Una misión de la OEA inicia este martes en Buenos Aires una ronda de consultas regionales para elaborar la primera Ley Modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en entornos digitales y facilitada por herramientas tecnológicas. Se trata de una iniciativa del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). Argentina es el primer país donde se recogerán opiniones de académicas, periodistas, representantes de la sociedad civil, la justicia y el Poder Legislativo. Los encuentros, que se extenderán hasta el viernes, se dan en un contexto político donde desde el gobierno de Javier Milei se niega la existencia de la violencia de género. Y cuando, además, prolifera “el uso de las redes para callar y censurar tanto a las mujeres políticas como a las activistas, a las defensoras de derechos humanos e incluso a las propias periodistas”, advirtió a Página 12 la abogada Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mesecvi.

La violencia de género facilitada por las tecnologías representa una amenaza crítica, que requiere respuestas legislativas y de política pública urgentes y efectivas: con esa premisa, el órgano de la Organización de Estados Americanos --que monitorea el cumplimiento de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres (conocida como de Belén do Pará)-- convocó a una serie de encuentros. La ronda de consultas se inicia en el marco del 30° aniversario de la Convención y tiene como objetivo “recopilar aportes y asegurar un proceso participativo y plural”, indicó Mejía.

El 73 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en línea. Sin embargo la falta de herramientas jurídicas para abordarla obstaculiza que mujeres y niñas puedan desarrollarse en entornos digitales libres de violencia, de acuerdo con la investigación de ONU Mujeres “Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará Esta Ley Modelo “busca cerrar esas brechas y brindar a los Estados Parte de la Convención herramientas eficaces para enfrentar este fenómeno en rápida evolución”, explicó la secretaria Técnica de Mesecvi.

–¿Por qué eligieron empezar la ronda de consultas en Argentina? –le preguntó Página 12 a Mejía.

–-La primera razón es porque Argentina tiene una tradición de liderazgo desde los colectivos de mujeres y feministas para la lucha por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. El movimiento Ni una menos empezó acá y se expandió por toda la región. También hay un trabajo que soporta académicamente la evidencia que permite establecer con claridad los mecanismos de violencia que afectan diferenciadamente a las mujeres. Además, actualmente en el país se están dando discusiones de leyes relativas a este tema. Estuvimos hace un año y recogimos en nuestras consultas la preocupación por el uso de las redes para callar y censurar tanto a las mujeres políticas como a las activistas, a las defensoras de derechos humanos e incluso a las propias periodistas. Entonces, aquí hay un tema de cómo se han venido utilizando las redes para silenciar, para generar autocensura y ha sido un tema que ya el Mesecvi se ha pronunciado. Y por último, vinimos a Argentina porque hay un proceso regresivo en este momento desde el debate público, desde los planteamientos que han venido haciendo las nuevas autoridades de este país, pero no es menos cierto que ese debate también está siendo confrontado por este movimiento muy grande de mujeres, de feministas, de académicas.

El Mesecvi ya desarrolló leyes modelo sobre femicidio/feminicidio y violencia de género política. Esta nueva ley busca establecer los más altos estándares de protección y guiar a los países en la adopción de políticas efectivas, señaló Mejías. Se espera que esté terminada su redacción para el año que viene.

Las consultas se llevarán a cabo en alianza con el Posgrado sobre Violencia de Género en Entornos Digitales y Respuestas desde el Derecho y el Programa de Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Equality Now, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la Defensoría General de la Nación de Argentina y Amnistía Internacional.