Los trabajadores del Ministerio de Justicia aunados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el Gobierno de La Libertad Avanza “pretende despedir a más de 2500 trabajadores”. “Amedrentan y extorsionan para que tomen un retiro voluntario que es un cocoliche, lo que buscan implementar es el vaciamiento total del Ministerio”, advirtió la delegada Victoria Laurido. El gremio convocó a una conferencia de prensa para el martes próximo a las 10 en la sede central de la carta.

Javier Milei, Victoria Villarruel y toda su troupe de ultraderecha pasaron la motosierra sobre el Estado desde el primer día de su gestión al frente de la presidencia del país y parece que aún no terminaron la poda. “El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; su jefa de Gabinete, Florencia Zicavo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, pretenden despedir a más de 2500 trabajadorxs”, denunció la rama ATE de la cartera a través de un comunicado que difundió este jueves y en el que explica que a través de un plan de retiro voluntario que implementaron en todo el ministerio, las autoridades “amedrentan a la planta a que lo acepte a cambio de un contrato precario, con pérdida de salario y renunciando a la indemnización que corresponde por ley”. Por último, el gremio advierte que, de concretarse, este ajuste “resultará en el desmantelamiento de todo” el ministerio.

Desde fines de septiembre, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el ajuste se camufló en el presunto fin de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) como ente empleador de la cartera. Este ente privado de control estatal emplea a más de la mitad de los trabajadores estatales que se desempeñan en diferentes áreas del Ministerio de Justicia –unos 3000–. A través de la resolución n°331, eses trabajadores fueron notificades formalmente de que el 31 de diciembre Acara dejaría de emplearles y que tenían como opción el acogimiento a un plan de retiro voluntario. “El tono fue extorsivo. No nos invitaron a elegir si tomar el retiro o no. Nos dijeron que si no lo tomábamos la única opción que nos quedaba era el juicio contra el Estado o Acara”, explicó a este diario Laurido, trabajadora del Registro de la Propiedad Automotor. Allí, por ejemplo, de 600 trabajadores que tiene el área, 400 son contratados a través de Acara.

“Desde que anunciaron la medida ya son tres lxs trabajadores fallecidos; la violencia que están ejerciendo sobre nosotrxs no tiene antecedentes en democracia”, alertaron desde ATE. La conferencia de prensa está convocada para el martes a las 10 en la sede que el Ministerio tiene en Sarmiento al 300, en pleno Microcentro porteño, un día antes de que se venza el plazo otorgado por la administración de Cúneo Libarona para adherirse al retiro voluntario.

En la letra oficial de la propuesta, el retiro voluntario implica el pago de 16 sueldos, en 16 pagos, una vez que se optó por esa vía. El sueldo promedio de estos 3000 trabajadores es de $1100000. “Eso es lo escrito. Por afuera, según el caso, ofrecen más sueldos o incluso la reincorporación a través de artículo 9, una situación ultraprecarizadora porque se trata de contratos con revisión trimestral que implican la pérdida de la antigüedad, de la carrera dentro del Estado, y la reducción del sueldo”, amplificó la delegada. Según los cálculos realizados por les trabajadores, el sueldo promedio queda reducido a poco más de la mitad con un contrato por artículo 9. “Nos están invitando a perder derechos: estabilidad, antigüedad, salario digno”, completó.

Hay trabajadores que ni siquiera fueron ofrecidos con la opción de ese método de contrato precario. “Hay listas negras de gente que ellos llaman ‘prescindible’ que quieren sacarse de encima”, denunció una trabajadora a la que no solo le negaron la posibilidad de acceder a un contrato por artículo 9, sino que además le confirmaron la razón por la que la despiden. “Me llamó mi director Juan María Luce para decirme que el ministerio no me quería más y cuando le pregunté por qué me dijo que habían leído todas las denuncias que había realizado a la prensa. Me están echando por ser opositora”, advirtió la trabajadora en diálogo con este diario.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene, entre otras tareas, la garantía del acceso a la justicia, la promoción y protección de los derechos humanos y los trámites registrales. “Quedarán áreas totalmente desmanteladas. Los Registros de Propiedad Automotor, el sector de Reincidencia, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), el Museo Sitio de Memoria ESMA”, enumeró la delegada. A principios de semana, les trabajadores del ANM comunicaron a sus consultores su “preocupación” por la “ola de despidos y el desmantelamiento de las políticas públicas de Derecho Humanos que afectan fuertemente el funcionamiento” del área. A través de un breve comunicado insistieron en que “la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza constante de nuevos despidos dificultan el desarrollo” de las tareas que atiende el archivo: la guarda, la preservación y el acceso a los fondos y colecciones documentales que contienen la información sobre el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino y las respuestas sociales a los mismos.