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Convertir la protesta en un delito ya es un latiguillo del gobierno de Javier Milei bajo el mando de Patricia Bullrich en materia represiva. Repartir palos, gases, detener y armar causas sin fundamentos probatorios, con la ayuda de muchos amigos en el poder judicial, es la especialidad de la ultraderecha que hoy dirige el país.
El pasado miércoles 6 de noviembre el grupo de jubiladxs que protesta una vez por semana desde hace más de seis meses frente al Congreso, celebraba en la Avenida Rivadavia el repliegue de la Gendarmería Nacional que media hora antes se había apostado para reprimirlxs. Porque si vamos a hablar de criminalización de la protesta, el sector organizado que resiste por excelencia es ese que reclama una jubilación digna.
Dos horas antes cerca de una de las sedes del PAMI una ambulancia del SAME debió trasladar de urgencia a un jubilado que recibió un golpe en la cabeza de la policía, fue tan fuerte que se desmayó. Hoy está fuera de peligro pero la línea de que termine mal quedó muy delgada y no es la primera vez que sucede, ni será la última ¿Qué busca Bullrich cuando manda a darle palos y gases a adultxs mayores que apenas tienen para comer y que ya no pueden comprar su medicación?
Convertir un derecho en delito
El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” publicado el 14 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la resolución 943/2023, establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan a quienes se manifiestan sin orden judicial.
“El protocolo además habilita a la policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penalmente. Al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de la protesta, anula por completo el derecho a manifestarse. Las Naciones Unidas, a través de sus relatorías especiales, expresaron que este protocolo implica la criminalización de la protesta y va en contra de derechos y garantías básicas”, señala el informe “Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina”, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en julio, trabajo que analiza el accionar de las fuerzas represivas durante los primeros seis meses del gobierno de Milei.
Un protocolo que legitima el accionar violento e ilegal de las distintas fuerzas de seguridad, que se sincronizan para actuar y muchas veces superan el número de manifestantes. La norma represiva de Bullrich algunas veces se aplica, otras no, no está claro el criterio aunque se podría afirmar que un bajo número de manifestantes propicia su cumplimiento. El modus operandi es siempre el mismo: la policía empuja, presiona y si está cara a cara con manifestantes lxs golpea con sus palos en las piernas, a escondidas, con disimulo, sin que capten las cámaras. Provocaciones válidas para apretar el gatillo del gas pimienta directo a los ojos.
“Las balas de goma son disparadas al rostro, contraviniendo todas las reglas internacionales de uso de estas armas. El resultado es que varias personas sufrieron heridas oculares graves. Entre ellas, el abogado defensor de derechos humanos Matias Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). Matías estaba en la manifestación del 1° de febrero frente al Congreso para hacer un relevamiento sobre el accionar de las fuerzas de seguridad cuando recibió un balazo en el rostro. Tuvo que ser operado y perdió la visión del ojo izquierdo. También Claudio Astorga, militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió la visión de un ojo por un impacto de bala recibido cuando la policía desalojó a un grupo de personas que pedían alimentos frente al Ministerio de Capital Humano el 10 de abril”, señala el CELS en su informe.
La criminalización de la protesta que ejerce el gobierno nacional tiene aliadxs fuertes en el poder judicial, tal es el caso de las causas armadas con imputación de delitos y privación de la libertad que sostienen fiscales y jueces que además legitiman el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en el momento de la aprehensión.
“Las fiscalías no controlan la actuación policial, sino que usan la información inverificable que les pasa la policía como base para construir hipótesis conspirativas, como la supuesta pertenencia a organizaciones políticas que ejercen una violencia premeditada para desestabilizar al gobierno. Buscan así encuadrar las acciones de quienes se manifiestan en tipos delictivos graves, como asociación ilícita o sedición. Se trata siempre de construir una pseudo evidencia que, amplificada por los medios masivos, brinde sustento a las declaraciones de autoridades políticas que ante cada protesta acusan a las y los manifestantes de delincuentes y a las organizaciones o sindicatos de desestabilizadoras o de terroristas y golpistas. La otra cara de las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la imputación de delitos fuera de toda escala, es la ausencia de investigaciones judiciales sobre la violencia policial”, detalla el CELS en su trabajo.
El 12 de junio mientras se discutía la Ley Bases en Congreso, afuera la calle estaba llena de manifestantes, ese día 33 personas fueron detenidas por distintas fuerzas de seguridad. El fiscal Carlos Stonerlli las definió como terroristas que intentaron llevar a cabo un golpe de Estado, una hipótesis totalmente inverosímil y desajustada de la realidad cuando las personas cazadas por la policía eran vendedores ambulantes, estudiantes y hasta transeúntes que ni siquiera participaban de las protestas, sino que simplemente pasaban por la zona.
Pocas horas después de las detenciones arbitrarias la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Stornelli dejando en libertad a 17. Una semana después dictó la falta de mérito para once que en ese entonces ya habían sido trasladadxs a penales de máxima seguridad. Servini de Cubría tardó casi un mes en dictar la falta de mérito a las cinco personas que permanecieron privadas de su libertad para luego confirmar que esas causas armadas por Stornelli no tenían ninguna solidez. Nunca hubo un fundamento sobre el supuesto peligro de fuga o entorpecimiento para que permanezcan presxs, con semejante arbitrariedad se manejó la justicia.
La criminalización de la protesta tomó otras formas cuando en mayo comenzó la persecución y el hostigamiento a distintas organizaciones sociales y sus referentes que se manifiestaban en las calles para denunciar las políticas de hambre y ajuste. El gobierno inició una campaña de difamación contra los movimientos de base, dijeron que las organizaciones lucraban con los alimentos y los programas sociales, mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa sin entregar toneladas de comida a punto de vencer, destinada a los sectores más vulnerables. Además, se realizaron mega operativos que incluyeron allanamientos violentos en comedores y en las casas de sus integrantes, algunxs de ellxs quedaron imputadxs en causas que no luego no prosperaron.
Consecuencias de la criminalización de la protesta
El gobierno de Milei se propuso silenciar toda voz disidente al gobierno a través del miedo que genera la represión en las calles y la persecución judicial. Sin embargo, los hechos han demostrado que cuando se unen las demandas, se construye unidad y la calle desborda de cuerpos que se manifiestan de forma masiva, el brazo armado del Estado no tiene legitimidad para disparar y el miedo se desvanece.
En un contexto de aumento de la pobreza acompañado por una legitimación de la violencia estatal, resulta necesario analizar las consecuencias que produce en la sociedad la criminalización de la protesta para generar estrategias de resistencia. La doctora en filosofía, docente e investigadora, Moira Pérez reflexiona sobre el clima social.
¿Qué consecuencias genera a nivel social la criminalización de la protesta?
--Hay dos efectos que me parece importante destacar. Primero, más obvio, el miedo. Muchas personas tienen un miedo concreto y realista respecto de qué les puede pasar si protestan. En este sentido creo que fue estratégico por parte del gobierno detener en las manifestaciones de junio a personas de distintos perfiles: no hace falta ser militante, o formar parte de una organización, para que te toque - es riesgoso simplemente salir a la calle. Esto va muy en la línea del modelo individualista y de reclusión de los sujetos en su mundo privado, reclusión paradójicamente impulsada por quienes alegan defender la libertad y se empoderaron en las protestas contra la cuarentena. El segundo quizás es menos obvio, y es el de la producción performativa de la peligrosidad. Al apuntar el sistema penal contra alguien, configuramos a esa persona (e incluso al grupo que representa) como peligroso. De la misma forma que si nos enteramos de que algo es delito pensamos "debe ser algo malo", si alguien es criminalizado pensamos "debe ser peligroso". Construimos a un sujeto peligroso que lo es solamente porque lo señalamos (de forma reiterada, y con el aval del aparato institucional y mediático) como tal. Como consecuencia se desarticula lo colectivo (por suerte esto no llega a ser del todo exitoso; la colectivización se da de otras formas) y se refuerza esta representación de que la salida es individual. Pero la pobreza, la exclusión, y la concentración de la riqueza (me parece fundamental hablar de concentración de la riqueza, porque así se construye la pobreza), son estructurales, y por eso mismo la salida nunca puede ser individual, ni tampoco quedar enteramente en manos de las instituciones burguesas.
¿Qué representa la criminalización de la protesta en un contexto de aumento de la pobreza?
--Quienes gestionan el aparato estatal entienden que el proceso de redistribución y concentración de la riqueza puede traer consigo un fuerte descontento (si lo hace o no, y qué forma toma ese descontento, es otra cosa). Ante ese descontento, que suele referirse a situaciones cotidianas (no me alcanza la plata, compro un celular con esfuerzo y me lo roban, etc.) pero tiene por detrás una realidad de injusticia estructural, el Estado puede neutralizarlo mediante medidas positivas, o reprimirlo por la fuerza y el miedo. El gobierno actual eligió la segunda vía. No me parece casual que los primeros diez días de este gobierno conjugaron dos paquetes de medidas para empezar con ese proceso de concentración y precarización (devaluación y otras medidas económicas, y DNU 70) con el protocolo represivo. Era esperable que sucediera esa protesta, y había que dejar todo listo para desalentarla. Pero me parece también importante prestar atención a los otros mecanismos para impedir la protesta, que tienen que ver más con la neutralización no represiva. Pienso en los impresionantes esfuerzos de ciertos sectores políticos por desmovilizar el descontento, por ejemplo desviando la energía al ámbito legislativo o a las elecciones del 2025 (en las asambleas estudiantiles o las burocracias sindicales esto viene mostrándose de forma muy evidente y explícita). Obviamente el debate legislativo y las elecciones son importantes como procesos democráticos, pero dada la configuración del Estado y los intereses que representa, nunca puede ser la única vía si lo que buscamos es una transformación radical (empezando por la erradicación de la pobreza y del capital concentrado).
¿Crees que el gobierno logró legitimar el castigo que ejerce sobre el derecho a protestar?
--Es difícil evaluar esto, por la generación artificial de una "temperatura social" a través de los medios y redes. No me parecen prudentes esas afirmaciones de "la gente quiere/piensa/pide..." en un momento como el actual en el que vivimos en esto que la epistemología contemporánea llama "cámaras de eco". Pero sí están haciendo muchos esfuerzos de tipo discursivo para legitimarlo. Estos esfuerzos se acoplan a dinámicas políticas preexistentes, en las que también se invirtió mucho recurso discursivo y material para representar el juego político como una oposición maniquea entre "nosotros" y "ellos". Lo que se está haciendo ahora es usar esa misma grilla para reubicar a los actores sociales de acuerdo con los grupos de interés a los que responde este gobierno. Quizás algunas personas se están dando cuenta recién ahora del problema de esas grillas, porque ahora ocupan ese lugar del "ellos". Y quizás parte de la adhesión que genera este gobierno en algunas personas, y el placer que les genera ver esa represión, sea la satisfacción de finalmente ser admitido en el "nosotros" y tener la revancha contra esos "ellos" que los despreciaron o subestimaron por tantos años.
