"Vamos a discutir en asamblea los pasos a seguir, en caso de que el proyecto del oficialismo sea aprobado en el Senado", anticipó a Salta /12 Daniel Escotorín, miembro de la Junta Interna de delegados gremiales de ATE en la Dirección General de Rentas de la provincia. Si la iniciativa del oficialismo que pone un tope al fondo estímulo se aprueba mañana en la Cámara Alta provincial, ATE y UPCN prometen continuar esta batalla en la justicia salteña.

Escotorín se explayó sobre la media sanción que otorgó ayer por mayoría la Cámara de Diputados de Salta al proyecto del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción que modifica los porcentajes provenientes del cobro de impuestos y tasas provinciales que se destinan a un fondo estímulo que cobran en concepto de premio a su productividad empleadas y empleados de Rentas. 

Como el ítem integra sus salarios desde 1956, la decisión del Ejecutivo salteño de colocar un tope a ese ítem por productividad, es interpretada por los trabajadores como "un retroceso sobre derechos adquiridos". 

"El proyecto del oficialismo no apunta solamente contra los trabajadores de Rentas. Tiene que ver con una política integral de destrucción de los derechos de los trabajadores", continuó el delegado gremial. "Fue una decisión del gobierno provincial que se alineó al gobierno nacional", aseveró. 

El conflicto entre el gobierno y los empleados organismo escaló este año. La mecha explotó con la prórroga de la Ley de Emergencia Económica en diciembre de 2023. Por  la llegada al gobierno nacional de Javier Milei con su meta de fiscal de déficit cero y el DNU 70/23, la provincia de Salta decidió -por medio del artículo 19 de la ley 8417- excluir de los salarios cualquier variable relacionada con "retribuciones distintas a las del cargo, categoría o norma" que establecieran "la automática aplicación de mejores beneficios".

La medida colocó así un tope específico a ese ítem por productividad que cobraron las y los trabajadores del organismo recaudador por décadas y a partir de un Fondo Estímulo que reglamentó el artículo 380 del Código Fiscal salteño. Si bien ese Código data de 1956, la reglamentación se aprobó recién en marzo de 1975, durante el gobierno constitucional del desaparecido Miguel Ragone. El decreto ley 9/75 tuvo numerosas modificaciones desde entonces, aunque el apartado referido a la composición de la cuenta Dirección General de Rentas - Fondo de Estímulo no registró cambios hasta 2013, en la gestión provincial de Juan Manuel Urtubey. 

En la sesión de ayer, la diputada Laura Cartuccia, del bloque oficialista e informante de la iniciativa, explicó que el artículo 380 del Código Fiscal reglamentó en su momento que ese Fondo de Estímulo, destinado al premio por productividad, estuviese compuesto por un "5 por mil del importe total de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones". Agregó que "el premio no podía exceder el 50 por ciento del total del sueldo". 

También se explayó sobre las modificaciones de 2013, cuando la composición del Fondo "pasó del 5 por mil al 10 por mil y se agregó un 25 por mil al total anual recaudado. A lo largo de los años el Fondo no mantuvo relación con la proporcionalidad", prosiguió. Aseveró que actualmente "los montos que cobran los empleados de Rentas no tienen que ver con las remuneraciones mensuales de los trabajadores de salud, los docentes, y mucho menos con la policía. Cobran más que un juez, más que un ministro, más que un docente en zona desfavorable".

Mesa de diálogo

En la deliberación, Roque Cornejo (Ahora Patria), Sofía Sierra (PRO), Isabel De Vita (Todos), Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro), Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular), Adrián Valenzuela y Ramona Riquelme (ambos del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) manifestaron sus diferencias con la propuesta y solicitaron que la iniciativa regresara a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para mantener en ese espacio una mesa de diálogo compuesta por legisladores, funcionarios del Ejecutivo provincial, y trabajadores del organismo recaudador. 

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Patricia Hucena, del oficialismo, defendió la iniciativa. "Ningún empleado de la administración pública hoy está cobrando más de 5 millones de pesos", afirmó la legisladora del departamento Orán. "Ninguna provincia del país tiene cuatriplicados sus sueldos por un fondo estímulo. Analicen la legislación de todas las provincias", exhortó a sus pares. 

Para Escotorín, discutir cuánto ganan los casi 400 empleados de la Dirección de Rentas desvió el foco de lo importante. "Los diputados de la oposición fueron muy claros: este proyecto fue inconsulto, necesitaba un acuerdo con los trabajadores en una mesa de diálogo". El delegado gremial lamentó que el gobierno provincial cerrara la mesa de negociación en agosto pasado. También, que la Comisión de Hacienda y Presupuesto los citara ayer para tratar la inciativa del oficialismo de una forma que calificó como "rápída y apresurada".

"No es que nosotros cobramos mucho, sino que el resto de los trabajadores de la administración pública provincial cobran poco", argumentó. "No somos los responsables de los grandes males de la provincia. La modificación del artículo 380 en el año 2012 (publicado en 2013) no fue producto de una imposición nuestra, sino de un acuerdo con el gobierno de ese momento", repasó Escotorín. "Esto va a traer una serie de presentaciones judiciales por razones gremiales y jurídicas, porque hay deficiencias y grandes agujeros negros en el proyecto", lamentó.