento móvil durante el gobierno de Cristina Kirchner”, señala una senadora de Unión por la Patria a Buenos Aires/12. A su juicio, las negociaciones están encaminadas para que el proyecto obtenga la media sanción y así comenzar una reparación que, para pesar de los bancarios, naufragó en 2022 por falta de quórum y el recordado llamado de Mauricio Macri para que no se apruebe.

Entre la oposición priman dos cuestiones que siguen distanciándola del acompañamiento. Al menos en el radicalismo, cuyo bloque se muestra permeable a modificar la ley 15.008 que Vidal impulsó en 2017. Por un lado, está el señalamiento de que la caja seguiría siendo deficitaria a pesar de la nueva norma de Kicillof. Por otro, que se busca aprobar de manera apresurada, con poco debate y sin apertura a conversar posibles modificaciones. Al menos, es la situación hasta el cierre de este nota, a lo que se suma el sabido voto negativo del PRO y La Libertad Avanza. 

Pero estas variables que señala la UCR no mencionan otro condimento. Sucede que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires falló en contra de la 15.008, suspendió varios de sus artículos y demanda, hace más de un año, que la Legislatura alcance los consensos para solucionar el problema que pesa sobre el máximo tribunal bonaerense. ¿Qué problema? Los casi 5 mil amparos que fueron presentados en la Justicia provincial en contra de la ley del macrismo que, desde el minuto cero, fue batallada por La Bancaria, el sindicato que comanda Sergio Palazzo.

El motivo del berenjenal judicial radica en que la norma de Vidal recortó el haber mensual de un jubilado del banco del 82 al 70 por ciento del promedio del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas los últimos diez años antes de hacerse del beneficio y las pensiones de un 75 a un 70 por ciento. Al mismo tiempo, anclaba la movilidad de los haberes del Banco Provincia a los índices del ANSES que regula a los empleados públicos nacionales. También, como se dijo, elevó la edad jubilatoria para hombres y mujeres a 65 años.

Esto motivó presentaciones de parte de los damnificados que acaudalaron sentencias que, en caso de que la Corte falle contra la Provincia, implicaría un desembolso cercano a los 30 mil millones de pesos.

Por ende, la norma que impulsa Kicillof apunta a subsanar el caos. La nueva modificación busca devolverle a los bancarios una jubilación equivalente al 82 por ciento del promedio, devolverles el derecho a las mujeres de jubilarse a los 60 años, y establecer un mecanismo para que los empleados del Banco Provincia sean partícipes con capacidad de decisión sobre futuras modificaciones al régimen y la Legislatura, junto a la Asociación Bancaria, una instancia de consulta previa.

Así las cosas, la senadora oficialista resume los dos problemas planteados por la oposición en una “cuestión ideológica”. “Ellos no entienden que el apuro es porque lo primero que queremos garantizar son los derechos adquiridos e ir por más”, remarca la legisladora. Y, además, sostiene que es imperioso cumplir con los pedidos de la Suprema Corte que viene insistiendo ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo una pronta solución.

En la vereda contraria, aseguran que volver a la posibilidad de que las mujeres se jubilen a los 60 años y no a los 65 como determinó la ley de Vidal, profundiza el déficit de la caja jubilatoria del Banco Provincia. Por estos motivos, aún continúan las dudas sobre la posibilidad de una aprobación a raíz de que no se contaría con los dos tercios para habilitar el tratamiento del proyecto.

El nuevo proyecto

“El haber inicial de las prestaciones que determinan los artículos 26 y 28 será el equivalente al ochenta y dos por ciento del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”, dice el artículo 42 de ley impulsada por Kicillof. Aquí reside el principal cambio respecto a la norma de Vidal, pero hay más.

A su vez, para mejorar las condiciones de los ingresos, la nueva norma establece que el aporte previsional de los trabajadores será del dieciséis por ciento, contra el catorce que está vigente. De esta manera, se reduce el déficit, uno de los principales indicadores apuntados por la oposición.

Respecto a los mecanismos de control y manejo de la Caja, la ley impulsada por Kicillof establece un salto cualitativo en defensa de los trabajadores. En caso de sancionarse, el Directorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del propio banco, pero también por una persona representante de las personas afiliadas en actividad y otra que vele por los intereses de los jubilados y pensionados.

Además, en su artículo 64, el proyecto del gobernador indica que las próximas modificaciones que impulse el Poder Ejecutivo provincial sobre el régimen previsional del BAPRO “deberán contar con una instancia consultiva previa a su presentación ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, de la que participarán el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Bancaria y cualquier otra asociación y/o institución que acredite un interés legítimo en los alcances de la cobertura y la sustentabilidad del sistema”.

La iniciativa actual también se hace eco de otra demanda de la Suprema Corte y elimina al artículo 41 que fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal. De esta manera, el cálculo de la movilidad de los afiliados pasivos se incrementará “con la variación porcentual de los salarios de las personas empleadas en actividad en el Banco”. Así, se deja de lado el ancla de la ANSES que estableció Vidal.

El macrismo anti bancario

Desde la propia ley que sancionó Vidal hasta los intentos de Kicillof por subsanar los problemas ocasionados por la medida, Macri y el PRO siempre consideraron a los trabajadores del Banco Provincia como “privilegiados”.

Así, en 2021, el actual gobernador envió por primera vez un proyecto de ley que reemplace a la 15.008 que tantos dolores de cabeza les causó a los trabajadores del BAPRO y a la Justicia bonaerenses. La discusión se dio a mediados de 2022, y parecía que los acuerdos estaban dados a partir de las negociaciones que encabezó, de parte del partido amarillo, el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Pero cuando las manos estaban contadas, todo se cayó y trascendió que el propio Macri dio la orden de evitar el acuerdo y no retroceder en lo sancionado en 2017. Kicillof suele mencionarlo cuando aborda el tema.

Esta situación fue un cimbronazo muy potente para la convivencia del PRO y la UCR, ya que el partido centenario tenía plena voluntad de modificar la norma vidalista. Así, el año transcurrió y llegó noviembre. Hace casi dos años se materializó el nuevo desplante de la totalidad de la oposición de aquel momento que decidió no dar quórum para tratar la norma que meses después perdió estado parlamentario.

Pero en 2023 fue la Justicia la que volvió a plantar bandera. Luego de dar como fecha límite el 14 de diciembre para resolver el problema, en marzo de 2023 determinó la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la 15.008, dejando sin efecto las modificaciones hechas por Vidal y profundizó su demanda para que la Legislatura sancione una nueva ley.