La policía brasileña detuvo este martes a cuatro altos militares, entre ellos un excolaborador del expresidente Jair Bolsonaro, y un policía que planeaban asesinar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y orquestar un golpe de estado para evitar que asumiera el cargo luego de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de octubre de 2022.
"Para ejecutar al presidente Lula, la investigación describe, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital, la posibilidad de utilizar veneno o productos químicos para provocar un colapso orgánico", indicó la Policía en un comunicado.
El plan golpista
La denominada operación "Puñal Verde y Amarillo", pautada para ser llevada a cabo el 15 de diciembre de 2022, también tenía como objetivo matar al compañero de fórmula de Lula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para restringir el libre ejercicio del Poder Judicial, precisaron las autoridades policiales. Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra el actual mandatario.
Entre las diferentes propuestas planteadas en un inicio, informó la Policía, figuraba envenenar a De Moraes o asesinarlo en un atentado con explosivo, pero se optó por detenerlo para luego acabar con su vida ya que los organizadores consideraban que los riesgos colaterales eran más bajos.
La Policía sostiene que los detenidos consideraban acabar con la vida también de los miembros del equipo de seguridad e incluso perder la suya propia para llevar a cabo la misión. "En otras palabras, claramente para los investigados, la muerte no sólo del magistrado, sino también de todo el equipo de seguridad e incluso de los militares involucrados en la acción era admisible para cumplir la misión de 'neutralizar' el llamado 'centro de gravedad', lo que sería un obstáculo para la consumación del golpe de Estado", detalló la policía.
La investigación determinó que el proyecto habría sido discutido 13 días después de la victoria de Lula en el balotaje, el 12 de noviembre de 2022, en la casa del general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y exjefe de gabinete de Bolsonaro, y más tarde su candidato a vicepresidente, según el expediente policial. Además, el documento con los detalles de la operación fue impreso en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña, mientras Bolsonaro se encontraba allí, según los investigadores.
Los militares tenían un grupo de mensajería llamado "Copa 2022" dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombres de países para proteger sus verdaderas identidades. En ese chat privado se armó un estimativo de gastos que rondaba los 100.000 reales (aproximadamente 17.300 dólares) para posiblemente realizar las acciones ilícitas planificadas.
Los recientes detenidos son el general de brigada de reserva Mário Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares. Los cuatro militares formaban parte de los "kids pretos", un grupo de élite del Ejército encargado de operaciones de guerrilla y contrainsurgencia.
El plan criminal incluía la instalación de una "oficina de gestión de crisis institucional", que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados y funcionarios del gobierno bolsonarista, como Braga Netto y el general Augusto Heleno, quien fue ministro Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, precisó el medio brasileño G1.
La planificación a su vez detallaba los recursos humanos y militares necesarios para realizar el crimen, según la policía brasileña. "Las investigaciones muestran que la organización criminal utilizó un alto nivel de conocimientos técnicos y militares para planificar, coordinar y llevar a cabo acciones ilícitas en noviembre y diciembre de 2022", destacaron las autoridades.
"Atentando contra la democracia y la vida"
Tras la difusión de la información policial, el secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, afirmó este martes que no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el estado democrático de derecho. "Agentes de Estado que actúan contra la democracia es cosa de delincuentes", sentenció el funcionario, en una conversación con periodistas en el marco de la Cumbre del G20 realizada en territorio brasileño.
Por su parte, el ministro de Comunicación del Gobierno brasileño, Paulo Pimenta, indicó a la prensa que el intento de magninicio se trata de una acción concreta que no sucedió sólo por una cuestión de detalle. "(La operación ilícita desmantelada) brinda nuevos elementos extremadamente graves sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de Bolsonaro en el golpe", enfatizó.
La diputada y presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, repudió los intentos de asesinato. "Hoy fueron arrestados cuatro militares y un policía que planearon asesinar a Lula, Alckmin y Moraes en la trama golpista. ¡Un caso extremadamente grave!", expresó en una publicación en la red social X. "Hubo reuniones conspirativas, descrédito de las urnas, desvío de dinero para organizar el viaje de caravanas bolsonaristas a los campamentos frente a los cuarteles... Recuerden que los cinco son servidores públicos, con el conocimiento técnico-militar que adquirieron a través del Estado, atentando contra la democracia y la vida. Ese fue el tamaño de nuestra victoria en 2022. ¡Sin amnistía!", remarcó.
El operativo policial
La "Operación Contragolpe", lanzada por la Policía este martes, forma parte de la investigación sobre los ataques a las instituciones ocurridos el 8 de enero de 2023. Las acciones se llevaron a cabo en los estados de Río de Janeiro, Goiás y Amazonas, así como en el Distrito Federal, con el apoyo del Ejército brasileño. La operación incluyó órdenes de prisión preventiva, allanamientos e incautaciones, además de medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país. Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.
Las detenciones se llevaron a cabo gracias, en parte, al contenido de los mensajes que intercambiaron algunos militares con quien fuera mano derecha de Bolsonaro, el general Mauro Cid, quien pasó varios meses en prisión por su implicación en una supuesta trama para falsificar datos de vacunación contra la COVID-19. Si bien la Policía investigaba la presunta falsificación de los carnets de vacunación de Bolsonaro y su familia para poder salir del país, durante el proceso encontraron en el teléfono de Cid pruebas de supuestos intentos por mantener al expresidente en el poder a pesar del resultado de las elecciones en las que perdió.
Las detenciones tuvieron lugar casi una semana después de un ataque fallido contra el STF en Brasilia. Un hombre, identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, murió frente al edificio tras arrojar explosivos artesanales que no provocaron otras víctimas. Wanderley Luiz había sido excandidato a concejal por el Partido Liberal de Bolsonaro en las municipales de 2020. La policía investiga posibles conexiones del atacante con los eventos del 8 de enero de 2023. El hombre había estado en esa fecha en Brasilia, y se indaga si participó en la asonada.
