Finalmente, como se había anticipado, el histórico dirigente político Atta Miguel Gerala quedó formalmente imputado ayer en relación al saqueo de rieles del Belgrano Cargas en el norte salteño. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, le concedió el arresto domiciliario.
Atta Gerala es actualmente intendente del pueblo de Rivadavia Banda Norte, también conocido como Morillo y Coronel Juan Solá. Precisamente, la fiscalía federal lo acusa de haber puesto a disposición herramientas y maquinarias municipales para que su hijo, José Miguel "Yopi" Gerala, y otras personas sacaran rieles de las vías del Ferrocarril Belgrano para venderlos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El juez Montoya formalizó ayer la imputación contra el jefe comunal, pedida por el fiscal general federal Eduardo Villalba, quien ya el 4 de noviembre, en la audiencia de imputación al hijo del intendente y al comerciante David Edilberto Medina, por robo y contrabando de los rieles, había anticipado que la investigación se iba a dirigir al intendente de Morillo.
El fiscal acusó al intendente Gerala por los delitos de "contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario".
También le imputó el delito de malversación de caudales públicos, porque dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó y consiguió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, y también pidió el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo. Gerala ya estaba de licencia en la intendencia, donde fue reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Gerardo "Puro" Ruiz.
Por lo que dijo ayer en la audiencia el fiscal Villalba, la investigación todavía está en proceso, y es posible que terminen involucradas más personas. Villalba dijo que la imputación al intendente responde a una segunda etapa de muchas que se prevén en el marco de la investigación.
El fiscal repasó los puntos salientes de este caso iniciado el 23 de agosto de 2023 a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino que reportaron como sospechoso el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por Medina.
Dado que este comerciante ya tenía antecedentes por encubrimiento de contrabando, la investigación se focalizó sobre sus movimientos, a la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas, que permitieron determinar que además de contrabandear neumáticos de Bolivia para venderlos en el país exportaba material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo, en el Chaco salteño.
Las pesquisas se centraron entonces en el robo de rieles. La fiscalía destacó que las vías son patrimonio del Estado Nacional, además de que el Poder Ejecutivo Nacional prohibió expresamente la exportación de material ferroso a través del decreto 70/23.
La investigación estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado sólo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó que contaba con una gran estructura para el saqueo de los rieles e incluso podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en la ciudad de Orán, donde eran acopiados.
En esas circunstancias, en julio último la fiscalía recibió una denuncia que sindicaba al hijo de Atta Gerala como el principal responsable del saqueo de rieles, lo que se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que aseguró que contaba ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.
El fiscal Villalba recordó que la maniobra se completaba pasando los rieles robados por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con Bolivia, donde el material es recibido por compradores que previamente se contactan con Medina y acuerdan los valores de la transacción.
La infraestructura de papá
La investigación avanzó entonces hacia Yopi Gerala. El fiscal dijo que se comprobó que la infraestructura de la que hacía gala era en realidad propiedad del municipio. Villalba sostuvo que los Gerala se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio para concretar el delito.
Incluso señaló que parte de los rieles robados eran resguardados en predios de la municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, desde donde se secuestraron 15 rieles, valuados en la suma aproximada de 19 millones de pesos.
La fiscalía sostuvo que Atta Gerala tuvo una participación necesaria, ya que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Explicó que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por el hijo del intendente.
El fiscal volvió a resaltar el peso de la estructura de poder de la cual se valía esta organización delictiva. En ese marco, aseguró que, sin el aporte del intendente, las maniobras no se habrían podido llevar adelante.
Comparó este accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, siendo el móvil, en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado, sostuvo. Agregó que esto se agrava por el carácter de funcionario público que ostenta Atta Gerala.
El mismo fiscal pidió que el jefe comunal quede en prisión preventiva, pero con la modalidad de domiciliaria. Fundó el pedido en que podría entorpecer la investigación, influyendo en los testigos, por ejemplo. También, atendiendo a la escala de penas previstas para los delitos por los que está acusado Atta Gerala, sostuvo que el mínimo de la pena que podría recaer en el intendente sería de 5 años de cárcel, por lo que la ejecución condicional queda excluida.
El abogado Darío Palmier, que defiende a Atta Gerala, no objetó la imputación pero se opuso al arresto domiciliario. Sostuvo que su cliente estuvo a derecho en todo momento y, entre otros argumentos, descartó que vaya a entorpecer la investigación. Gerala, en tanto, negó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.
Al resolver, el juez Montoya sostuvo que las pruebas muestran que el intendente hizo un aporte importante en la ejecución de la maniobra delictiva. También coincidió con la fiscalía en el arresto domiciliario, dijo que es más que evidente que Gerala tiene un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco que fue diputado.
Pedido de informes
Por otro lado, en otra instancia de los sucesos que rodean a este caso, el Concejo Deliberante de Morillo aprobó ayer solicitar al Ejecutivo Municipal que "en un plazo de 48 horas" informe "acerca de la situación judicial del intendente Atta Miguel Gerala".
La iniciativa, presentada por tres concejales de la oposición, fue aprobada por unanimidad.
Atta Gerala es el segundo intendente de Salta involucrado en causas judiciales. El otro es Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, que fue acusado en el fuero provincial por interferencias en la causa en la que se investiga el asesinato por sicarios de su hermano, César "Oreja" Martínez.
Carlos Martínez era intendente de Aguas Blancas. Igual que Gerala, cuando saltó a la luz la investigación en su contra, pidió licencia en su cargo, lo que no evitó que en tiempo récord la Legislatura dispusiera la intervención de su municipio. En el caso de Gerala, hasta ahora no ha habido pronunciamientos de la Legislatura salteña.
