La paralización de la obra pública que provocó el gobierno de Javier Milei ni bien asumió su gestión, fue un fuerte golpe para los municipios de la provincia, que sin grandes inyecciones de dinero de la coparticipación, tenían en la obra pública una mediana solución para problemáticas propias y la creación de puestos de trabajos. 

Por eso la demanda de reactivación de la obra pública fue central en las rondas de consultas que el gobierno de Gustavo Sáenz realizó en estos últimos meses para la elaboración final del proyecto de Presupuesto 2025, que ingresará para su tratamiento a la Legislatura el próximo martes 26 de noviembre. 

No es un dato menor que la última ronda de consulta incluyera a los municipios del departamento Orán, donde el propio Sáenz encabezó el encuentro y aprovechó para anunciar la reactivación de dos obras de gran envergadura que incluyó el desembolso de fondos propios: la obra de la Ciudad Judicial y la pavimentación del distribuidor noroeste en el puente de Hipólito Yrigoyen sobre la ruta nacional 50. En este punto, el gobernador marcó el esfuerzo provincial para finalizar obras y seguir ejecutando proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan este territorio. 

Al respecto, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, explicó que debido a la nueva modalidad que tiene la Nación sobre la ejecución de la obra pública, no se llegaba con las actualizaciones de precios "para que pongamos al día la obra". Por lo que, "Provincia asume parte de esa participación y esa es la forma con que se va a terminar esto, como todas las obras que de una u otra manera la Nación fue dejando inconclusas". 

Camacho afirmó que "otra será la discusión ideológica" sobre la concepción que tiene la gestión nacional respecto si tiene que continuar habiendo o no obras públicas, "pero las que estaban iniciadas se van a terminar", ratificó. 

En el municipio oranense se reunieron jefes comunales, legisladores provinciales y municipales de las localidades de San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Urundel y Aguas Blancas. El gobernador les agradeció la disposición a trabajar en conjunto para llegar con políticas públicas y acciones de manera federal, y a la par hizo hincapié en que su gestión permitió la ejecución de más de 2.300 obras en toda la provincia, con una inversión superior a los $169 mil millones.

De acuerdo a lo anunciado por el Ejecutivo provincial, el proyecto de ley del Presupuesto 2025 busca contener "las necesidades indicadas por los intendentes, diputados y senadores para sus jurisdicciones". 

En octubre último el gobierno de Salta inició la ronda de consultas en el departamento San Martín, y durante dos meses, todas las regiones tuvieron la oportunidad de presentar pedidos relacionados principalmente con la obra pública, la educación, la salud y la seguridad. 

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, celebró que durante otro año más se haya dado esta iniciativa de un "presupuesto federal", donde se escuchó a los 60 intendentes, a los diputados y a los senadores, y representantes de distintas áreas de gobierno. El ministro señaló que en cada encuentro informaron sobre "los avances que venimos teniendo en cinco años, contando la realidad, planteando sobre qué año y qué perspectiva tenemos, priorizando obras, priorizando acciones y tomando nota y coordinando la acción el presupuesto de todos los salteños". 

"Es una construcción de verdad, que es un ejemplo positivo de cómo se lleva adelante el federalismo", expresó. El ministro explicó que en el proyecto de Presupuesto 2025 "se debatirá sobre las prioridades que ya tenga todo el Cuerpo" legislativo hasta alcanzar la ley que ejecutará el gobierno el año próximo. 

La obra pública en 2024

Tras el anuncio de la Nación sobre el recorte de fondos a las provincias, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, señaló en abril último que a partir de las decisiones del gobierno de Javier Milei, la provincia tuvo una disminución de casi 100.000 millones de pesos desde enero a marzo. “Esto plantea, obviamente, la necesidad de adoptar una serie de medidas con relación a las áreas de salud, obra pública, viviendas; la situación de comerciantes, industriales, productores”, expresó.

Para inicios de junio, y con el impulso del Pacto de Güemes que lanzó Sáenz precisamente por la demanda de obra pública, se conoció que Salta se haría cargo de 47 obras que financiaba Nación por casi 15 mil millones de pesos, mientras que el gobierno nacional aportaría 272.834,35 millones de pesos para 15 grandes obras de infraestructura. Además, la provincia quedaría a cargo de la finalización de 2.000 viviendas. A pesar de los guiños y acuerdos con la Nación, aún no desembolsó el 100% de los fondos prometidos hace más de cuatro meses. 

A fines de junio, la Cámara de la Construcción de Salta dio  conocer que en Salta se perdieron 12 mil puestos de trabajo en la construcción. Además, se supo que la crisis también se hizo sentir en la baja en las ventas, que causó un desempleo cercano al 7 por ciento en el comercio.

En septiembre se conoció que el gobierno nacional había frenado 469 obras públicas en todo el país, siendo Salta la segunda provincia más afectada. Además, se supo que la gestión de Javier Milei tenía pisados los pagos por $127.200 millones a empresas contratistas, lo que demoraba el traspaso de las obras a las provincias.

La provincia que mayor cantidad de obras pendientes tiene es Neuquén (57), le siguen Salta (47), Tucumán (44), Catamarca (43), Chaco (39), Córdoba (35), Misiones (33), Corrientes (28), Entre Ríos (27) y San Juan (25). El ranking de provincias continúa con Santa Fe (20), La Rioja (17), Jujuy (14), Santiago del Estero (12), Chubut (11), Tierra del Fuego (8), San Luis (5), Mendoza (2), Río Negro (1) y Santa Cruz (1).