Retardatario, así es como se ha llamado a ese proceso político en el que determinados grupos o facciones neoconservadoras provocan un recorte de expectativas frente a las transformaciones sociales en busca de cambio y avance en determinadas políticas. Al primer gobierno de izquierda que tiene Colombia, no sólo le tocó en sus primeros meses echar al trasto viejo un proceso de articulación de coalición mayoritaria construido con la intención de sostener el ritmo de las reformas, sino que, puesta en riesgo su gobernabilidad, ha debido redibujarse, al tenor del realismo político nacional.
Luego de una campaña caricaturesca, cargada de falacias argumentativas y falsas noticias, un estrecho margen electoral llevó a la Casa de Nariño a un presidente marcado por su pasado guerrillero y a una mujer afrodescendiente con un notorio reconocimiento internacional, quedaron atrapados en la gobernabilidad falsamente sostenida por un aparente acuerdo con emisarios de los partidos tradicionales, que terminó por romperse, debido a su precariedad y contenido ilusorio. Posteriormente, una serie de escándalos, salidas el falso y contrariedades al interior de sus equipos, les jugaron la mala pasada de ser primerizos en el gobierno, severamente cuestionados y vapuleados por los huérfanos de poder y sus huestes reaccionarias.
En tres ocasiones ya, queda visto que más que entendimiento programático, a los jefes de los partidos tradicionales les interesa jugar al inveterado reparto burocrático con el que se han distribuido desde siempre los ministerios, viceministerios, direcciones de organismos descentralizados, cargos en el ejecutivo y embajadas. Aunque, por muy breve tiempo, posaron como partidos de gobierno, una vez empezaron a presentarse las reformas decididas en las urnas, el corrillo de tramadores se desvaneció, jalando cada uno el hilo que lo lleva hasta las fastuosas oficinas gremiales y corporativas a las que obedecen y se deben, sin duda alguna.
El marasmo provocado por tal maniobra delusoria y artificiosa desorientó al gobierno, restando su margen de maniobra entre las tendencias partidistas. No obstante, la sagacidad con la que se decidió la inmediata petición de renuncias a sus correligionarios asignados al ejecutivo, y el amplio margen negociador que deja el control del presupuesto nacional destinado a las partidas regionales, justo cuando se discutía el plan nacional de desarrollo, le permitió jugar en un escenario poco disciplinado, desafecto del rigor de operar como bancadas unitarias, en el Congreso.
De ahí que incluso hoy no prospere la convocatoria a un acuerdo nacional. Ni siquiera probando con tres ministros del interior provenientes de las facciones liberales disidentes del empeñado colectivo gavirista que, en una esperada convención del otrora gran Partido Liberal, resultó nuevamente endosada al amañado y caprichoso procedimiento controlado por el expresidente con tintes de dictadorzuelo.
Hay que decirlo con contundencia: El poder popular en Colombia está aún lejos de edificarse, pese a los continuos llamados que Petro hacen a las bases de los movimientos, tal como insiste Francia con la dispar proliferación de organizaciones de afrodescendientes que, evidente decirlo, la ha dejado desgastarse en solitario, o con muy precario respaldo, en varias ocasiones.
El Pacto Histórico, como bloque de poder, ha quedado desnudo. Nunca había sido gobierno, y hasta ahora no ha podido elevarse como fuerza política con pretensiones de victoria. Costará bastante que su debilidad pueda sostener, por sí sola, el fragoroso enfrentamiento que representarán los últimos quince meses de gobierno, haciendo frente a enemigos declarados que, so pretexto de “construir sobre lo construido”, desdibujarán sin cesar los contenidos de las políticas reformistas, seguirán persiguiendo por todos los medios las iniciativas hasta ahora conquistadas, ralentizarán el ritmo al que pueda avanzar el gobierno en la ejecutoria del plan nacional de desarrollo, y buscarán preservar la herencia conservadora de “la democracia más antigua del continente”.
Afinar la tributación resultó posible, a fuerza de no provocar necesarios desmontes de exenciones, prerrogativas y ventajas que todavía favorece jugosos descuentos fiscales y la descarada acumulación financiera. No sin sorpresa han pasado hasta ahora las políticas reformadoras de de la regulación laboral, la intensificación de la reforma rural y la distribución de tierras para el desarrollo agrario. Sin embargo, transformar el sistema de salud todavía parece dudoso, pese a la debacle inminente de las EPS, y se corre el peligro de que ocurra cosa igual al intento de reestructurar el sistema nacional educativo.
El precario tiempo que queda a este gobierno supondrá choques, bloqueos y agitaciones permanentes por parte de quienes han acostumbrado al electorado a ver cómo se le incumplen programas de gobierno y se perpetúan las promesas de cambios sin intención de consumarlos.
Pese a que la victoria presidencial constituyó un fenómeno inusitado en el país, fuertemente vinculado con la activa movilización de sectores juveniles y alternativos que sostuvieron en la calle una firme confrontación con los organismos de seguridad estatal y los sectores políticos y sociales más recalcitrantes, al progresismo le falta fuerza para socavar la dinámica de poder enquistada y su tendencia a la inmovilidad o lentitud en la prosecución de reformas, según parece replicarse en Chile tanto como en Colombia. Ecuador, Bolivia y Perú, pese a la insistente revuelta popular que ha logrado tumbar varios presidentes, tampoco alcanzan a desplegar un nivel organizativo y movilizatorio de calado revolucionario y, por lo contrario, evidencian retrocesos que están favoreciendo el retorno de las derechas.
Si es que, finalizado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se aspira a que los sectores alternativos puedan preservar su intención de seguir al frente del Estado, las reformas tienen que hacerse posibles. De ninguna manera se puede sostener la agitación popular con medidas discretas que dejen a medio camino las demandas y reivindicaciones sociales aplazadas por largo tiempo. Tal como quedó demostrado en los primeros siete meses de moderación coalicionada, los partidos tradicionales no han querido ni quieren ni querrán apostarle a desdibujar la matriz conservadora del orden establecido por quienes aseguran a toda costa y, antes que nada, sus ganancias, incluso en el contexto político más revuelto y descuadernado.
Seguramente por ello se arriesgan a hilvanar planes para socavar a toda costa la autoridad presidencial, modelan golpes de estado blando, promueven iniciativas de enjuiciamiento abiertamente inconstitucionales, sostienen el agite inclemente de brazos armados cooperantes, y alimentan el estado de permanente zozobra que les permita aspirar a hacerse de nuevo con el control gubernamental.
Pese a dudar de su actual potencia, sólo la calle podrá asegurar el mayor dinamismo reformador que pueda alcanzar el actual gobierno. Ante la fuerza política tradicional, incapaz de mover al país hacia las reformas requeridas, la convocatoria popular, hoy elusiva y gelatinosa, se impone para persistir en el intento de mover el mecanismo político. Queda por verse si en su actual desaliento puede renovarse la capacidad de las organizaciones, colectivos, procesos sociales y movimientos para activarse en contra del tardo rigor de corporaciones, gremios y sectores de elite que instigan obsesivamente en su propio beneficio y se oponen con fijación mezquina a la implementación de mutaciones y reformas.
Ante la inminencia de un nuevo proceso electoral, habrá que calcular de nuevo el peso y la potencia autogestionaria popular, a ver hasta dónde resiste a la voracidad retardataria que persiste en el recorte de sus expectativas.
*Doctor en Educación. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali. Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
