El hambre no se negocia: la resistencia de las organizaciones sociales en los barrios

A un año de la elección de Javier Milei como presidente de la Nación, los barrios populares atraviesan una realidad compleja y preocupante. El cambio prometido, enarbolado por discursos contra la “casta” y a favor de “la libertad” —con la motosierra en mano—, significó, para miles de vecinas y vecinos, una profundización de la desprotección estatal. En un contexto de creciente pobreza, desigualdad, la falta de políticas públicas efectivas se traduce en escasez de trabajo, carencia de necesidades básicas y la desarticulación de las redes comunitarias. Las personas que viven en villas, barrios populares o que se valen de la economía popular para salir adelante, enfrentan hoy un escenario adverso.

Las organizaciones sociales, que históricamente ocupan un lugar clave en la construcción de lazos y redes de contención, ahora sufren la creciente persecución política y los discursos de odio que criminalizan a quienes luchan por la justicia social, una “mala palabra” para el gobierno de turno. En este contexto, las voces de referentes como María Claudia “la Negra” Albornoz, integrante de La Poderosa y vecina del barrio Chalet en Santa Fe, y Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación y referenta de Argentina Humana, permiten asomarnos a una realidad en la que, a pesar de todo, las redes de solidaridad siguen siendo un lugar de resistencia.

Los comedores, merenderos y otras iniciativas comunitarias enfrentan ahora una doble crisis: la falta de recursos y la creciente criminalización de la pobreza y la lucha social. Mientras el Estado se retira, avanza el narcotráfico, pero los barrios populares siguen organizándose.

El hambre en el centro

Según el informe de UNICEF "Situación de la niñez y la adolescencia" de abril de 2024, un 52% de los hogares del país tuvo que recortar alimentos debido a la falta de plata, una cifra que se disparó un 11% en el último año. La premisa “no hay plata” se está cumpliendo desde que el libertario está en el poder, lo curioso es que la falta de dinero se manifiesta de manera explícita en los sectores empobrecidos: "La construcción que habíamos logrado a través de las redes de Cuidado Comunitario, como los comedores, las casas de las mujeres, los apoyos escolares y las cooperativas, se ha visto enormemente afectada" explica Claudia Albornoz, refrente de la poderosa y destaca el impacto directo de las políticas de ajuste, que profundizan la escasez y la desigualdad, y atacan de manera directa las redes de cuidado comunitario que sostenían a muchas familias: "Especialmente las mujeres salimos a trabajar para generar ingresos, pero ahora tenemos que trabajar dos o tres veces más de lo que lo hacíamos antes. En esta triple jornada que implica trabajar dentro de casa, fuera en el mercado, y en lo comunitario, los ingresos no nos alcanzan para cubrir los gastos más básicos" explica en diálogo con Las12

El INDEC, evidenció que el índice de pobreza en Argentina alcanzó el 52,9% durante el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento de 12,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023, cuando la pobreza era del 40,1%. También aumentó la indigencia. Si se proyectan estos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a nivel nacional, casi 25 millones de personas viven en situación de pobreza, lo que equivale a 6 millones más que en el segundo semestre de 2023, y de esos, 8,5 millones se encuentran en situación de indigencia. Sobre este relevamiento, Claudia agrega los datos del Observatorio Villero que arroja un 86% de pobreza en los barrios populares, familias que no tienen para llegar a una canasta básica que hoy está casi en un millón de pesos.

Estos números reflejan la ausencia total del Estado en lugares estratégicos como: comedores, merenderos y barrios populares. Las medidas de ajuste implementadas tienen un impacto en sectores con derechos vulnerados: los jubilados y jubiladas con ingresos mínimos, trabajadorxs de la economía popular, cuidadoras y  los jóvenes.

Motosierra a la olla

En un año la motosierra Milei se ocupó de implementar un plan detallado y sistemático de eliminación y desmantelamiento de programas y organismos, que colaboran a sostener la alimentación de la población, la calidad de ese alimento, la producción y comercialización. También desprestigió a las trabajadoras de esos comedores, muchas de ellas beneficiarias de la AUH, salario social o el Potenciar Trabajo, la mayoría mujeres que ocupan tareas esenciales para el sostenimiento de la vida de muchxs. Está claro que el plan de ajuste del Gobierno de Milei, tiene cara de pobreza. También de violencia y persecusión a quiénes abogan por la justicia social.

Fernanda Miño, reconoce que todavía sigue atravesada por el violento allanamiento policial que sufrió en su casa del barrio La CAVA, hace apenas un mes y que aún se está investigando. La violencia que sufrieron ella y su familia, no tiene precedentes y dejó huellas en todos los integrantes, que a pesar de todo continúan con una participación política activa, que hoy se centra principalmente en denunciar la falta de políticas públicas en los barrios y que las bandas narco se están adueñando del territorio. "Cuando el Estado desaparece, podés hacer algo para subsistir si tenés los recursos, pero si no el destino es el Mercado Central, ir a cartonear, o la economía criminal que hoy es algo muy tentador para los pibes", reconoce Fernanda y continúa "hoy ya no solo es el narcomenudeo. El narcotráfico se usa como modo de vida, para comprar cosas básicas desde pañales a sus hijos, útiles o la garrafa de gas." Hace un paralelismo con la situación en el barrio a principios de los 90s y se da cuenta que había una naturalización de la participación de los narcotraficantes en el barrio, la división de los territorios, la violencia. Esta situación de desesperación hace que las familias “estén muy expuestas a que las encuentren en plena calle con drogas, por ahí no consumen, pero hoy están pasando estas cosas en los barrios. El Estado se retira y aparece el narcotráfico, algo que puede financiar desde un cumpleaños o una olla popular."

 

Las redes de cuidado comunitario en crisis

"No somos pobres porque queremos. Sabemos que las políticas de este gobierno nos ponen en esta situación de pobreza extrema", explica Claudia, vocera de la organización La Poderosa, quien también nació en un barrio empobrecido. Claudia asegura que el gobierno sigue sin enviar mercadería, lo que complica enormemente el trabajo en los comedores y merenderos. Ahora, son los propios integrantes de las organizaciones quienes deben salir a buscar alimentos o donaciones para garantizar las ollas populares. A esta preocupación se suma el temor de muchas trabajadoras comunitarias, que solían desempeñarse como cocineras o promotoras territoriales. El miedo proviene de la demonización de las organizaciones sociales y el señalamiento de quiénes participan en ellas.

Entre las redes de cuidado comunitario que las organizaciones sociales vienen construyendo están los comedores, lugares que funcionan todos los días y cocinan para una gran cantidad de personas que no tienen los ingresos suficientes para alimentarse. “La falta de los recursos para sostener los comedores nos afecta a todos, también la intensificación de los discursos de odio, especialmente por parte del Presidente de la Nación, quien señala a quienes vivimos en situación de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. El gobierno de Milei nos están ahogando; trabajamos tres veces más para generar ingresos que no alcanzan. A esto se suma el aumento de las tarifas de transporte en todo el país. Para salir a trabajar desde los barrios populares, tenemos que hacer muchos más esfuerzos, lo mismo para enviar a los chicos a la escuela. Sumado a los discursos que atacan el trabajo y la construcción que veníamos haciendo durante años en la Argentina, esto golpea directamente a la base de la pirámide social, donde los índices de pobreza son altísimos” , relata Claudia.

 

Sobre este tema es importante destacar que hace dos semanas el juez federal Walter Lara Correa ordenó al Gobierno que garantice el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios. Una sentencia que se emitió en el marco de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El fallo exige que el Ministerio de Capital Humano mantenga los programas alimentarios sin regresiones y que se realicen informes mensuales sobre su implementación. En esa línea el dirigente social Juan Grabois, denunció al Gobierno de Javier Milei, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la “destrucción de las políticas sociales”, sobre todo, la discontinuar en entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios desde el 10 de diciembre de 2023.

Según figura en el pedido de audiencia a la CIDH, las políticas afectadas fueron: el Programa Potenciar Trabajo, monotributo social que ya vivió varios intentos de eliminación, las políticas alimentarias: el ministerio de Capital Humano continúa sin enviar alimentos a los comedores y merenderos de las organizaciones sociales, a pesar de que ocho fallos judiciales se lo ordenaron, y el desfinanciamiento de la urbanización de los barrios populares, con miles de obras que quedaron a medio hacer.

Las caras visibles de la crisis

El recorte y eliminación de las políticas de género existentes hace que muchas personas estén más desprotegidas, o decidan no denunciar hechos de violencia. Muchos recursos permitían sostener figuras como las de las promotoras barriales “era un trabajo de mucha vocación, pero a muchas le permitía estar al servicio de otras, fue algo muy importante para las mujeres del barrio, se trata de otra práctica que hoy está deteriorada, por la falta de recursos económicos y por el estigma que se le pone a todo lo que es social, solidario”, dice la dirigente de Argentina Humana.
 

Uno de los datos más impactantes del informe “La cocina de los cuidados” es que las mujeres son las más afectadas por esta crisis. El 74%, reportan que la situación de su hogar ha empeorado, debiendo ajustar la alimentación, tanto la propia como la de los demás. Además, el 57% de las familias que asisten a comedores barriales o escolares encontraron menos comida en los últimos meses, y el 6 de cada 10 mujeres han sobrecargado el tiempo destinado a cuidar de los niños y las personas mayores. Claudia expresa lo que ve a diario, la carga recae principalmente sobre las jefas de hogar, una premisa conocida pero que hoy es aún más notoria, son ellas quiénes enfrentan la escasez económica en un contexto de sobrecarga de trabajo doméstico y comunitario. "Trabajamos tres veces más para generar ingresos que no alcanzan, y eso se ve reflejado en las familias", comenta la referente de La Poderosa sobre una situación muy frustrante y desgastante.

En relación a este tema Fernanda agrega que “estamos viendo que empiezan a implosionar las problemáticas de los hogares: adicción al alcohol, a las drogas, la apatía de los jóvenes por ir a la escuela, o porque tienen que salir a trabajar o porque su mamá tiene que salir y él quedarse a cuidar a los más chicos también la violencia de género. Entonces todo eso se va degradando”. Es por eso que insiste en la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las familias para poder estar mejor. Pone como ejemplo el Potenciar Trabajo que permitió que muchas mujeres trabajan en cooperativas, puedan tener su independencia económica o generar un empoderamiento comunitario, un pueblo consciente de sus derechos y formado, “lo virtuoso de estas políticas es que hacían que vos tengas además de la modificación de tu barrio, tener un hábitat digno donde poder trabajar”.

Claudia, por su parte, denuncia la impronta violenta que tiene el gobierno nacional que intenta desarticular uno de los bienes más grandes que tienen lar organizaciones sociales, el trabajo comunitario: “quieren llevarnos al ámbito individual, todo con la complicidad de los medios hegemónicos que nos tratan como el enemigo, nosotros seguimos apostando a la organización”. Mientras tanto las políticas de gobierno se concentran hacia un sector minoritario dándole privilegios a un sector que niega la pobreza y la crisis.

“Para el poder concentrado no hay nada peor que una persona humilde empoderada, consciente de sus derechos, pero cuando empezás a ocupar un rol en la política y cuestiona sus privilegios”, reprocha Fernanda trayendo la experiencia como funcionaria y todas la persecución y estigma que está viviendo. A pesar de todo es obstinada, sus convicciones son claras y coherentes: “la tarea de quiénes somos militantes es tener fe, mantenernos unidos y recordaron la importancia de estos años de construcción colectiva. No se pueden bajar las banderas que costó tanto conseguir. Hoy mi rol es impulsar una resistencia activa, motorizar y dar esperanza”.

Frente a este panorama, la respuesta sigue siendo la organización social. La solidaridad entre vecinas y vecinos, la escucha atenta y activa, y el fortalecimiento de las redes comunitarias, que se pretenden destruir. En un contexto que nos impulsa al individualismo y al "sálvese quien pueda", estas prácticas colectivas son un acto de resistencia, de esperanza y convicción.