La justicia federal de San Martín suspendió la intervención que decretó el gobierno sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) y ordenó que provea los fondos para que las clases puedan dictarse con normalidad. Además, después del episodio en el que la Policía Federal Argentina (PFA) impidió el ingreso o el egreso de personas de la institución, llamó a cesar con las vías de hecho. Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo celebraron la resolución. “Ahora sí, exigimos el inmediato cumplimiento y el cese de la intromisión del gobierno nacional”, dijeron en un comunicado.

La UNMa se conformó como tal en octubre de 2023 sobre la base de lo que era el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, creado en 2014. El antecedente de ambas instituciones es la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. El proyecto educativo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a cumplir en abril próximo 25 años de existencia.

Entre octubre y el 6 de diciembre del año pasado, se llevó adelante un proceso de normalización –que no estuvo exento de tensiones. Todo empeoró con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El 1 de marzo, al abrir el período de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei hizo foco en la creación de universidades y dijo que se había convertido en un “negocio más de la política”. Se quejó, además, de que “proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales”.

En los últimos once meses, la UNMa no recibió partidas por parte del gobierno nacional. No se pagaron salarios ni se pudieron solventar los gastos de mantenimiento de las sedes. Su rectora Cristina Caamaño contó que les cortaron internet por falta de pago.

De parte del gobierno no hubo solo vaciamiento. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, buscó meterse dentro de la UNMa. El 26 de febrero, dictó la resolución 45/24 a través de la cual se ordenó revisar el proceso de creación y de funcionamiento de la UNMa. Además, dejó sin efecto la resolución del exMinisterio de Educación que había designado a Caamaño como rectora organizadora. El 24 de julio pasado, el Ministerio de Capital Humano designó a otro rector organizador, Eduardo Maurizzio. Con esa decisión, la cartera que conduce Pettovello dejó en claro que desconocía el proceso normalizador que se había llevado adelante el año pasado y a sus autoridades.

En San Martín, la Asociación Madres de Plaza de Mayo –con Carmen Arias a la cabeza–pidió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 45 del Ministerio de Capital Humano. La presentación fue impulsada también por un grupo de estudiantes internos del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, que se vieron impedidos de estudiar por las disposiciones de la administración de Javier Milei.

La jueza federal de San Martín Martina Forns entendió que había riesgo y dictó una medida cautelar que suspende los efectos de la resolución 45 –la que desconocía el proceso de creación de la UNMa y con la que después se designó al interventor del gobierno. La magistrada ordenó, además, reabrir la sede de la UNMa para que las personas privadas de su libertad en la cárcel de Marcos Paz puedan asistir a clase. Para ello, dijo que deben disponerse de los fondos presupuestarios que legalmente corresponden.

La jueza advirtió que ya había dictado una medida interina en ese sentido, pero que no fue cumplida por el gobierno de Milei, ya que no se reanudaron las clases en Marcos Paz ni se les pagó a los docentes y no-docentes de la UNMa.

En la resolución, a la que accedió Página/12, Forns ordenó el cese inmediato de las vías de hecho, de toda acción tendiente a desconocer el Consejo Superior de la UNMa y de la clausura del establecimiento. Prohibió la presencia de la PFA dentro de la universidad y sostuvo que la cautelar estará vigente por un plazo de seis meses.

La jueza todavía no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, que es la validez de la resolución 45 del Ministerio de Capital Humano. La repartición que comanda Pettovello había dicho que los planteos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo carecían de fundamentos y que el interventor había pedido el pago de lo adeudado.

“No se observa la afectación del interés público ni los efectos jurídicos irreversibles que pueda generar el otorgamiento de la medida (artículo 15, inciso 1 de la ley 26.854), habida cuenta que del informe brindado por la accionada no surge de manera clara ni contundente la afectación del interés público alegado, y por lo tanto no afectaría prima facie el interés público fundado en la ley 24.521 que invoca la demandada, ni tampoco el menoscabo del ejercicio de funciones que sostiene son propias al Poder Ejecutivo Nacional”, contestó la jueza Forns.

En un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo festejó la medida cautelar otorgada por la justicia federal de San Martín. Recordaron que el próximo 6 de abril cumplirá 25 años el proyecto educativo impulsado por Hebe de Bonafini y que continuarán reclamando plena autonomía, respeto a la institucionalidad construida y el debido financiamiento.

Abogados latinoamericanos también llevaron el tema del asedio que viene sufriendo la UNMa del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les informó que estaba monitoreando la situación. En el escrito presentado ante el organismo regional explicaron que la comunidad académica está integrada por 2200 estudiantes, 252 docentes y 91 no-docentes. Además, denunciaron que el Estado argentino está violando los mandatos de verdad, justicia y memoria así como los de libertad académica y autonomía universitaria desde que Milei y Victoria Villarruel llegaron al gobierno el 10 de diciembre del año pasado.