El Archivo Provincial de la Memoria es el guardián de invaluables documentos relacionados a la última dictadura cívico militar, un sitio que tiene rango de Dirección en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que desde la Legislatura buscan jerarquizar para evitar cualquier tipo de interferencia a futuro.
Es una propuesta de la senadora de Unión por la Patria, Ayelén Durán, que ya tuvo avance en la comisión de Presupuesto e Impuestos. Así, de avanzar en la de Legislación General, donde el oficialismo tiene mayoría, quedará listo para ser tratado en el recinto.
En sus justificaciones, la senadora oriunda de Bahía Blanca, valoró que el Archivo “funciona como soporte y resguardo del acervo documental que se encuentra bajo su poder y custodia, en tanto podría constituir como elemento probatorio para los procesos judiciales respecto de las responsabilidades del accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico militar”.
Como el Archivo se creó por Decreto del gobernador Axel Kicillof en 2020, la intención de la iniciativa es asegurar su continuidad vía ley, dado que ningún cambio de gobierno pueda cercenar su funcionamiento.
“Considero que la creación efectiva del Archivo Provincial de la Memoria es una herramienta fundamental para que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho de conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas y las violaciones de derechos humanos”, subrayó Durán.
Por eso, se puso en destacado como “un acto de reparación” y de “profundo impacto simbólico”, que el sitio quede emplazado en 55 entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata, donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en los años de la represión.
El proyecto de ley contempla que el organismo siga funcionando dentro de la cartera de Justicia, con los objetivos de “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado provincial”.
Asimismo, que tenga responsabilidades “sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones, como así también difundir, visibilizar e investigar sobre lo ocurrido”.
