Cada conmemoración del Día de la Soberanía Nacional nos permite reflexionar nuevamente sobre la gesta de la Vuelta de Obligado. Acaecida en 1845 en los alrededores de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires, se trató de una de las acciones de defensa de la integridad territorial más importantes de nuestra historia. Allí, fuerzas anglo-francesas habían confluido en una ofensiva naval con el propósito de obtener la “libre navegación” del río Paraná e imponer sus intereses comerciales.

La orden de detener la invasión fue impartida por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y responsable de las relaciones exteriores, Juan Manuel de Rosas. La resistencia ofrecida resultó un punto de inflexión histórico equiparable al de la Independencia, tal como lo señaló oportunamente el General San Martín, advirtiendo que “los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.

Aquí y ahora, ante un presidente que transita su investidura sin conciencia de Nación ni preocupación alguna por salvaguardar los principios y objetivos permanentes de la Argentina en el escenario internacional, esta conmemoración representa mucho más que una evocación histórica: debe ser el punto de partida para construir un nuevo programa político que retome la defensa del interés nacional fundado en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

La articulación de un consenso programático en torno a la soberanía es tan necesaria como urgente a la luz de un hecho incontrastable: Milei está llevando a cabo su proclamada “destrucción del Estado desde adentro” en un mundo que va completamente en sentido contrario. Ningún país del globo impulsa actualmente planes de congelamiento de obras de infraestructura o un desguace de sus sistemas científico-tecnológicos. Ningún gobierno baraja opciones para privatizar activos estatales vinculados a la producción de energía, el uso de vías navegables, o el desarrollo espacial y satelital. Contrariamente, una amplia mayoría de países, especialmente aquellos que forman parte del G20 -agrupamiento que integra la Argentina con las principales economías del mundo- avanzan en programas de política industrial, tecnológica y comercial con miras a potenciar sus entramados productivos, cuidar el trabajo nacional y reducir el grado de dependencia en insumos y bienes estratégicos.

Son tiempos en que la política y la economía internacional se leen más que nunca en clave geoestratégica, toda vez que la propia globalización neoliberal atraviesa una profunda crisis, en un mundo marcado por una transición hegemónica que redunda en un alto grado de incertidumbre y crecientes amenazas. En este contexto, cada país busca preservar lo propio mientras se exploran opciones que permitan redefinir una nueva arquitectura multilateral necesaria para la resolución de los desafíos comunes a escala global. A contramano de cualquier lectura sensata de este escenario, Milei se encarga día a día de despojar a la Argentina de recursos críticos y renuncia a los márgenes de acción todavía disponibles para hacer frente a esos retos.

En rigor, pocas veces un espacio político hizo tan explícito un plan de gobierno que busca asfixiar financieramente a las provincias y transferir a un puñado de actores globales aspectos claves del desarrollo, como la potestad de definir la conectividad del territorio, el abastecimiento de insumos estratégicos y hasta la cuestión nuclear. A ello se suma la decisión explícita de subordinar las decisiones acerca de la política exterior nacional a los dictados de potencias extranjeras, amenazando a quien no se allane a ello con persecuciones y purgas. En suma, diversas conquistas que fueron producto de luchas de varias generaciones son entregadas por Milei a tiro de decreto y otros actos administrativos. Tamaño nivel de enajenación traslada a la Argentina a debates más propios del siglo XIX que del siglo XXI.

A tono con esa visión, en todos los foros regionales y multilaterales el gobierno nacional rechaza a viva voz (y en patética soledad) la consagración universal de los derechos de las mujeres, las diversidades, las infancias, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, o la preocupación global por la cuestión climática, entre otras materias. El presidente y su equipo parecen creer exclusivamente en la inalienabilidad de los derechos de acreedores e inversores especulativos. ¿Será por ello que han montado un Estado minuciosamente dedicado a transferirles a cada uno de sus mandantes hasta el último centavo sustraído a las partidas de educación, salud, nutrición, previsión, desarrollo social, transporte e infraestructura de la República Argentina? Aquí no hay nada nuevo ni peculiar. La financiarización y transferencia de recursos de las mayorías a una minoría influyente tiene diversos antecedentes en la Argentina, al igual que la persecución a las y los líderes populares que enfrentaron y enfrentan sin dobleces el entreguismo.

En la Provincia Buenos Aires ninguna extorsión, chantaje o amenaza conducirá a un cambio de rumbo. Estamos convencidos de que la unidad nacional, el espíritu federal y el desarrollo productivo son la clave para contrarrestar la senda de disolución que impulsa el Gobierno nacional. En ese sentido, reafirmamos que el conocimiento básico y aplicado que generan nuestras universidades públicas y centros de investigación son una condición indispensable para impulsar un modelo productivo soberano e inclusivo. Es por eso que, con miras a promover la soberanía científico-tecnológica, seguimos invirtiendo en el sector y destinando nuevos recursos ante la deserción del Estado nacional.

La apuesta por el fortalecimiento de la infraestructura provincial y la inversión en el sector energético y el sistema portuario son otro eje fundamental de nuestro gobierno. No solo para mejorar la competitividad de los bienes y servicios agropecuarios e industriales bonaerenses y así reforzar la soberanía productiva, sino para dar respuesta a la deuda en términos de integración y conectividad que tiene la provincia, principal motor productivo de la Argentina.

Al mismo tiempo, con una mirada que busca fortalecer la soberanía comercial, fiscal y marítima del país, reclamamos la cesión de jurisdicción del Canal Magdalena. El abandono del proyecto por parte del gobierno nacional nos impide contar con una conexión directa entre el río Paraná y la salida al Mar Argentino. Actualmente, el único acceso a toda la cuenta del Plata es el Canal Punta Indio, un canal artificial y angosto que obliga a buques que ingresan y egresan de los puertos argentinos a utilizar los servicios del puerto de Montevideo. El Canal Magdalena, en cambio, es una vía natural que habilita la doble circulación de barcos y que permitirá contar con un paso soberano para nuestro comercio exterior, propiciando a su vez una mayor conectividad marítima con los puertos del centro y el sur de nuestro Mar Argentino.

Por otra parte, seguimos reclamando la preservación del Mar Argentino que, con sus 5.000 km. de costas y alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de extensión, también es un aspecto esencial de la soberanía. Su cuidado implica resguardar nuestras riquezas naturales estratégicas, garantizar un puente geográfico elemental con el resto de América, el Asia Pacífico y el centro y sur de África, y robustecer nuestra presencia en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, cuya ilegítima ocupación por parte del Reino Unido representa una violación constante de la soberanía argentina y una interrupción de nuestra continuidad jurisdiccional como país.

En síntesis, ni con la subordinación a otras potencias ni con la destrucción de activos y capacidades estratégicas será posible construir un país para todos y todas. Por eso, ante un presente de entrega de nuestros recursos y subordinación ante potencias y capitales extranjeros, los bonaerenses y las bonaerenses defenderemos una vez más nuestro derecho a vivir en una Patria justa, libre y soberana.

(*) Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

(**) Subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la Provincia de Buenos Aires