El vicegobernador Antonio Marocco convocó ayer, mediante la resolución N° 12/2024, una sesión especial del Senado de Salta a llevarse a cabo hoy, a las 10.30, con el único fin de tratar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para intervenir el Departamento Ejecutivo del Municipio de Coronel Juan Solá (Estación Morillo, o Rivadavia Banda Norte).

Se descuenta que la intervención obtendrá media sanción en el Senado porque el oficialismo tiene mayoría casi absoluta en esta Cámara, con lo cual el proyecto podría ser tratado hoy mismo en la sesión ordinaria de los martes de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también tiene mayoría. 

En la convocatoria a senadores y senadoras, el presidente de la Cámara Alta salteña informó que el gobernador Gustavo Sáenz comunicó anteayer la iniciativa que dispone la intervención de la intendencia a cargo del histórico dirigente político Atta Miguel Gerala, quien está de licencia por estos días, hasta el 5 de diciembre, luego de que se hiciera público que la fiscalía federal lo investiga por su presunta participación en una organización delictiva dedicada a desguazar y vender rieles del ferrocarril Belgrano

El vicegobernador argumentó que esta situación reviste carácter de urgencia y requiere tratamiento inmediato por parte del Senado, y recordó que el artículo 15 del Reglamento de la Cámara de Senadores establece los procedimientos y condiciones para la convocatoria a sesiones especiales. 

De esta manera el oficialismo provincial cambió de tesitura respecto de la situación de Gerala. Llamaba la atención la distinta actitud del gobierno de Salta respecto de este intendente, a diferencia de lo que pasó en septiembre nomás con el ahora ex intendente del municipio de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, que fue intervenido ni bien fue imputado y detenido, en su caso, acusado de interferir en la investigación del homicidio por sicarios de su hermano, César "Oreja" Martínez

La semana pasada el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, había descartado la intervención a Morillo, al menos por ahora. En declaraciones a Radio Salta, el ministro político dijo que la cuestión se iba a revisar una vez que se venciera la licencia de 30 días de Gerala, el 5 de diciembre. "Para esa fecha se evaluará la situación", sostuvo. "No hemos dudado en intervenir en el pasado cuando el orden institucional lo requirió, y en este caso no será diferente", agregó.

En esas declaraciones Villada explicó la diferencia de criterio en que en la acusación contra Martínez "había vinculación al crimen narco".

El intendente Atta Gerala fue formalmente imputado el pasado 13 de noviembre y está con arresto domiciliario. El fiscal federal general Eduardo Villalba lo acusa de poner a disposición herramientas y maquinarias municipales para que su hijo, José Miguel "Yopi" Gerala, y otras personas sacaran rieles de las vías del Ferrocarril Belgrano para venderlos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El intendente está imputado por "contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario". Y también por malversación de caudales públicos, por el uso de bienes públicos para el provecho personal. 

En esta causa, cuya investigación se inició en agosto de 2023, están detenidos, desde principios de este mes, Gerala hijo y el comerciante David Edilberto Medina, ambos acusados por robo y contrabando de los rieles.

La investigación estableció que Medina contrabandeaba los rieles al vecino país, que tenía varios proveedores de rieles robados, uno de ellos era Yopi Gerala, que usaba la estructura del municipio de Morillo para el saqueo de los rieles y hasta podía trasladarlos a un galpón de la ciudad de Orán, donde eran acopiados antes de ser llevados a la frontera, a unos 40 minutos, para su salida a Bolivia, donde se sabe por lugareños que había un comprador único. 

Además de usar maquinarias y herramientas del municipio, también usaban predios municipales para acopiar los rieles extraídos de las vías. El fiscal Villalba sostuvo que el intendente tuvo una participación necesaria en estos hechos e incluso aseguró que la organización delictiva se valía del peso de la estructura de poder de Atta Gerala.

El jefe comunal se tomó licencia por 30 días desde el 5 de noviembre. La intendencia quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante de Morillo, Claudio Ruiz.