Las organizaciones que componen el cuerpo colegiado de la Causa Mendoza por el saneamiento del Riachuelo calificaron como un "retroceso monumental" la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrada su supervisión a los trabajos de recuperación de la cuenca ordenados por la propia Corte en el histórico fallo del año 2008. Lo hicieron al presentar un recurso de revocatoria en el que reclaman que el tribunal supremo revise la decisión anunciada hace ya casi un mes, ya que argumentan que los trabajos están lejos de encontrarse terminados. Las organizaciones ya advirtieron que, de no obtener respuesta, buscarán llevar el caso a tribunales internacionales. 

"La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución". Con esa frase, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti dieron por finalizada el pasado 22 de octubre la intervención del tribunal en el seguimiento de la causa Mendoza, que lleva ese nombre por el apellido de Silvia Mendoza, quien encabezó al grupo de vecinos que en 2008 obtuvo el histórico fallo de la Corte --con otra composición, claro-- que ordenó el saneamiento del Riachuelo. 

La Corte dice "hasta acá llegué"

Durante 16 años el tribunal supervisó, con idas y venidas, tanto los trabajos de Acumar en la recuperación de la cuenca como las distintas relocalizaciones de familias afectadas por la contaminación de las aguas. Ahora, sin embargo, los supremos determinaron que el seguimiento ya no tiene sentido porque "se han definido claramente las metas a cumplir y se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación", dejando las tareas exclusivamente a cargo de Acumar. 

El Máximo Tribunal ordenó en aquel fallo de 2008 la conformación de un cuerpo colegiado integrado por organizaciones de la sociedad civil para controlar el plan de saneamiento. Cuatro de ellos ya se manifestaron en contra de la resolución de la actual corte y ahora presentaron un recurso de revocatoria in extremis para pedir la revisión del fallo. Se trata de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. 

En el texto del recurso, compuesto de 29 páginas, las organizaciones advirtieron en primer lugar que la decisión del tribunal "provocará un retroceso monumental respecto de los avances logrados hasta la fecha en materia de recomposición ambiental de la cuenca Matanza - Riachuelo". Calificaron al fallo como una "salida fácil e indiferente" frente a los objetivos trazados desde la decisión de 2008 que, aseguran, "permanecen mayoritariamente incumplidos".

El diagnóstico

Hicieron especial hincapié en las "demoras en la ejecución de obras" que todavía no fueron cumplidas, como la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Centro Industrial Curtidor y el Sistema Riachuelo, la expansión de redes de agua y cloaca y de la infraestructura destinada a la solución de los problemas habitacionales de los vecinos y vecinas de los barrios ribereños tanto de Ciudad como de Provincia. Según advirtieron, el censo original de los barrios en 2010 arrojaba que había 17.700 hogares con problemas. De ese total, Acumar informó en la última presentación en el marco de la causa que se habían "acercado soluciones a aproximadamente un 40 por ciento de los problemas", según indican las organizaciones en la presentación. 

Todo esto había sido incorporado por el cuerpo colegiado a la última presentación que pudieron hacer en el marco de la causa, que data de junio de este año, antes del fallo de la corte. Allí señalaban que los últimos informes presentados por Acumar daban cuenta del "bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008". En el último informe, sostienen, "no se informa sobre alguna mejora de la calidad de vida de los habitantes, ni acerca de la prevención de daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción, ni se refiere a la recomposición de las aguas, el aire y los suelos". 

También hicieron hincapié en el contexto en el que se produce la decisión de la Corte, con un ajuste que incluso llegó a Acumar con alrededor de cincuenta despidos. Las organizaciones subrayaron que la sentencia de la corte estipula que, a partir de ahora, Acumar rinda cuentas ante el Congreso sobre sus trabajos, "pero en el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena". "Sólo la Corte Suprema podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso", alertaron. 

Además de reclamar que revoque su decisión, el recurso presentado pide a la Corte que convoque a una audiencia pública con participación de la población de la cuenca para discutir la cuestión. De no tener éxito con el recurso de revocatoria, ya advirtieron que buscarán ir a tribunales internacionales. En el propio recurso se  pide que se reserve el caso para "acudir ante organismos internacionales de derechos humanos competentes por la responsabilidad internacional del Estado". Aseguran que la decisión de la corte viola los derechos al ambiente sano, a la salud, a la integridad personal, a la vida digna, al acceso a la información, a la participación política, a las garantías judiciales y la protección judicial, además de los derechos de la niñez.