En su afán de permitir que los empresarios y comerciantes se enriquezcan sin control a expensas de los salarios perjudicados de los consumidores, el Gobierno informó en un comunicado que dispuso este martes la derogación de 43 normas que tenían como fin el control de distintos rubros comerciales, como los vinculados a "la carne vacuna", a "alimentos lácteos", o a "grandes supermercados". "También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas", precisó.
El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, al mando de Pablo Agustín Lavigne, por las cuales “se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos”, según consideró la cartera económica.
"Todos estos programas solo metían confusión en el sistema de precios e implicaban gastos que pagábamos todos. Son un nuevo paso que da el Ministerio de Economía de Luis Caputo en el área supervisada por Juan Pazo para tratar de construir una Argentina más libre todos los días. VLLC", escribió este martes en X el ministro de Desrregulación y y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En tanto, Caputo lo reposteó en su propia cuenta.
Las resoluciones en cuestión y las justificaciones del Gobierno para levantarlas son:
- Resolución 1/2006 y 38/2008: "Regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica, como los de consumo comercial minorista o mayorista".
- Resolución 26/2007. "Un registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno Nacional".
- Resolución 1/2010. "Las operaciones de comercialización de papel para diario debían efectuarse por un precio igualitario".
- Resolución 6/2010. "Todas las farmacias del país debían exhibir en lugar visible listas y/o carteles en los que se consignan todos los productos que se encontraban alcanzados por una bonificación especial del 30%".
- Resolución 50/2010. "Establecía que las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga deben efectuarse de acuerdo a las pautas y fórmulas fijadas por el Estado, comunicando el resultado de los ajustes a la Dirección de Lealtad Comercial".
- Resolución 991/2021. "Regulaba el programa “Super Cerca”, el cual es considerado como una medida potencialmente distorsionadora de precios".
- Resolución 823/2022. "Establecía la creación del programa Precios Justos, un programa en desuso que obstaculizaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos y el mercado".
- Resolución 1077/2022. "Convenio sobre insumos difundidos en el marco del programa Precios Justos".
- Resolución 1182/2023. "Creó la unidad de negociación de acuerdo de precios. Un mecanismo que afecta la libre competencia y entorpece las relaciones comerciales".
Según el Gobierno, la decisión incluye la derogación de "una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos", así como la eliminación de "programas en desuso", ya que "no están alineados con las políticas de simplificación" que impulsa la actual gestión.
En el texto oficial, se argumentó que “las mencionadas derogaciones se llevaron a cabo con el objetivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública de procesos tendientes a su simplificación”.
Asimismo, el documento sostuvo que “las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional”.
"Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por 5 millones de dólares y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dió de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros", anunciaron.
