El gobierno ya lo sabía y la trama de medios oficialistas también. Y desde hace varios días se usaron estos trascendidos sobre la autopsia para sostener una campaña agresiva de difamación contra los organismos de derechos humanos, contra la familia Maldonado y contra los pocos medios que fueron sensibles a sus reclamos desde el mismo momento en que Santiago desapareció en el contexto de una violenta represión ordenada por el gobierno contra una protesta social.

El resultado de la autopsia dice que Santiago murió ahogado en el río y que su cuerpo permaneció en el agua por al menos 60 días. Desde el oficialismo se festeja como un triunfo sobre los organismos de derechos humanos, sobre la familia Maldonado y sobre medios como PáginaI12, como si la sensibilidad por la suerte de Santiago hubiera sido un simulacro perverso para una campaña política contra el gobierno. Circuló profusamente estos días en las redes una imagen muy producida con todas las tapas que Página le dedicó a la desaparición de Santiago Maldonado. Demasiada producción para ser espontánea. Y cada quien le agregaba una frase, la mayoría con una carga de triunfalismo para demostrar así el mensaje “engañoso” de este diario. Varios exigían un pedido de disculpas. En el caso de Página, estos ataques “coincidían” con la ofensiva del gobierno contra el diario entre presiones y retiro de pauta publicitaria.

No importa el resultado. No hay nada para festejar en una autopsia. Y aún con ese resultado, será imposible evitar las profundas sospechas que genera el hecho admitido de que el cuerpo permaneció sin que nadie lo advirtiera a 400 metros de donde se había producido la brutal represión a los mapuches entre los cuales se encontraba Maldonado. Un lugar donde el río tiene poco más de un metro de profundidad, que no tiene pozos, y que fue rastrillado en numerosas oportunidades. Y no lo pudieron encontrar los mismos gendarmes, que serían supuestamente los más interesados en hacerlo justamente para desalentar las sospechas que recaían sobre ellos. Es un lugar transitado además por los mapuches, que lo usan para aprovisionarse de agua. Y nadie vio nada en 90 días. No se trata de forzar ni una coma, no se trata de una puja entre partidos políticos y mucho menos de ver quién tiene la razón, pero en todo el proceso que se inicia con la represión a los mapuches del Pu lof en Resistencia Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado y el hallazgo de su cuerpo sin vida 90 días después, se produjeron infinidad de situaciones, desde presiones al juez, trabas a las medidas de prueba en Gendarmería, mentiras infinitas en los medios, muchas de ellas como trascendidos semioficiales que ocuparon la tapa de los diarios Clarín y La Nación y la defensa corporativa del gobierno, en este caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, opuesta a cualquier posible investigación a las fuerzas de seguridad.

No hay ningún motivo para pedir disculpas. La campañita en las redes, en las que aparecía firmando mensajitos algún director de cine famoso que no vale la pena mencionar porque las redes también suelen ser muy engañosas,  no se diferencia en nada de la mecánica de las campañas del oficialismo que convierten a las víctimas, en este caso la familia de Santiago Maldonado, en victimarios, y a uno de los pocos que decían la verdad, en este caso PáginaI12, en los mentirosos. El diario nunca dijo que Santiago Maldonado estaba vivo y paseando por el país, nunca dijo que se lo había visto en Entre Ríos o que era correo de una guerrilla mapuche entrenada por kurdos, iraníes y etarras, financiada por un banco de Londres. Nunca dijo que los servicios de inteligencia lo habían detectado en Chile o que lo habían visto haciendo dedo en el sur o que había muerto varias semanas antes en un ataque a un puestero de la estancia de Benetton que se había defendido a cuchilladas.

Resulta que PáginaI12 es el que tiene que pedir disculpas, cuando fue uno de los pocos medios que no respaldó ninguna de esas mentiras que hacían circular los servicios de inteligencia. Tampoco es cuestión de pedir disculpas a nadie, porque cada quien es responsable de lo que publica. Pero siempre quedará la pregunta de cuál era el propósito para que los servicios de inteligencia hicieran difundir entre sus periodistas una sarta de mentiras tan burdas y que esos periodistas las reprodujeran sin la más mínima vergüenza. Uno se pregunta porqué dijeron tantas mentiras si tenían la consciencia limpia.

Cuando Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por efectivos policiales en el 2002, en el marco de una represión violenta ordenada por el gobierno de ese momento contra una protesta social, las reacciones fueron similares y trataron de hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento entre piqueteros. Hasta se habló de células de Sendero Luminoso. Y hubiera quedado así si un fotógrafo no recogía las imágenes del crimen y si PáginaI12 no las publicaba en su tapa. Hay comportamientos que son modélicos, los gobiernos represivos tienden a reaccionar de esa forma, de la misma forma en que reaccionó el gobierno de Mauricio Macri en el caso de Santiago Maldonado.

Las víctimas fueron Santiago Maldonado y su familia. Pero por obra y gracia de esa campaña, pasó de ser el pibe solidario con la lucha de sus amigos mapuches, a ser un terrorista de la rama argentina de la ¿RAM? que había atacado a un peón puestero. 

La familia fue maltratada desde el principio, incluso cuando se tenían algunas expectativas por la actuación del juez Guido Otranto, a pesar de que había sido el mismo que había autorizado la represión en Cushamen. Las presiones del gobierno sobre el juez fueron tan fuertes y hasta públicas, que obligaron a su reemplazo por otro magistrado. Nadie que tenga la conciencia limpia necesita presionar al juez y menos con un despliegue tan evidente que arriesgaba un costo político. Funcionarios de alto nivel del ministerio de Seguridad llegaron a la zona para controlar las investigaciones, a los movimientos de los organismos de derechos humanos, de los mapuches, de la familia, del nuevo juez y de la fiscal.

Otro mecanismo típico de los gobiernos represivos es la defensa corporativa de las fuerzas encargadas de la represión como ocurrió con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es un comportamiento opuesto al de los gobiernos democráticos que entienden que las instituciones públicas no pueden tener una reacción corporativa ante la justicia, porque están al servicio de la sociedad. Se les cede el monopolio del uso de la fuerza, pero en contrapartida deben estar sometidas en forma permanente al control de la sociedad. La actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cerrada, corporativa y obstaculizó cualquier procedimiento de la investigación que afectara a la Gendarmería. Y no lo hubiera podido hacer si no habría contado con todo el respaldo de Mauricio Macri. Esa reacción, también modélica, es más explicable, porque busca proyectar un mensaje claramente disciplinador hacia la sociedad.

El resultado de la autopsia que se hizo público oficialmente ayer no aclara ninguna de estas situaciones que motivaron gran parte de las tapas de PáginaI/12. Por el contrario, podría decirse que las oscurece, porque pareciera que el gobierno hubiera enloquecido sin razón. Situaciones y actitudes que la autopsia no aclara y que reaniman la ronda de sospechas. Hay una responsabilidad que está en la esencia de un gobierno represivo: si hubiera optado por la negociación, por la resolución política y pacífica de las reivindicaciones de los mapuches, no se hubieran generado las condiciones que produjeron la muerte de Santiago Maldonado. Cada vez que se ordena un acto represivo y que al mismo tiempo se le inculca a las fuerzas represivas un sentimiento de impunidad, se está ante la posibilidad de víctimas fatales. Eso lo sabe cualquier político. El gobierno tomó una decisión en ese sentido y tiene una responsabilidad por esa decisión. Sin embargo oculta esa responsabilidad en la acusación a los organismos de derechos humanos, a los medios críticos y a la familia Maldonado. Hasta ahora, en la política le ha dado resultado dar vuelta las cosas, y hacer recaer la responsabilidad en la pesada herencia. En vez de asumir esa responsabilidad obliga a que la familia repita hasta el infinito que no tiene filiación política. El gobierno crea un escenario donde todos tienen que dar explicaciones y excusarse, menos el gobierno que es el principal responsable por la muerte de Santiago Maldonado.