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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizó el viernes último su período de sesiones número 191 en su sede de Washington DC. Durante ese último día de audiencias públicas participaron organizaciones de la sociedad civil. Sobre el mediodía de Argentina tuvo lugar en la sala Rubén Darío la sesión que trató los impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética a nivel regional.
Por Argentina, participaron referentes que habitan en el el área tripartita del Triángulo del Litio. Fue el caso de Verónica Chávez, referente histórica de Santuario de Tres Pozos, una comunidad kolla situada muy cerca del trazado de la ruta nacional 52 en la parte que atraviesa Salinas Grandes. Chávez viajó hasta Estados Unidos representando a las 38 comunidades kollas y atacamas que habitan alrededor de ese humedal altoandino que se completa con la Laguna de Guayatayoc. Las jurisdicciones provinciales de Jujuy y Salta comparten la administración de ese sector de la puna salto-jujeña en la gran salina.
"Las empresas deben hacer la consulta previa, libre e informada aplicando el protocolo Kachi Yupi, pero el consentimiento (de lograrlo) debe ser colectivo, no individual o de una familia", reclamó la comunera de Santuario de Tres Pozos ante Carlos Bernal Pulido, quien presidió la audiencia celebrada el viernes.
"Ahora la estrategia de las empresas es dividirnos", denunció en otro tramo de su intervención, ya en relación a las maniobras que desarrollaron puntualmente tres empresas. Una en el sur de la gran salina (titular del catastro minero de Mina Agonic). Otra resquebrajó la alianza del bloque indígena salto-jujeño y logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera, también Aguas Calientes, firmaran acuerdos en favor de la empresa Pluspetrol. La tercera fue la petrolera Tecpetrol que apartó del grupo comunitario a una porción minoritaria de la comunidad de Rinconadillas.
Por esa serie de hechos, Verónica Chávez denunció el accionar. "Entraron a nuestra casa grande sin pedir permiso y vulneraron nuestros derechos", aseguró. Argumentó luego que "el agua no tiene frontera y por ese motivo el consentimiento debe ser colectivo".
Al final de la ronda de intervenciones y de la audiencia lamentó que estas acciones de las mineras contra "nuestra casa grande, le están sacando su sangre (por el agua), y como queremos defenderla, corremos riesgo por reclamar, porque el gobierno puede meternos presos armando causas". La comunera aludió de esta manera a la criminalización de la protesta social que llevó adelante el gobierno jujeño, cuando bajo la gestión de Gerardo Morales, se aprobó la reforma de la Constitución Provincial. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque nosotros somos el sacrificio", finalizó ya en un juego de palabras con "zonas de sacrificio", un concepto de uso común en la jerga minera.
A su turno, la activista catamarqueña que representó a la Asamblea Pucará de Catamarca, Verónica Gostissa, remarcó que hoy por hoy Argentina "atraviesa un drámatico de retroceso y una reforma acelerada del marco jurídico, con particular énfasis en los derechos colectivos de comunidades indígenas, el ambiente y género". Completó su sintético diagnóstico subrayando -sin nombrarla directamente- que la actual gestión libertaria en el gobierno nacional "criminaliza a quienes tienen una mirada distinta. Es una política de negacionismo climático y de los derechos humanos", afirmó.
También repasó que desde 1997 en Catamarca, empresas transnacionales extraen litio de Salar del Hombre Muerto, en referencia a una historia que une a la estadounidense FMC con la reciente fusión de Livent con la australiana Allkem, hoy Arcadium Lithium. "Debido al uso de millones de agua dulce y salada, estas empresas con el aval del Estado, generaron un daño ambiental irreversible: secaron la vega del río Trapiche, es decir, más de 5 kilómetros de río ha muerto", dijo mostrando una imagen del estado actual de ese curso de agua.
"Hace cinco años iniciamos las quejas administrativas correspondientes, pero fueron desoídas", informó la abogada catamarqueña. Se refirió además a las persecuciones y amenazas que sufrieron comuneros y comuneras del Pueblo Atacama en Catamarca, en particular las que afrontó el cacique Román Elías Guitián, autoridad de la comunidad Atacameños del Altiplano, tras el amparo colectivo que presentó en 2021.
"En marzo de este año la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño ocasionado al río Trapiche y la posibilidad de daño sobre el río Los Patos". Sobre el proceso de defensa del agua y el territorio en Catamarca, destacó que los jueces del máximo tribunal provincial "nunca escucharon la voz de los miembros de la comunidad indígena atacameña y tampoco se trasladaron hasta el Salar de Hombre Muerto para constatar qué significa la muerte de un río". "Esto no es un cambio climático, es un colapso. El Acuerdo de Escazú no está siendo efectivo", afirmó.
El impacto minero en la región
Otra intervención significativa durante la sesión en Washington DC fue la de Pía Marchegiani, de la ong argentina FARN. "El gran interés por los minerales estratégicos para la transición se refleja en la enorme disputa geopolítica por alcanzar su control", dijo. En ese sentido, recordó que actualmente la región proveé, con un mínimo de procesamiento, el 40 por ciento del cobre y el 35 por ciento del litio a nivel global.
Felipe Pino, abogado de la ong chilena FIMA, denunció el impacto de las actividades extractivas en los salares y salinas altoandinos en el país trasandino. Aseguró que la minería de la transición energética genera una pérdida paulatina de derechos en los territorios donde vivieron por siglos comunidades indígenas. En su opinión, la comunidad internacional reaccionó tardíamente para frenar la emisión de gases industriales y productos de la combustión fósil. Por lo tanto, la transición energética "expresa únicamente una estrategia global enfocada en la mitigación, como freno a una crisis planetaria ecológica y climática que tendría que haber sido encarada con antelación al Acuerdo de París", que en 2015 sustituyó al Protocolo de Kioto de 1997.
Oscar Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia, precisó que para la extracción y procesamiento de carbonato de litio, "hace falta extraer una cantidad inconmesurable de metros cúbicos de agua salada y dulce". Agregó que como los salares (y salinas) del Triángulo del Litio "se encuentran en áreas desérticas donde la vida sólo es posible por el agua subterránea fósil, la extracción de volúmenes tan grandes de agua, tendrá un impacto en la vida de las región andina y pondrá en peligro los ecosistemas y vida de las comunidades".
Al final de su intervención recordó que a fines de 2023 comenzó operar el único proyecto con participación exclusiva estatal en el suroeste del Salar de Uyuni. "Si bien se encuentra funcionando a un 20 por ciento de su capacidad", señaló, "hay problemas de corrupción que están obligando al gobierno (de Luis Arce) a firmar contratos para la construcción de nuevas plantas con empresas chinas (el Consorcio Catl Brunp and Cmoc) y rusas (Uranium One Group) y sin la debida consulta previa a las comunidades".
