El juez federal Marcelo Bailaque escuchará hoy la exposición de tres fiscales de su mismo fuero, que expondrán tres situaciones por las que intentan que sea procesado: los fiscales Federico Reynares Solari, del Ministerio Público, y Juan Argibay Molina, de la Procelac; y Matías Scilabra de la Procunar sostendrán que existió un manejo irregular en tres legajos bajo su cargo.El manejo de millonarios fondos de la Cooperativa de Herme "Vino caliente" Juárez, su relación con el contador del narco Alvarado, y la flamígera pesquisa contra un gerente de un aseguradora, que luego quedó en la nada, son los tres titulos judiciales, 

Una de las investigaciones contra el juez la impulsa el fiscal Federico Reynares Solari del Ministerio Público Fiscal de Rosario por el manejo de fondos que determinó Bailaque sobre el dinero de la intervenida cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, que había sido conducida históricamente por el sindicalista Herme Juárez, conocido por su apodo “Vino Caliente”, quien había sido detenido en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

El juez de Campana, por un conflicto de competencia, ordenó el bloqueo de los mil millones de pesos de la cooperativa y la resolución sobre qué tenía que pasar con el dinero recayó en el escritorio de Bailaque. Bajo el fundamento de que daba mejor interés, direccionó la plata a una mutual que es del empresario Fernando Whpei en lugar de depositarla en el Banco Nación o Macro, que eran las otras opciones.

El fiscal Reynares expondrá hoy que la conducta del juez encaja en las figuras de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. La estrecha cercanía del magistrado, que dispuso el destino de los fondos, y de Fernando Whpei, que los recibió, está claramente expuesta también en otras referencias cauteladas por los investigadores.

Lo resuelto por el magistrado fue recusado por un grupo de estibadores, quienes apuntaron que era irregular la medida porque la mutual no era una entidad regulada por el Banco Central, y porque sabían que Whpei tenía una amistad con el juez. La presentación judicial fue revisada en la Cámara de Apelaciones, a través de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Barbará, donde se ordenó girar la plata a un plazo fijo del Banco Nación. No obstante, la situación quedó expuesta como una posible maniobra de Bailaque para beneficiar al empresario. 

La segunda causa es la relación que existe entre el juez y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado una relación a través del contador Gabriel Mizzau, y su hijo, quien directamente trabajó para Bailaque como secretario, siendo Mizzau padre quien firmaba los balances contables de las empresas de Alvarado, por las que fue condenado por lavado de activos.

Cabe recordar que en el juicio provincial contra Alvarado los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron al tribunal santafesino que gire las actuaciones de ese juez federal ante el Consejo de la Magistratura al considerar que había demorado medidas contra el capo narco. Lo cierto es que cuando, en 2013, tuvo en su escritorio pedidos de intervenciones telefónicas contra “El Esteban” o solicitudes de allanamientos por manejo de droga en Rosario, rechazó las solicitudes, según afirmó el propio ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario Emilio Maximiliano Lencina. De hecho, por esa situación tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura, donde se evalúa su desempeño por entonces.

La tercer causa contra Bailaque la lleva Juan Argibay, de Procelac y es la que motivó los allanamientos la semana pasada contra su despacho y el del ex jefe de las delegaciones de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna. Junto a otros funcionarios, ambos están bajo sospecha de haber intervenido sobre casos de contribuyentes en infracción penal económica, para obtener favorecimiento en el manejo de los trámites penales. Desde la Procelac se comenzó a investigar una serie de presentaciones judiciales que elevó Claudio Iglesias, quien fue trabajador de San Cristóbal, estaba por asumir como presidente de la aseguradora y terminó siendo afectado por allanamientos que se hicieron en 2019 tras una denuncia anónima en la que lo sindicaban por evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.

A diferencia de otras causas en las que intervino, en esa denuncia anónima Bailaque no delegó la instrucción, ordenó los procedimientos y pocos meses después le dictó falta de mérito al denunciado. Sin embargo, el solo hecho de haber sido objeto de los operativos le valió a Iglesias no asumir nunca como presidente de San Cristóbal. En este expediente están llamados a comparecer Pablo Andrés Allegri (AFIP), Fernando Duncan Amante (AFIP), el contador Omar Albano Rizzo, Luciano Martín Giunta, Román Darío Scattolon (Dirección de Hidrovía) y el secretario del tribunal de Bailaque, Gustavo Guazzaroni.

El juez de garantías a cargo de la audiencia será Eduardo Rodríguez Da Cruz. Se trata de una audiencia llamada multipropósito donde se dan a conocer los hechos bajo investigación sin que constituya todavía una imputación directa a fin de que puedan ser considerados por las defensas. Al magistrado lo representarán los penalistas rosarinos Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo. También estarán presentes con sus defensores los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, y el alto directivo de la ex AFIP Carlos Vaudagna.