Maximiliano Pullaro consiguió ayer en Legislatura la herramienta para remover a casi todos los ministros actuales de la Corte Suprema de Justicia, en especial al presidente, Rafael Gutiérrez, con quién ya tiene una guerra declarada. Sus alfiles diputados unidos lograron la aprobación de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el número de miembros del máximo tribunal, de los 6 actuales a 7, y fijar los 75 años de edad como tope para que dejen el cargo, hasta ahora casi vitalicio. El peronismo votó dividido, y el resultado entre 48 presentes fue 34 votos a favor, 12 negativos y solo la abstención de un legislador del bloque Somos Vida. Enseguida pasó al Senado y ahí fue un trámite exprés, donde el bloque justicialista se abstuvo y permitió así que la reforma sea ley.

El proyecto a pedir del Ejecutivo se nutrió de varios aportes, empezando por el del bloque Socialista, pero también el Ariel Bermúdez (Creo), de Palo Oliver, y del perottismo. Establece que la Corte deberá completarse con siete miembros, en paridad de género. Actualmente deberían ser 6, pero son 4 porque este año renunciaron la única mujer, María Angélica Gastaldi, y Mario Netri. Además, fija los 75 años como máxima edad para integrar ese tribunal. Ocurre que la Constitución provincial manda como tope los 65 años, pero por un caso extraordinario (el del ex juez Casiano Iribarren) todos los que siguieron saltearon esa regla y continuaron en sus poltronas.

El tratamiento salió exprés y luego de cambiar el orden de sesión en Diputados, así pasaba en el mismo acto al Senado y se hacía ley de una. Del tope de edad, fijado en 75 años, ahora solo se salva Daniel Erbetta, de buena sintonía con el Ejecutivo hasta acá. El resto no. Y una vez que la ley sea publicada en el Boletín Oficial, el gobernador tendrá las manos libres para impulsar la renovación de la Corte.

El argumento inicial lo presentó la socialista Lionella Cattalini, que se posó en el descrédito popular del Poder Judicial y llamó a "repensar las instituciones". De ahí que defendió el proyecto en debate en aras de "la claridad y la eficiencia jurídica", y la armonización con el tope de edad que manda la Constitución nacional. 

Amalia Granata criticó la reforma como "una tramoya política del gobernador", y acusó a sus pares de ser "la escribanía de Pullaro, que más que monarca será Gildo Pullaro", acicateó en alusión al perpetuo gobernador formoseño, Gildo Insfrán.

Por eso Cattalini replicó: “Aquellos actores con responsabilidad institucional y les gusta hablar de monarquía, son los mismos que quieren atarse a cargos vitalicios. En esta Legislatura sabemos cuándo se termina nuestro mandato".

Fabián Palo Oliver, que aportó al texto de ley, celebró por el lado de que "los cortesanos tienen un promedio de vida de 77 años, y de 26 años de mandato. Y esta Corte garantizó la impunidad en dos causas centrales: la represión de diciembre de 2001 y la inundación de 2003. Tenemos la firme convicción de que estos cortesanos no pueden estar más en su cargo”, lanzó.

Rubén Galassi defendió la parada oficialista. "Parece que en un tiempo está bien usar la mayoría, y en otro tiempo está mal. Respeten porque estamos acá por voluntad popular, una alternativa cuyo gobernador sacó 1 millón de votos, como nadie", reclamó. Y distinguió: "Una cosa es la inamovilidad de los jueces, otra cosa es la perpetuidad. Si estos ministros hubieran tenido otra conducta la renovación se habría dado naturalmente y no estaríamos discutiendo esta ley". 

El perottista Marcos Corach fundamentó el voto positivo de su sector en nombre del "tiempo político", y acaso el derecho a sentar a futuro uno de los suyos en el máximo tribunal.

Amén del justicialismo perottista que votó en general a favor, aunque luego objetó dos artículos, los otros sub bloques se opusieron. Miguel Rabbia definió la ley como "un traje a medida de la fuerza politica dominante, un avasallamiento a la Justicia, que será más cara e ineficiente".

Lucila De Ponti consideró la ofensiva como "el uso del poder para moldearlo a su medida sin cuidar la calidad institucional. Y Alejandra Rodenas observó el cambio de actitud política del oficialismo hacia un avance pírrico. "Esto no es una reforma sino un dispositivo de afinidades políticas cuyo mayor problema es saber si tiene legitimación social", reprobó.

Desde los bloques Vida y Familia, e Inspirar, también se plantaron. "El oficialismo otra vez nos impone su mayoría, pero deberá hacerse cargo de las consecuencias, como con la reforma jubilatoria", cuestionó Natalia Armas Belavi. Juan Argañaraz criticó que "esto implicará más sueldos, y más difícil de acordar entre 7 jueces que entre 5. Será para contentar a todos los partidos de la coalición oficialista con un candidato cada uno", chicaneó.