¿Adónde puede recurrir una mujer, travesti, trans, no binarie, intersex, que sufra violencia por motivos de género? La destrucción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una de las primeras medidas del Presidente Javier Milei, que desconoce cualquier discriminación por género y anda por el mundo denostando al feminismo. "Por primera vez en 4 décadas Argentina no cuenta con un organismo rector de políticas contra las violencias", alertaron desde el Equipo de Justicia y Género, ELA, tras la disolución -justo en el mes de junio, en el aniversario de Ni Una Menos- de la Subsecretaría a la que había sido confinada la cuestión de las violencias. "El desmantelamiento de políticas públicas clave ha generado un impacto devastador para las mujeres y colectivos vulnerables", subraya Agustina Rossi, licenciada en Sociología, magíster en Estudios de Género e integrante del Área de Políticas de ELA. 

Vaciamiento total

El detalle de ese impacto es contundente. "El acceso a la justicia no solo significa poder presentar una denuncia, sino contar con una red de apoyo que asegure protección, asesoramiento legal, y recursos económicos para quienes sufren violencia. Al eliminarse programas esenciales como la Línea 144, el Programa Acompañar y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), se ha roto esa red de protección, dejando a miles de mujeres sin alternativas concretas para salir del ciclo de violencia", expresa Rossi. 

La reducción del 28% en el presupuesto de la Línea 144 y el despido del 42% de su personal en 2024 "ha limitado gravemente la capacidad de respuesta, dejando turnos con apenas tres operadoras para manejar una creciente demanda de mujeres que buscan asistencia inmediata en situaciones de peligro​". 

El análisis de Rossi se basa en evidencias. Mientras el gobierno lanza estas decisiones como piezas claves de lo que denomina su "batalla cultural". Y los cientos de despidos en todo el país como una nueva caza de brujas, esta vez de empleadxs estatales. 

Como las vidas de las mujeres no les importan, urge poner una lupa en lo que estos recortes implican de forma concreta. "En términos de acceso a la justicia, El Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico vital a las víctimas, también ha sufrido recortes severos: la cantidad de beneficiarias cayó un 98.63% en el primer trimestre de 2024 en comparación con 2023, a pesar de que el 54.4% de las solicitantes estaban en situación de alto riesgo. Esto significa que muchas mujeres han tenido que regresar con sus agresores porque no cuentan con los recursos para mantenerse seguras​", puntualiza Rossi. 

Como si esto fuera poco, el gobierno nacional impuso, en el Decreto 755/2024, el requisito de la denuncia judicial para iniciar el trámite del Acompañar. "Esto ha puesto a las víctimas en una posición aún más vulnerable, dado que solo dos de cada diez mujeres denuncian debido al miedo y la desconfianza en el sistema judicial​. Esto obliga a las mujeres a elegir entre su seguridad y la posibilidad de recibir apoyo económico", detalla Rossi.

El argumento de las prioridades económicas también es falaz. "Cuando el Estado interviene en estos casos de riesgo alto o altísimo, gasta hasta 22 veces más que si hubiese intervenido de manera temprana. 22 veces más es el gasto que el Estado tiene que hacer por dejar que la violencia escale a niveles de alto o altísimo riesgo". 

Las decisiones del Estado nacional tienen efectos en las ciudades y pueblos de todo el país. "Muchas áreas de género a nivel local habían logrado abrirse e instalarse en sus ciudades a partir del apoyo que les brindó el entonces Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y que hoy por hoy están teniendo que cerrar". En esos lugares, el área local era el único recurso que existía. 

Tampoco es aceptable que se hable de la ineficiencia de estos programas. El ejemplo más claro es el plan ENIA, para prevenir el embarazo adolescente no intencional, creado en 2017. "El Plan ENIA es una política pública emblemática por su eficacia comprobada en la reducción de embarazos adolescentes. En 2018, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación", expresa un documento firmado por ELA, junto a Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Redaas (Red de Acceso al Aborto Seguro en la Argentina). "Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años".  

Según el análisis que hace ELA del proyecto de presupuesto 2025, "se observa un recorte para el Plan ENIA, con una caída del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023".

Los datos son contundentes. "La línea 144 es el dispositivo más reconocido por las mujeres que están en situación de violencia: 8 de cada 10 mujeres dicen conocerla y hoy por hoy es una de las políticas que ha sido fuertemente desmantelada por el Gobierno, habiendo perdido en lo que va del 2024 casi el 40% de su planta de trabajadoras y mostrando una subejecución del presupuesto del 29%", ejemplifica Rossi. 

Pilar Escalante fue subsecretaria de Políticas para la Igualdad durante el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández. "Dado que la mayoría de las personas que viven bajo la línea de pobreza son mujeres, querer separar las políticas de género de las políticas de acompañamiento, asistencia, atención de personas en situaciones de vulnerabilidad, es un sinsentido", considera Escalante, que es licenciada en Ciencia Política. "En momentos de crisis económica es cuando más se necesitan políticas de género", considera. 

Pone la lupa en otro programa, Registradas, que promovía la registración de las trabajadoras de casas particulares y se frenó. "Esto implica que miles de mujeres vean vulneradas su situación económica, su situación laboral, sus derechos, que las familias no reciban acompañamientos para poder contratar personas que les ayuden en las tareas de cuidado y esto haga que más mujeres tengan que ocuparse de ellas de manera gratuita", señala. 

El odio al feminismo

El gobierno "aplica sistemáticamente políticas que atacan a las mujeres y la diversidad. De hecho, entre los sectores que más están sufriendo el ajuste están la docencia, una tarea netamente feminizada, y las jubiladas, que pudieron acceder muchas a la llamada jubilación de amas de casa, una prestación que ahora se va a cortar". Más que ahorro económico, generan mayor pobreza, mayor vulneración para los sectores ya vulnerados.

Y la base de esas decisiones políticas es el odio. "Hay un ataque profundo hacia todos los espacios que construyen desde lo colectivo y no desde lo individual. Por eso los ataques a los comedores comunitarios, también llevados adelante en su mayoría por mujeres", analiza Escalante. "Se está queriendo atacar el tejido social que nos une como seres humanos y eso es lo que el feminismo construye en todos los espacios". 

El odio al feminismo está exacerbado en el gobierno de Javier Milei. "Ese odio se refleja en todos los espacios de nuestra vida. Crecieron los crímenes de odio, los ataques discriminatorios en la calle, creció el desempleo, no hay herramientas ante las situaciones de violencia de género. Todo esto no muestra un ordenamiento económico sino netamente odio y desprecio", plantea Escalante. 

Hay otros números, que le dan carnadura a estas decisiones. Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2024, se produjeron 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

"Los datos más relevantes son que 276 hijas /hijos quedaron sin madre, el 52% son menores de edad; el 54% de los agresores eran parejas o exparejas". Desde esta organización civil señalan: "Quedó claro que el género no es un tema de agenda; algo que se reafirma al ser Argentina el único país del G20 que rechazó firmar el documento sobre Empoderamiento de la Mujer, acordado en Brasilia por ministras y secretarías de Mujeres y de Igualdad de los países miembros". Lo que hace la sociedad civil, mientras se ocupa de asistir a las mujeres que ya no cuentan con protección estatal, es exigir "al ministro de Justicia Cúneo Libarona que, de una vez por todas, su Ministerio responda nuestros reclamos".