El errático devenir de la investigación judicial contiene, a pesar de algunos vicios, muchos de los elementos referidos a las circunstancias que rodearon la muerte de Maldonado, por omisión o encubrimiento explícito. Varias personas vieron por última vez con vida a Santiago. Los mapuches Ailin Co, Lucas y Claudina Pilquiman, Matías Santana, Soraya Maicoño, Andrea Millañanco lo cuentan, lo declararon varias veces ante la justicia que hoy los reprime. Pero también debieron haberlo visto los siete gendarmes que lo perseguían, entre ellos Emmanuel Echazu. Ellos niegan y se contradicen. El joven mochilero y tatuador desapareció el 1º de agosto luego de participar de un reclamo, el corte parcial de la ruta 40, junto a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen por la detención de su lonko Facundo Jones Huala hacía un mes, y de varios de sus peñi (hermano) el día anterior en Bariloche. 

Su cuerpo sin vida apareció 78 días después flotando en el río Chubut, a pocos metros de donde lo vieron intentar cruzar las aguas y de las viviendas de los mapuches. Tanto ellos como la familia estuvieron en ese mismo lugar horas antes sin detectarlo. Santiago murió ahogado, dijo la autopsia, un elemento fundamental de la investigación. Tanto como las circunstancias de esa muerte, que exceden largamente los alcances de tales peritajes científicos. Maldonado perdió la vida, o se la quitaron, mientras estaba rodeado de gendarmes, que gritaban “fuego libre”, “acá tenemos a uno” y “maten al negro”. Santiago era blanco, no huinca (invasor) sino weñüy, (amigo) y estaba encapuchado, para camuflarse en solidaridad con los mapuches, y habían decidido con Matías cambiarse la ropa, así las fuerzas de seguridad no los identificaban. Maldonado apareció con la misma campera celeste que describió hace dos meses Santana en su declaración testimonial.  

La familia afirmó que la fiscal de la causa, Silvina Ávila, se vino desempeñando como abogada de Gendarmería, principal fuerza sospechada desde el minuto cero. El primer juez de la causa fue apartado por “insuficiencia de imparcialidad”, no sólo porque anticipó en los medios que “Santiago se ahogó” sino porque permitió que los funcionarios del Poder Ejecutivo, de quien depende Gendarmería, tenga injerencia directa en el expediente. Aún con un nuevo magistrado los Maldonado siguen insistiendo en que no hay una investigación independiente, porque los auxiliares de la justicia siguen siendo los uniformados que dependen de Patricia Bullrich. “Con la información que se nos dio hoy no podemos concluir ni cómo ni cuándo falleció Santiago”, sentenció la abogada Verónica Heredia (ver página 2). 

Como marcó Heredia desde el inicio, el Gobierno hizo todo lo contrario a lo que indican las convenciones internacionales para casos de desaparición forzada, por ejemplo, establecer una recompensa que sólo sirvió para llenar el expediente de pistas falsas que desviaron el eje bien lejos de los gendarmes. En el tercer día de la investigación, Heredia pidió el listado de personal que intervino en la represión y le dieron el nombre de siete gendarmes, cuando había estado unos cincuenta. “Ahí entendí que la impunidad venía en camino”, dijo en aquel momento. Un repaso de algunos momentos del caso puede servir para ratificar aquel vaticinio de la abogada, que ya había obtenido la condena del país por la desaparición forzada del mapuche Iván Torres, en 2011.

  • El 3 de agosto, en su cuenta de Facebook, el periodista Ricardo Bustos posteó que Maldonado había sido detenido por Gendarmería y la justicia federal “tenía la papa caliente”. El 16 de agosto interrogado en el juzgado, este periodista afín a Cambiemos y de conocidas posturas antimapuche, no explicó de dónde obtuvo la información. Tampoco le preguntaron. No era la primera vez que aparecía la palabra “detenido” en el expediente. En un audio de whatsapp entre gendarmes uno dice “el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”, en referencia a Sergio Sartirana, chofer de una Ford Ranger que portaba un arma 9 milímetros. Este dato habría despertado la curiosidad del nuevo juez.
  • El 2 de agosto, el juez federal Guido Otranto dejó ir sin interrogar a quien pudo haber sido testigo clave, el músico chileno Nicasio Luna.
  • Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH y autores de uno de los habeas corpus por Santiago, participaron de casi todos los procedimientos, entre ellos el que se hizo al Escuadrón 35 de El Bolsón, donde comprobaron que las camionetas de Gendarmería estaban lavadas y había un vehículo oculto. Gendarmería justificó el borrado de pruebas en base a un reglamento que obliga a mantenerlos limpios.
  • A diferencia de los testimonios de los mapuches, que se complementan uno con otro, los gendarmes se contradicen entre lo que dijeron ante el juez Otranto y lo que respondieron a Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, en la investigación interna. Habían ingresado ilegalmente a la Pu Lof luego de que el jefe de Gabinete de Seguridad Pablo Noceti le dijera al juez que si no tenía jurisdicción más allá de la ruta podía actuar igual por “flagrancia”, y llegaron hasta el río persiguiendo manifestantes. En todas las testimoniales participó Gonzalo Cané, secretario de Relaciones Interpoderes del Ministerio de Bullrich. Así surge del relevamiento del periodista Sebastián Premici, en Cadena del Sur: los gendarmes niegan en sus relatos afirmaciones dichas un mes antes en sus informes individuales. Tal como afirmó PáginaI12, las entrevistas con Barberis fueron para prepararlos y sondearlos. “Estamos todos en el mismo barco”, dijo el funcionario. ¿El resultado? Respuestas inducidas con información ajena a los relatos de los gendarmes dubitativos, quienes quedaron identificados. Por ejemplo, Ramón Vera dijo que llegó al río y el sargento Carlos Pelozo ya estaba allí, que vió cómo ya habían pasado unos seis manifestantes. Vera no escuchó disparos. Sin embargo, el gendarme Zoilán dice que él realizó dos disparos cerca de Pelozo, y allí también estaba Vera. Nunca fueron indagados, menos careados.
  • Una vez que los testigos mapuches habían comenzado a declarar, el juez Otranto allanó la Lof en un operativo en el cual mantuvo a dos de ellos doce horas en el piso con las manos precintadas, mientras que Ailin Co y Hernández fueron amedrentados por los miembros del GEOF bajo el mando de Otranto y Ávila. El juez dijo a la activista mapuche Moira Millán que había allanado Cushamen y Vuelta del Río porque las comunidades eran “sospechosas de tener a Santiago”.
  • Si Gendarmería no tenía nada que ocultar ¿por qué informó tarde y mal? ¿Para qué el Gobierno interfirió en forma directa, adulteró libros de guardia y utilizó el sistema de espionaje del Proyecto X para espiar los movimientos de la familia Maldonado y de los abogados?

Una de las fuentes más tenaces del caso compartió con PáginaI12 que “equiparar el resultado de la autopsia a una sentencia absolutoria de la actuación de Gendarmería es tan descabellado como volver a la teoría del puestero que apuñaló a Santiago, la pista falsa que sembró el gobierno y que ocupó mucha energía y fojas”. 

La querella del Cels dijo que “cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba ‘el Brujo’ Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. El Cels hizo visible la denuncia e intentó que las dependencias oficiales lo buscaran: en estos casos sin presión social ni insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática”.

La palabra “detenido” en el expediente en realidad aparece al principio, cuando declaró ante la Procuración de Violencia Institucional Claudina Pilquiman, la mapuche que llevó a Santiago a la Lof el 31 de julio, lo vio pasar corriendo para agarrar su mochila antes de bajar hacia el río escapando de los gendarmes, y quien junto a su hija lo buscó hasta la madrugada del 1º. En el escuadrón de El Bolsón le dijeron que ya habían recibido la llamada preguntando si tenían a un detenido, pero respondieron que intervinieron los de Esquel. “No tenemos a nadie, eso sería muy grave”, dijo nervioso uno de los tres gendarmes que las recibieron. Se miraron y no buscaron más. “Sabíamos que lo tenían ahí”, dijo Claudina ante los fiscales de la Procuvin.