Respondiendo a la premura que imprimió el gobernador Gustavo Sáenz el lunes último, la Legislatura de Salta aprobó ayer la intervención del ejecutivo municipal de Rivadavia Banda Norte (Estación Morillo o Coronel Juan Solá), con lo que puso fin al mandato del intendente Atta Miguel Gerala, involucrado en un millonario saqueo y contrabando de rieles del ferrocarril Belgrano. 

El ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, confirmó anoche que el interventor será Marcelo Córdova, actual secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas, hombre de confianza del gobernador. El ministro también confirmó que la ley aprobada ayer será promulgada hoy por el gobernador y Córdova será designado formalmente también hoy mismo. Luego se confirmará el día y hora en que se hará cargo de su nueva función. 

El Senado provincial realizó ayer una sesión especial para permitir que el proyecto de ley de intervención enviado por el Ejecutivo provincial se aprobara de inmediato. De esta manera un rato después pudo ser tratado sobre tablas en la sesión habitual de los martes de la Cámara de Diputados de Salta. En ambas cámaras la intervención fue votada por unanimidad. 

El artículo segundo de esa ley establece: "El intendente en ejercicio cesará en su cargo a partir de la promulgación de la presente ley", es decir, a partir de hoy. 

Ya dada vuelta la página de Atta Gerala (al menos por el momento), el gobierno provincial se ocupa en el nuevo interventor: "Buscábamos una persona que conozca la realidad que se vive en el norte de nuestra provincia", explicó el ministro de Gobierno sobre la elección de Córdova para esta función. Desde que fue designado en la Delegación de Asuntos Indígenas, en octubre de 2021, Córdova viene recorriendo la provincia, particularmente el extenso norte salteño, que concentra la mayor cantidad de habitantes ancestrales. 

Esa experiencia le sirve ahora para la misión que le encarga el gobierno provincial. El ministro de Gobierno contó que se tuvieron en cuenta otras características del ex secretario de Deportes: que tiene contacto con todos los ministros, una condición importante para la situación compleja que se prevé para esta zona en la época estival, y no es de Rivadavia Banda Norte.

La intervención en el Ejecutivo de Morillo será hasta el 10 de diciembre de 2025. La ley aprobada ayer faculta al gobernador a convocar a elecciones para elegir al nuevo jefe o jefa comunal, que debe asumir sus funciones en esa fecha. Sin embargo, el ministro Villada precisó que esta elección no se hará con las provinciales convocadas para el próximo 4 de mayo, porque ya no se puede cumplir con los plazos previstos por la ley. 

El ministro indicó que esta elección se podría hacer con otros comicios previstos para este año próximo, cuando también se harán las legislativas nacionales. 

Cuatro municipios intervenidos 

De las dos cámaras, las exposiciones más interesantes sobre la intervención se dieron en Diputados, donde hubo llamados a analizar, y componer, ciertas conductas de la dirigencia política. 

Las inició el diputado Germán Rallé (jefe del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción). Destacó las dos intervenciones recientes, en septiembre fue intervenido el municipio de Aguas Blancas. 

"Para los hombres y mujeres que estamos en la política no es una situación muy cómoda ni agradable". "Estamos coartando un mandato constitucional que da la ciudadanía",  pero "cuando recurrimos a esta medida extrema" es para normalizar una situación de gravedad institucional", dijo Rallé. Sostuvo que estas situaciones dan cuenta de la "desacreditación" de la clase política. "Tenemos que tomar conciencia que nuestros actos repercuten, que golpean muy duro a los pilares fundamentales que tiene cualquier sistema político y más en democracia", la transparencia, la probidad en el desempeño de la función, afirmó antes de pedir: "Tomemos conciencia de no seguir dañando el sistema político" y "democrático". 

En la gestión de Sáenz, fueron intervenidos cuatro municipios. La lista comenzó con Aguaray, en 2020 fue intervenido Jorge Prado, acusado por el robo de caños del Gasoducto NEA. En 2021 fue intervenido el ex intendente Rubén Méndez, investigado por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Ahora se sumaron Aguas Blancas y Morillo. 

La intervención "es el último recurso al que debemos apelar" porque "el pueblo soberano designa a sus representantes", sostuvo ayer la diputada Socorro Villamayor (del oficialista Salta Tiene Futuro), quien criticó "este libertinaje que hay, esta soltura que existe por algunos que ejercen el poder donde creen que todo vale". Ya es hora de que "esos malos hábitos se corrijan", que sepan "que hay determinadas inconductas que y a no son permitidas", aseguró antes de aprovechar la oportunidad para culpar al "gobierno K". La legisladora consideró "mucho" que en cuatro años haya cuatro intervenciones, "habla de que realmente existe una crisis moral", sostuvo. 

El actual interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, fue también interventor en Aguaray y en Salvador Mazza. 

"Estamos frente a una crisis que no la podemos ignorar. Las serias denuncias por contrabando contra el intendente son inaceptables" y obligan a actuar, aseguró por su parte la diputada Laura Cartuccia (JGSC), quien reprochó que las conductas de Gerala "no solo son irregulares sino que también socavan la confianza". 

El conservador Guillermo Durand Cornejo recordó que Atta Gerala fue denunciado por peculado en 2016. Esa causa fue elevada a juicio pero la justicia provincial está esperando su prescripción, afirmó. "Tan grave como el delito en sí de este individuo es lo que está ocurriendo con la justicia provincial, esperando ese juicio que nunca llega", recriminó. 

José Gauffín (PRO) recordó que Gerala fue candidato del frente del gobernador antes de interpretar que es necesario analizar la responsabilidad de los partidos políticos. "Un intendente que estaba siendo juzgado fue aceptado en la lista y fue electo nuevamente", sostuvo. También criticó que las intervenciones se decidan por iniciativa del gobierno provincial, y reseñó que en los casos en que los Concejos Deliberantes avanzan con el procedimiento previsto para la destitución de intendentes, se judicializan y terminan en nada. 

Griselda Galleguillos (Ahora Patria) dijo que en su municipio, Rosario de Lerma, el intendente Sergio Omar "Topo" Ramos "fue procesdo, condenado, estuvo en la cárcel por actos de corrupción" y fue electo nuevamente. 

Por la mañana, en la sesión del Senado, Miguel Calabró (La Caldera), reclamó que se discuta la ley de coparticipación en la provincia para asegurar una distribución más equitativa de los recursos. Rivadavia debería tener un índice de participación distinto, teniendo en cuenta sus particularidades, aseguró.