El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de manera interina, desarchivó la investigación relacionada con la denuncia que cuestiona la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta, a la cual a fines en la década de 1990 se le concesionaron más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal (de patrimonio provincial).

Según la información brindada ayer por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, la investigación se retrotraerá a la década del 90, cuando el gobierno a cargo del ahora senador nacional Juan Carlos Romero adjudicó la concesión a la empresa Eco Desarrollo, integrada por la firma Cervera y la familia Olmedo, del legislador libertario en el Parlasur Alfredo Olmedo. Cervera luego vendió las tierras a Cresud, de Sergio Elsztain, y más tarde, la familia Olmedo hizo lo propio al ceder su parte a la empresa Anta del Plata.

La fiscalia informó que la decisión de reactivar la investigación "se toma debido a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto”.

Un acuerdo para archivar

En abril de 2019, la UDEC había dispuesto el archivo de estas actuaciones. La decisión fue ratificada en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación, que enmarcó el planteo en un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta SA, con motivo de juicios ventilados en el ámbito contencioso administrativo. 

Esas actuaciones se iniciaron por un denunciante al que el Ministerio Público Fiscal solo identifica por las iniciales C.D.P. En principio, se trataría del ex diputado provincial del Partido Obrero, Claudio del Plá, quien en aquel momento realizó varias denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de las tierras estatales. Pero esas denuncias fueron desestimadas por la administración de justicia. 

El MPF aseguró que tras la aparición de “nuevos datos surgidos en diversos medios de comunicación”, el fiscal dispuso la reapertura de aquella investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, e incluir “aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal”. Entre esos puntos, señaló la "concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral”, en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.

De hecho, entre las denuncias realizadas antes de que se imponga un canon por el uso de las tierras fiscales, se señalaba que la empresa Eco Desarrollo nunca había pagado los 30 mil dólares anuales que se habían dispuesto por contrato al iniciar la explotación.

El fiscal Escalante afirmó que “el caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990”. Añadió que “la investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos, incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión”.

Afirmó que “existe una íntima vinculación" de los nuevos datos con la denuncia realizada antes en las que "se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa pública, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesariedad de reabrir la investigación”. 

Escalante señaló que en aquel momento la fiscalía a cargo “se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo”. Pero entendió que es necesario incorporar “indicios más vastos" que "exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo”.

En este punto entendió que tampoco “debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales”, sostuvo el fiscal. 

Ante las posibles críticas por la utilización política de la reapertura de la investigación, Escalante destacó que su determinación “no responde a una decisión caprichosa" sino que conocer "aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”. Aunque la decisión se conoció ayer, el decreto de reapertura tiene fecha del 23 de octubre.

El fiscal reafirmó que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia, buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial.