El despacho del juez federal Marcelo Bailaque fue allanado ayer y su teléfono secuestrado, al igual que el de su secretario. El magistrado quedó en el ojo de la tormenta por una causa en la que se investiga una posible interacción con un responsable de AFIP, cuyos aparatos de comunicación también fueron requisados. Los agentes de Gendarmería Nacional allanaron además oficinas de AFIP-Aduana de Santa Fe, Rosario y de la Aduana-Hidrovía.

Uno de los allanados es un alto jefe histórico de delegaciones de la AFIP en Rosario: Carlos Vaudagna, que estuvo a cargo de las delegaciones de Santa Fe y de Rosario del organismo recaudador. Y que ahora, luego de un sumario interno, se desempeña como asesor externo de la dependencia en Santa Fe, con cobro de sueldo. El funcionario había recibido una probation en 2022, en una causa paralela derivada por la investigación de los papeles de la firma Vicentín. Vaudagna había aceptado que eran suyos 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin.

En la causa actual se analizan "favorecimientos indebidos" a gente con problemas legales,  cadena en la que estarían implicados funcionarios judiciales, de la AFIP, de la Aduana y profesionales de estudios jurídicos y contables.

Esta causa y otras dos más están impulsadas por los fiscales de Procunar Matías Scilabra, el fiscal federal Federico Reynares, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, el de Reconquista Roberto Salum y el de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay.

La sospecha es que el magistrado se muestra muy "proactivo" en algunas causas en terrenos donde antes se manejó con cautela y en ciertos casos termina cerrando el expediente con falta de mérito. Lo que los fiscales quieren tratar de probar es si hubo algún tipo de contacto desde el despacho oficial hacia esos "beneficiados".

Antes de este operativo, el Consejo de la Magistratura ya tenía avanzado un trámite contra Bailaque iniciado en abril pasado, que podría terminar con su destitución. Se trata de un expediente que se abrió por la denuncia de dos fiscales del MPA de Rosario -Luis Schiappa Pietra y Matías Edery- por las demoras del juez federal para intervenir en 2013 los teléfonos de una banda narco rosarina. Se trata de la causa por haber favorecido al capo narco Esteban Lindor Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal. Antes de este operativo, el Consejo de la Magistratura ya tenía avanzado un trámite contra Bailaque iniciado en abril pasado, que podría terminar con su destitución. Se trata de un expediente que se abrió por la denuncia de dos fiscales del MPA de Rosario -Luis Schiappa Pietra y Matías Edery- por las demoras del juez federal para intervenir en 2013 los teléfonos de la banda narco rosarina.

Alvarado, fue condenado recién en 2019 por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como para terceros .

 La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo llevaba adelante la diputada Roxana Reyes, que fue recusada por Bailaque.

La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, trascendió. El contador de Alvarado y el juez tienen una relación estrecha y de larga data, puesto que han sido compañeros de secundaria.

Según señalaron fuentes cercanas a la investigación, las maniobras que están bajo sospechas serían similares a las que llevaba adelante el Mendoza el exjuez federal Walter Bento, acusado de cobro de coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este magistrado fue destituido por el tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura en noviembre pasado y ahora enfrenta un juicio y está detenido en el penal de Campo Cacheuta.